Chávez pactó con Monedero, Iglesias y Verstrynge lanzarlos en las TV de Venezuela

El ya fallecido expresidente de Venezuela Hugo Chávez y el exministro de Finanzas Rafael Isea firmaron el 28 de mayo de 2008 un documento de tres páginas al que ha tenido acceso El Confidencial que revela que el Gobierno de bolivariano pagó 7,2 millones de euros a la fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), la entidad vinculada a los dirigentes de Podemos que actuó como precursora del partido y que fue clausurada hace un mes sin dar explicaciones.

El informe recogía que la organización de la que eran miembros Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero ya había recibido hasta ese momento 2,7 millones de euros por asesorar a "distintas instituciones" y "movimientos sociales" en la promoción de conceptos como "emancipación popular, conciencia anticapitalista y contraloría social", que "coinciden y se complementan con los de la revolución bolivariana".

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"El objetivo es desarrollar la conciencia social bolivariana en las instituciones del Estado y sus trabajadores, en una acción catequizadora sostenida hasta lograr una estructura social incluyente, un nuevo modelo social, productivo, humanista y endógeno en el cual todos vivan en similares condiciones, bajo el postulado del libertador 'La suprema felicidad social", añadía el informe.

La tramitación de una nueva ayuda

El documento al que ha accedido este diario concluía de ese modo que "los resultados" de la acción de Monedero e Iglesias, entre otros, habían sido "excelentes" en aspectos como la "formación de funcionarios", el "desarrollo de un nuevo sistema de seguridad social en Venezuela" o "ejes de poder, globalización y soberanía". Por este motivo, el informe recomendaba, tras acuerdo del Consejo de Ministros, seguir invirtiendo en la fundación CEPS otros 1,6 millones de euros en 2008 y 2,8 millones más para el periodo comprendido entre 2009 y 2011.

Con estas ayudas, que habían permanecido ocultas hasta ahora, el Gobierno venezolano pretendía seguir "profundizando" en esta línea de expansión territorial y continuar contando con "la valiosa colaboración de la fundación" próxima a Podemos con el fin de, entre otros objetivos, revisar "las modalidades de propiedad para favorecer el control gradual de la clase trabajadora sobre los medios de producción, en manos de capital privado".

El informe no sólo sirvió para definir las ayudas que recibiría CEPS en los siguientes ejercicios. También pactó que, "como acompañamiento", el Ejecutivo de Chávez realizaría "entrevistas en VTV [Venezonala de Televisión] y Telesur a destacados profesores como Juan Carlos Monedero, Jorge Verstrynge y Pablo Iglesias, quienes representan una escuela de pensamiento revolucionario" y son "aliados naturales de la revolución bolivariana". En los siguientes meses, el acuerdo se materializó en intervenciones de los tres políticos españoles en esas dos cadenas controladas por el régimen.

Lo llamativo del documento es que lleva la firma del propio Hugo Chávez. La rúbrica, que aparece en la tercera página junto a la inscripción Comandante Presidente Hugo Chávez, ya ha sido autentificada por peritos caligráficos de la Policía Nacional y también por antiguos altos cargos de la administración venezolana, al igual que el resto del contenido del informe.

Las tres páginas han sido recientemente incorporadas a la investigación que abrió la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional antes de las pasadas elecciones generales sobre la presunta financiación ilegal de Podemos, aseguran a este diario fuentes próximas al caso.

El inicio de la investigación

La investigación de la UDEF se puso en marcha después de que sus agentes recibieran un documento de inteligencia, el ya conocido Informe PISA, con información procedente de Estados Unidos que detectaba prácticas sospechosas por parte de los dirigentes de Podemos tanto con el Gobierno de Venezuela como con el de Irán, dos líneas que actualmente rastrean los funcionarios de la Brigada de Blanqueo de esa sección de la Policía Nacional. En concreto, como contó El Confidencial, los investigadores especializados en delitos económicos calculan que Podemos habría podido recibir al menos cinco millones de euros procedentes de los ejecutivos de Teherán y Caracas para financiar su constitución y la actividad diaria de sus primeros meses.

Además de Iglesias, Monedero y Verstrynge, la fundación CEPS también mantuvo en sus filas a altos cargos del partido como Íñigo Errejón, actual número dos, o Luis Alegre, secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid.

El documento oficial no se limitaba a revelar las inyecciones de liquidez por parte del Gobierno de Venezuela a la estructura inicial de Podemos (la fundación CEPS), sino que anunciaba también que este "apoyo económico (...) permitirá estrechar lazos y compromisos con reconocidos representantes de las escuelas de pensamiento de izquierdas, fundamentalmente anticapitalistas, que en España pueden crear consensos de fuerzas políticas y movimientos sociales, propiciando en ese país cambios políticos aún más afines al Gobierno bolivariano".

Tras la publicación del contenido del documento -que por primera vez se puede descargar en esta información-, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, exigió ser "muy rigurosos" con las cuentas de los partidos políticos. Según la número dos del Ejecutivo, la formación de Pablo Iglesias estaría cometiendo "un delito", ya que la legislación prohíbe que un partido sea financiado por un Estado extranjero. En una entrevista concedida a Telecinco, añadió que ir contra la ley es una "injerencia" por parte de la Administración Chávez.

Por su parte, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se limitó a señalar que "la información parece muy clara". El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, le pidió a Sánchez que tuviera "muy en cuenta" esta investigación de la UDEF de cara a la reunión que Podemos, el PSOE y la formación naranja mantendrán mañana en el Congreso de los Diputados. El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, exigió además a Podemos "responsabilidad política" por la supuesta financiación irregular. "Están obligados a explicarse muy bien y a asumir responsabilidades", insistió el dirigente.