La Audiencia abre el melón de las medallas e investigará los méritos de 3.200 policías

La valía de más de 3.000 policías condecorados con la medalla al mérito policial está en entredicho. La Audiencia Nacional reclamó el pasado 4 de febrero al Ministerio del Interior los expedientes que justificaron la concesión de los distintivos otorgados el pasado 10 de septiembre tanto a los cerca de 3.200 funcionarios del cuerpo como a las más de 300 personas ajenas a la institución. La Sección Quinta de lo Contencioso del alto tribunal pretende investigar si las adjudicaciones se hicieron conforme a derecho.

La Audiencia Nacional se pronunció así después de recibir un recurso presentado por Alternativa Sindical de Policía (ASP), que denunciaba que la resolución emitida por el departamento de Jorge Fernández Díaz en septiembre -que recogía el listado de premiados- no cumplía los requisitos exigidos por la normativa (Ley 5/64 de 29 de abril sobre condecoraciones policiales). En concreto, la sala admitió a trámite el escrito del sindicato y solicitó a Interior las citadas justificaciones, que revelarían si las medallas realmente se entregaron cumpliendo la legislación.

En el mismo auto de admisión a trámite, la Audiencia Nacional también pidió que el Ministerio informase a los condecorados con el fin de que éstos tuvieran la posibilidad de personarse en la causa como demandados si así lo estimaban conveniente. Desde la Dirección General de la Policía (DGP) explican que la Abogacía del Estado se hará cargo de la defensa de cada uno de los afectados, pero aclaran que el tribunal ha dado la opción de que éstos también puedan personarse en la causa y ser representados por el letrado que consideren oportuno.

La DGP, de hecho, ya ha remitido la circular interna -orden general- en la que informa a los miembros del cuerpo de que todos los que habían sido condecorados en 2015 pueden pasarse por sede judicial para explicar porqué recibieron el reconocimiento y tener la posibilidad de personarse en la causa. Los 300 galardonados con la medalla blanca ajenos a la corporación, por su parte, están siendo informados de los hechos de manera individual por el departamento dirigido por Ignacio Cosidó.

Desde la DGP, admiten haber recibido el decreto de la Audiencia Nacional y haber remitido la mencionada circular interna, pero aseguran que lo que aún no tienen en su poder es el cuerpo de las diligencias, que será reenviado a la Abogacía del Estado para que sea este organismo el encargado de defender a la Dirección General y al Ministerio.

ASP denunció en un principio la resolución de Interior por la concesión de cruces rojas, que conllevan aparejada una pensión de por vida para el policía que es distinguido con esta condecoración (apenas se repartieron 200 de este tipo). Sin embargo, la Sala de lo Contencioso extendió la investigación a todo el contenido de la resolución, que incluye también los reconocimientos entregados al resto de funcionarios, los que recibieron una cruz blanca (unos 3.000), y los destinados a personal ajeno a la corporación (algo más de 300).

En la mencionada resolución del pasado septiembre, el Ministerio premió a los funcionarios de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que investigaron los casos Pujol, cursos de formación o Gürtel, pero también a los investigadores de los crímenes de Astorga y Cuenca, a un escolta de Susana Díaz que fue agredido mientras estaba fuera de servicio, a dos colaboradores del director de la Policía y al exjefe de la Brigada de Estupefacientes, ahora responsable de Asuntos Internos, entre los dos centenares de funcionarios que recibieron la cruz roja al mérito policial.