principal conclusión de la comisión de alcalá

Un asesor jurídico del PP implicado en la trama Púnica, alto funcionario con Carmena

Alcalá de Henares acusa a un ex alto cargo, Fernando García Rubio, de irregularidades en el contrato que se llevó Cofely. Ahora se refugia en el área de Cultura en el Ayuntamiento de Madrid

Foto: Foto: cofely.
Foto: cofely.

"Esta comisión ha llegado a la conclusión de que el PP utilizó a Fernando García Rubio, titular de la Asesoría Jurídica, para privatizar y adjudicar posteriormente a Cofely este servicio". La comisión de investigación que se formó en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares (forzada por toda la oposición) ya ha remitido a la Audiencia Nacional las conclusiones de sus pesquisas sobre el contrato de 14 millones de euros que el anterior equipo de Gobierno, del PP, adjudicó a Cofely, una de las principales empresas beneficiadas por la trama Púnica. Esta firma, filial española de la multinacional francesa GDF-Suez, está acusada de pagar comisiones a cargos públicos municipales a cambio de conseguir sustanciosas adjudicaciones de eficiencia energética en varias localidades madrileñas. Tres directivos de Cofely están imputados.

Fernando García Rubio, por su parte, es actualmente funcionario de nivel 30 en el Ayuntamiento de Madrid, destinado al Área de Cultura. Lleva un año en el Consistorio después de su periplo como asesor jurídico por varios ayuntamientos madrileños gobernados por el PP (Majadahonda, Alcalá de Henares y San Sebastián de los Reyes, por este orden). Estas tres localidades están en el listado de 45 municipios madrileños que de una forma u otra aparecen en la investigación de la UCO. De hecho, la Fiscalía Anticorrupción asegura que Cofely estableció "un plan criminal", y cree tener acreditado que pagó mordidas, de momento, en siete municipios. Fuentes jurídicas del caso señalan que Alcalá de Henares puede estar en la cuarta fase del caso que el juez Eloy Velasco, instructor del mismo, abordará en breve, y en la que habrá 40 nuevos testigos e imputados.

Alcalá de Henares puede estar en la cuarta fase del caso Púnica que la Audiencia Nacional abordará en breve, con 40 nuevos testigos e imputados

La comisión, en la que participaron todos los grupos municipales, analizó el contrato que Cofely se llevó en Alcalá de Henares: la gestión energética y el mantenimiento de las instalaciones eléctricas de seis colegios públicos y las ciudades deportivas de El Val y El Juncal. El Consistorio abonaría 13,9 millones de euros repartidos en 15 años, a contar desde 2013. Una adjudicación en la que tuvo un papel clave García Rubio. La comisión detectó varias irregularidades.

La primera, que se elaborara el pliego de cláusulas administrativas antes que el pliego de prescripciones técnicas, "algo nada frecuente". Porque para hacer el pliego administrativo hay que conocer, por ejemplo, el precio del servicio ofertado, que se fija en las prescripciones técnicas. El primer pliego tiene fecha de 3 de marzo de 2011, firmado por Fernando García Rubio, y el segundo, de 22 de septiembre de 2011. "Es sencillamente imposible establecer el precio fijado en la cláusula 2 del pliego de condiciones administrativas sin conocer previamente el pliego de prescripciones técnicas", señala la comisión.

García Rubio fijó el precio

La comisión define como "extraño, excepcional, insólito o singular” que el pliego administrativo lo elabore el titular de la Asesoría Jurídica (es decir, García Rubio) y no el jefe de Servicio de Contratación, como es lo normal. "Es el único caso que se conoce en el Ayuntamiento". Para la comisión de investigación también es muy peculiar que García Rubio supiera que el precio anual del contrato sería de 981.065 euros, cinco meses antes de que el técnico municipal que elaboró el pliego técnico fijara el contrato en torno a un millón de euros.

Finalmente, al concurso se presentaron Cofely y Dalkia. La mesa de contratación propuso que Cofely se llevara la adjudicación. Obtuvo 92 puntos frente a los 88 de Dalkia. Esta última firma recurrió el 13 de junio de 2012. Y un mes después, el 3 de julio de 2012, la Junta de Gobierno local paralizó la adjudicación. "Esta comisión no ha podido determinar las razones de esta decisión". Dos días después, el 5 de julio, dimitió Bartolomé González, entonces alcalde y hoy diputado autonómico con Cifuentes. González es uno de los implicados en la confesión que ha hecho ante el juez David Marjaliza, uno de los cabecillas de la trama. 

Bartolomé González, con abrigo verde, en una imagen de archivo. (EFE)
Bartolomé González, con abrigo verde, en una imagen de archivo. (EFE)

La comisión destaca que García Rubio "fue nombrado para este puesto por el entonces alcalde Bartolomé González". Además, "durante los ocho años que estuvo en el Ayuntamiento solo se ocupó de dos pliegos", uno de ellos el de Cofely. García Rubio renunció el 5 de septiembre. En su carta de cese señaló una serie de consideraciones criticando la no adjudicación a Cofely. "Siete de los ocho puntos versan sobre la casi obligación que tenía el Ayuntamiento de contratar con Cofely. Algo inusual. Este hecho acrecienta el convencimiento de su absoluta implicación en todo este proceso", señala la comisión.

Un informe externo bajo sospecha

Tras la marcha de Bartolomé González y Fernando García Rubio, el Ayuntamiento paralizó la adjudicación. En octubre de 2012, tanto el jefe de Gestión Económica Ciudad Deportiva como el arquitecto municipal emitieron informes desfavorables y propusieron la renuncia a este contrato por razones de interés público: "En este momento de crisis económica, el ahorro de no contratar es evidente".

Pero Cofely recurrió esta decisión. Y la mesa de contratación encargó un informe externo para analizar sus alegaciones, que pagó la propia Cofely. Ese informe lo realizó CEPI Ingeniería, de Aventum. Esta empresa entregó su informe el 7 de febrero de 2013. El 8 de marzo de 2013, la mesa de contratación propuso la admisión del recurso de Cofely y la consiguiente adjudicación. "Nadie ha sido capaz de decirnos quién decide que se pida el citado informe, que aunque legal, es completamente anormal en los procesos de contratación seguidos por este Ayuntamiento. Más allá de esto, pedir un informe externo y que lo pague la empresa interesada no es más que una manera de promover que el informe sea favorable a los intereses de esta última".

Cofely ganó el concurso: 13,9 millones a pagar en 15 años, aunque actualmente el nuevo equipo de Gobierno intenta rescindirlo

Curiosamente, fue Pedro García, de Cofely, imputado en la causa, quien decidió que el informe lo hiciera Aventum. "Se deja en manos de un interesado, ajeno a la Administración, la decisión de quién redactará un informe que resultará definitivo para la adjudicación de un contrato a esa misma persona". Durante la comisión, un concejal de UPyD señaló que Guillermo Moreno, quien firmó el informe de Aventum, le pidió una reunión como representantes de Cofely. Otra grave irregularidad. Finalmente, el 23 de septiembre de 2013, el concejal Marcelo Isoldi (responsable de Proyectos y Conservación Urbana, Infraestructuras, Movilidad y Aguas) elevó la propuesta a la mesa para volver a contratar con Cofely. 

'El ojitos'

La comisión comunicó todas estas irregularidades a la Audiencia y ha solicitado la dimisión de dos ediles del PP ahora en la oposición: Javier Bello (exalcalde) y Marcelo Isoldi, sobre todo teniendo en cuenta que tras la adjudicación se presentaron seis denuncias ante la Inspección Provincial de Trabajo y la Seguridad Social, otras seis ante la Dirección General de Trabajo de la Comunidad y 11 quejas internas al entonces regidor del PP por incumplimientos por parte de Cofely del pliego de condiciones. El contrato sigue hoy, de momento, en vigor, aunque se está negociando su rescisión. El exalcalde Javier Bello está además imputado en otra causa por pagos irregulares.

El Confidencial ha intentado, sin éxito, hablar con García Rubio. Apodado 'Chucky' y 'El ojitos', "formó parte hasta su renuncia de las designaciones relevantes del PP", señala la comisión. Profesor universitario, Cofely patrocinó al menos dos de sus conferencias. Su gestión como asesor jurídico en Majadahonda y San Sebastián de los Reyes también ha sembrado dudas. Estuvo en la mesa de contratación cuando en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes adjudicó contratos a Waiter Music, otra de las empresas de la trama.

Madrid

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