a través de la empresa de eventos waiter music

La última 'bomba' de Púnica: el juez guarda un informe sobre financiación ilegal del PP

El juez Eloy Velasco deja fuera de los tomos entregados esta semana a las partes un informe de la UCO del pasado agosto que acusa a Génova de recibir donaciones de constructoras

Foto: El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, instructor de Púnica. (EFE)
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, instructor de Púnica. (EFE)

El juez Eloy Velasco acordó entregar este miércoles a las partes personadas en Púnica 27 nuevos tomos del sumario, pero mantiene en su poder el documento más valioso. El pasado agosto, los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encargados de las pesquisas entregaron al magistrado un informe sobre las presuntas irregularidades cometidas en torno a una de las empresas de la trama, Waiter Music, especializada en la organización de fiestas y eventos. Pero las conclusiones a las que han llegado los agentes van más allá de esa compañía y afectan directamente al Partido Popular.

Como ya informó El Confidencial, los investigadores han logrado acreditar en ese informe que el PP de Madrid habría financiado presuntamente actos de partido con donaciones ilegales de grandes constructoras que tendrían en común el haber sido beneficiarias de adjudicaciones públicas concedidas por administraciones madrileñas controladas por la formación. Se esperaba que el documento fuera trasladado a las partes dentro de los 27 tomos facilitados esta semana, que abarcan diligencias realizadas entre el 19 de mayo de este año y el pasado 10 de octubre. Pero el informe sobre Waiter Music, enviado a la Audiencia Nacional el pasado 25 de agosto, sigue por ahora oculto.

Sede del PP en Madrid. (EFE)
Sede del PP en Madrid. (EFE)

El inicio de los trabajos para confeccionarlo se remonta meses atrás. El pasado 7 de abril, agentes de la UCO tomaron declaración en la Comandancia de Murcia a un proveedor de Waiter Music que reconoció haber facturado 15.138 euros en 2010 al Ayuntamiento de Valdemoro por indicación del administrador y propietario de la empresa de eventos, José Luis Huerta, uno de los 51 detenidos e imputados en la primera fase del caso. El consistorio madrileño abonó el importe de la factura. Sin embargo, el proveedor admitió que los trabajos nunca llegaron a realizarse. Los agentes también constataron la existencia de otras irregularidades contables en facturas emitidas a administraciones públicas por indicación del propietario de Waiter Music a través de ese mismo proveedor.

La expectación que ha despertado el informe sobre la empresa de eventos está justificada. La UCO mantiene que logró adjudicaciones en decenas de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid gracias a la mediación del presunto cerebro de la trama, Francisco Granados, exconsejero autonómico de Presidencia y exsecretario general del PP regional. Los importes de los contratos se inflaban para ocultar una salida de fondos públicos que luego se repartían los alcaldes. Como contraprestación, Waiter Music habría agasajado a Granados con una fiesta privada por todo lo alto con motivo de su 44 cumpleaños.

La UCO mantiene que Waiter Music logró adjudicaciones en decenas de ayuntamientos de Madrid gracias a la mediación de Granados

El foco se centra en los contratos que consiguió la firma de eventos entre 2004 y 2013 en Valdemoro, Arroyomolinos, Moraleja de Enmedio, Alcorcón, Torrejón de Velasco y el Patronato Madrileño de Áreas de Montaña, un ente público desaparecido que también controlaba Granados durante su etapa en los gobiernos de Esperanza Aguirre. Solo en Valdemoro, la empresa de Huerta facturó en ese periodo 8,98 millones de euros.

Pero la UCO también ha descubierto que Waiter Music no solo mantenía una intensa relación comercial con administraciones públicas vinculadas al PP. Entre sus clientes figuraban empresas concesionarias de servicios públicos que no tienen ninguna relación aparente con el negocio de la organización de eventos. Según recogen las declaraciones de Waiter Music a la Agencia Tributaria, incorporadas en el sumario, FCC Construcción le habría pagado 251.557 euros en 2004 y 299.601 euros en 2007; Acciona Infraestructuras SA, 33.292 euros en 2004; Ferrovial Agroman, 33.292 euros en 2004; Dragados Obras y Proyectos, 20.936 euros en 2004 y, la matriz Dragados, 358.208 euros en 2007; OHL, 16.646 euros en 2004; Sacyr, 16.646 euros en 2004 y 89.552 euros en 2007; Urbaser, 9.117 euros en 2007, 59.000 euros en 2010, otros 59.000 euros en 2011, 35.400 euros en 2012 y 36.300 euros en 2013; la UTE FCC-Acciona, 6.844 euros en 2011; y Cespa (Ferrovial), 35.400 euros en 2012 y 36.300 en 2013.

El presunto cabecilla de la trama, Francisco Granados. (EFE)
El presunto cabecilla de la trama, Francisco Granados. (EFE)

El informe que guarda ahora Velasco confirmaría que los 1.397.091 euros abonados en total por estas constructoras a Waiter Music habrían servido para sufragar actos del PP, apuntalando de este modo una nueva acusación contra Génova por financiación ilegal que se suma a las que ya se han acreditado en las operaciones Gürtel y Taula. En plena recta final de las conversaciones para la investidura de Mariano Rajoy, la difusión del contenido del informe amenaza con abrir otra vía de agua en los planes del PP y tensar aún más el debate interno que libra el PSOE sobre su abstención.

No es la única evidencia de financiación ilegal del PP de Madrid que se investiga en Púnica. El juez Velasco instruye en secreto desde febrero diligencias sobre las presuntas donaciones ilegales al PP que supuestamente captó Granados entre 2011 y 2014. El presunto cabecilla de la trama anotó los cobros en una agenda que fue localizada en los registros. Las pesquisas apuntan fundamentalmente a OHL, que habría aportado un total de 1,6 millones de euros a través de Javier López Madrid, consejero de la compañía y consejero delegado del Grupo Villar Mir.

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