La oposición presiona para que Alonso y Maroto asuman responsabilidades

"Voy a seguir luchando contra la corrupción, ahora más que nunca". Así ha contestado el vicesecretario sectorial del PP, Javier Maroto, tras la condena que ha recibido del Tribunal de Cuentas por perjuicio económico para el Ayuntamiento de Vitoria. Tres días después del fallo, la presión sobre el exalcalde de la ciudad alavesa y sobre Alfonso Alonso, también sancionadopor el mismo caso, ha ido en aumento. Desde el PSOE y el PNV ya han pedido que asuman responsabilidades. Mientras, el PP los defiende.

[Condenados porun "perjuicio" de 393.000 € a las arcas de Vitoria]

Maroto, condenado a pagar 393.862 euros por la firma en 2007 de un alquier gravoso,recuerda que el Tribunal de Cuentas "no es un tribunal penal ni es la justicia ordinaria" y advierte de que en la denuncia que ha dado origen a su condena "no se ha hablado nunca de corrupción. Ni siquiera de algo ilícito o penal".Sobre la sentencia, el vicesecretario sectorial del PP dice que respeta esta "resolución desfavorable de la consejera nombrada en ese tribunal a propuesta de IU," pero advierte de que no la comparte y la recurrirá.

Asimismo, recuerda que de lo que se está hablando es de "un expediente administrativo en el que se discute por el precio al que fue alquilado un local" para albergar unas oficinas municipales."Estamos discutiendo si el precio debe ser 10 euros el metro cuadrado o 12. Tomamos la decisión que los técnicos nos recomendaron y siempre hemos defendido su profesionalidad", ha subrayado. Y es que era la primera vez que hablaba tras la sanción.

Defensa del PP

Desde el PP también han defendido a sus dirigentes.El secretario general del PP de Vizcaya, Javier Ruiz, ha subrayado hoy que la condenano es por un caso de "corrupción" sino "administrativo", y ha defendido la "honradez y honestidad" de los cargos sancionados, ya que no hay "una causa penal".Ha opinado que "convertir" este asunto enun "caso de corrupción" es "tergiversar" el problema, con el único "interés" de "erosionar y desgastar al PP".

Ha calificado de "despropósito" que el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran (PNV), dijera que el PP alavés "no es nada diferente a la peor versión del PP de Valencia o Madrid".Ruiz ha pedido "prudencia" a Urtaran,dado que "el caso de corrupción más importante que ha habido en Euskadi ha sido precisamente en Álava y en su propio partido", en alusión al caso De Miguel.

También el vicesecretario de Organización del PP, Fernando MartínezMaillo, ha brindado su apoyo al ministro de Sanidad en funcionesy al vicesecretario sectorial del PP. Ha recordado que la vía penal fue archivada.El fallo, que les condena a abonar 393.862 euros por la firma de un alquiler gravoso de unas oficinas en Vitoria, "no es una resolución judicial como tal", sino un asunto del ámbito "estrictamente administrativo". Por ello, el PP ofrece todo su apoyo a ambos.

Asumir responsabilidades

Las palabras de Maroto y del PPno han calmado los ánimos.El cabeza de lista del PSE-EE al Congreso por Vizcaya, Patxi López, ha pedido a Alonsoy aMarotoque se apliquen lo que reclamaban a la senadora y exalcaldesa valenciana Rita Barberá cuando fue imputada."Lo curioso es escuchar aMarotopedir la dimisión de Rita Barberá y otros implicados en casos de corrupción y cuando le toca a él no asumir ningún tipo de responsabilidad", ha declarado López a los periodistas en Bilbao en un acto preelectoral.

"Me gustaría que lo que se dice se corresponda con lo que se hace, y espero queMarotoadopte alguna decisión", ha añadido López.

El pasado viernes, el Tribunal de Cuentas condenó a Alonso y Maroto porcausar unperjuicio económico de 393.000 eurosa las arcas públicas al firmar, durante su etapa al frente delAyuntamiento de Vitoria, un contrato público con un empresario a un precio consideradomuy superior al de mercado.El contrato, firmado por el Gobierno municipal en el queAlonso era alcalde y Maroto concejal de Hacienda, obligaba al Ayuntamiento de la capital alavesa a pagar7,6 millonesde euros por el alquiler, durante un periodo de 20 años, de un local que Antón había comprado un año antes por2,7 millonesde euros. Según determinó en su día la Comisión de Investigación del Consistorio, elalquilerse estableció en 12.500 euros más IVA mensuales, pese a que los técnicos municipales estimaron que la cuantía debía ser de poco más de 10.000 euros.