Un empresario completa a última hora la fianza de Marjaliza para abandonar la cárcel

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha acordado la libertad del cerebro del caso Púnica, David Marjaliza. Durante la mañana, el magistrado había considerado insuficiente la finca que aportó el lugarteniente de Francisco Granados para satisfacer la fianza de 100.000 euros para abandonar la prisión, pero a última hora ha aparecido un nuevo fiador que aportó los 11.602 euros que, según el juzgado, faltaban para cubrirla, con lo que el juez ha ordenado su excarcelación. Además, Velasco ha permitido a la Comunidad de Madrid ejercer la acusación particular en solitario, en lugar de hacerlo de forma conjunta con la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), una de las acusaciones más activas en otra de las tramas que afectan al PP, el caso Gürtel.

Velasco modificó hace unas semanas las medidas cautelares impuestas a Marjaliza. El juez revocó la prisión provisional que decretó contra él el 31 de octubre de 2014 para sustituirla por una libertad bajo fianza de 100.000 euros, al considerar que su riesgo de fuga había disminuido al colaborar activamente en la resolución del caso. Marjaliza aportó para cubrir esa cantidad una finca cuya documentación el juez pasó a los peritos para que hicieran su tasación. Los expertos han concluido que la finca no cumple con los requisitos de la fianza. Para cubrir esa cantidad, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tenía que duplicar el valor de la fianza, es decir, 200.000 euros.

El 21 de diciembre, Marjaliza aportó una finca para cubrir esa fianza, pero según los peritos judiciales que la tasaron, esta tenía un valor de 176.795 euros, es decir, no alcanzaba esa cifra. Eso es lo que, en primera instancia, ha llevado al juez a denegar la libertad. Pero a última hora de la mañana, el administrador único de la empresa Comienza en Blanco, Alfonso Luna García, ha aportado la cantidad que faltaba. Velasco ha redactado un segundo auto en el que considera "bastante la fianza hipotecaria prestada conjuntamente con la consignación en efectivo" realizada por el empresario.

La comunidad acusará por separado

El magistrado también ha aceptado que la Comunidad de Madrid ejerza la acusación particular en el caso de forma separada. Velasco la había obligado en un principio a ejercerla junto a ADADE, el grupo de abogados más activo en otro caso abierto por una trama de corrupción que afecta al PP, el caso Gürtel. El organismo que dirige Cristina Cifuentes presentó recurso contra esa decisión, recurso que el instructor ha aceptado al considerar que la comunidad autónoma es uno de los grandes perjudicados por la trama de corrupción.

Velasco adoptó la libertad bajo fianza de Marjaliza al entender que el amigo de Granados ha colaborado de forma positiva con la investigación, lo que, después del juicio, podría suponer una rebaja de la posible condena que se le imponga. El instructor entiende que, por esta razón, el riesgo de que se fugue ha disminuido. La Fiscalía había pedido la prisión eludible de Marjaliza pero con una fianza muy superior a la finalmente impuesta: 250.000 euros.

Desde el pasado julio, cuando Marjaliza pactó con Anticorrupción contar lo que sabía a cambio de una rebaja de la pena, el socio de Granados ha salido de la cárcel en varias ocasiones para declarar ante el fiscal y antre el propio juez Velasco.

El constructor, socio y amigo de Granados ha sido el que ha revelado las comisiones pagadas por la empresa francesa Cofely a numerosos alcaldes, la mayoría del PP, aunque también algunos del PSOE, para obtener contratos públicos de eficiencia energética. En los tratos entre los municipios y esa compañía, era el propio Marjaliza el que actuaba como intermediario.

Lavado de imagen de políticos

También confirmó que gran parte de los 11 millones que Granados y él mismo habían ocultado en paraísos fiscales los obtuvieron mediante recalificaciones urbanísticas, y delató a varios de los alcaldes y concejales que cobraron de la trama corrupta. Gran parte del lavado de imagen en internet de políticos -entre ellos, algunos exconsejeros madrileños como Lucía Figar y Salvador Victoria- que encargaron a la empresa del también imputado Alejandro de Pedro Llorca, amigo personal de Granados, también ha sido reconocida por Marjaliza.

Otra de las ramas abiertas en la Púnica gracias a la colaboración del número dos de la trama es la que afecta a Arpegio, la empresa pública de la Comunidad de Madrid encargada de la venta de suelo industrial y de gestionar los planes de inversiones autonómicos. Durante su etapa como consejero, Granados estuvo un tiempo al frente de esa entidad.