hubo un error en la activación del 'roaming'

Un alto cargo de Interior se funde 12.000€ de teléfono en quince días de vacaciones

Instituciones Penitenciarias anuncia la apertura de una información reservada a Enrique Caracuel para dilucidar en qué se ha gastado el dinero tras la llamada de El Confidencial

Foto: Un recluso sale de la cárcel de Albolote, donde unos vertidos contaminantes empujaron a Enrique Caracuel al centro de una investigación. (EFE)
Un recluso sale de la cárcel de Albolote, donde unos vertidos contaminantes empujaron a Enrique Caracuel al centro de una investigación. (EFE)

Una factura de 12.000 euros (IVA incluido). Es el consumo telefónico que hizo Enrique Caracuel González, subdirector general de Servicios Penitenciarios, en apenas 15 días del mes de julio de 2015, durante sus vacaciones. Caracuel realizó ese gasto con la línea corporativa, que paga el Ministerio del Interior, es decir, con dinero público. Un portavoz de Instituciones Penitenciarias señala que tras la llamada que hizo El Confidencial para conocer por qué el coste había sido tan abultado se ha ordenado la apertura de una información reservada (una investigación interna) para dilucidar "por qué a este alto cargo no se le activó el 'roaming' cuando viajó al extranjero, para que todo lo que consumiera fuera como si lo hiciera en territorio nacional, y en segundo lugar para determinar en qué se gastó esa cantidad".

Caracuel está actualmente investigado (la nueva denominación jurídica de la imputación) por el juzgado de instrucción número 6 de Granada por un delito de medio ambiente causado por unos vertidos contaminantes procedentes de la cárcel de Albolote. "El pasado mes de junio el juzgado dictó un auto por el que el caso pasó a procedimiento abreviado", señalan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Esto supone que el juez ha finalizado su instrucción y se está a la espera de fijar fecha para juicio oral mientras las acusaciones terminan sus escritos finales.

Instituciones Penitenciarias habla de error: se creía que se había contratado un bono internacional cuando no se había activado. De 225 euros se pasó a 12.000

Desde Instituciones Penitenciarias aseguran que Caracuel, antes de marcharse de vacaciones al extranjero, concretamente a Portugal, pidió por correo electrónico al departamento correspondiente que le activara el 'roaming' de su línea corporativa. Lo pidió por correo electrónico el 18 de julio de 2015. Dos días después, el 20, recibió la respuesta de que ya lo tenía activado. Pero no fue así. Nunca se activó, lo que provocó que la tarifa se disparara. "La gran mayoría del importe de ese mes lo provocó la descarga de datos, ya que aunque estaba de vacaciones estuvo preparando los presupuestos de su departamento para el siguiente ejercicio y preparando la defensa en el caso por el que está imputado en Granada".

Instituciones Penitenciarias no tuvo conocimiento de que la factura era inusual hasta mayo de 2016, y reclamó a Telefónica, con el que tiene el contrato. La operadora pudo acreditar que no se había contratado el bono internacional para esa línea, es decir, que no se había activado el 'roaming'. Si se hubiera hecho el consumo realizado desde Portugal solo hubiera alcanzado los 225 euros. Como no se hizo, se disparó hasta los 12.000 euros, ya que la operadora cobra un euro por mega descargado. Desde Instituciones Penitenciarias recalcan que hay que esperar de todas formas a que concluya la investigación interna para saber por qué se produjo ese gasto y que todo se debe a "un error no malintencionado", al creer que se había activado un servicio que finalmente no lo estaba. 

Condecorado e imputado

Caracuel es subdirector general desde enero de 2012. Antes ha ocupado responsabilidades públicas en el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y en el Ministerio de Cultura. Es funcionario. El titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, le condecoró el año pasado con la Medalla de Oro al Mérito Penitenciario. Los sindicatos, no obstante, han pedido recientemente su destitución

CCOO, CSIF y UGT denunciaron este año la adjudicación del contrato de vigilancia de los edificios de los Servicios Centrales de Instituciones Penitenciarias y de la sede del Centro de Estudios Penitenciarios a la empresa Marsegur, propiedad del empresario Miguel Ángel Ramírez, a su vez presidente del equipo de fútbol de Las Palmas y amigo del ex ministro José Manuel Soria

Ramírez está investigado en varias causas y condenado en otras. Los sindicatos pusieron en conocimiento de Caracuel, antes de que se produjera la adjudicación del contrato, las irregularidades que afectaban a dicha empresa, investigada además por Hacienda y la Seguridad Social, y porque también "incumplía las normas de responsabilidad social inherentes a toda contratación pública que se ha traducido en un menoscabo de los derechos laborales de los trabajadores". Aunque el contrato se licitó por 302.980,17 euros, Marsegur lo ganó con una oferta de 254.600,59 euros, que se tradujo en una bajada del 40% en la nómina de los trabajadores que protegen los edificios de las oficinas centrales de prisiones.

El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, y superior jerárquico de Enrique Caracuel
El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, y superior jerárquico de Enrique Caracuel

En cuanto a la causa por medio ambiente, es cierto que los vertidos empezaron en 2008 y Caracuel llegó a prisiones en 2012. El juez, no obstante, atribuye a Caracuel y a otros tres investigados la responsabilidad de "vertidos contaminantes que se han venido produciendo reiteradamente y que poseían su origen en el defectuoso sistema de depuración de las aguas residuales del Centro Penitenciario de Albolote", que llegaron a "originar un daño en la calidad del agua del conocido como arroyo Juncal determinante de un grave riesgo para el equilibrio de los sistemas naturales".

Caracuel era el "responsable del órgano competente para las propuestas de revisión del plan de infraestructura penitenciaria, así como de la evaluación de las necesidades de actuación en materia de mantenimiento y mejora de infraestructuras y equipamientos en dicho periodo. Pese a tener conocimiento directo de cuantas incidencias y problemas se venían produciendo con el sistema de depuración del Centro Penitenciario de Albolote, no adoptó las medidas que hubieran resultado precisas a fin de evitar la continuidad de los vertidos contaminantes y, en consecuencia, de la grave afectación para el equilibrio del ecosistema, no obstante haber sido reiteradamente advertido de la ilegalidad de los mismos".

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