El tribunal del banco mundial quita la razón a francisco hernando

Guinea pone contra las cuerdas al Pocero

El país de Obiang no tendrá que pagar a Francisco Hernando los 450 millones de euros que pedía en una demanda internacional por su proyecto fracasado de construir miles de viviendas

Foto: El constructor Francisco Hernando 'el Pocero'. (EFE)
El constructor Francisco Hernando 'el Pocero'. (EFE)

El sueño africano de Francisco Hernando Contreras, más conocido como 'Paco el Pocero', de construir 36.000 viviendas en Guinea Ecuatorial le ha salido muy caro. No solo ha perdido millones de euros en un proyecto frustrado del que el presidente Teodoro Obiang se bajó a última hora, sino que además ha tenido que gastar cientos de miles de euros para costear una demanda contra Guinea interpuesta en marzo de 2012 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). La pretensión del Pocero era que Obiang le pagara 450 millones por toda la inversión hecha antes de que Guinea decidiese romper los acuerdos. Pero el CIADI, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, le comunicó hace unos días que no tiene jurisdicción para resolver el asunto, lo que a la postre supone la derrota del Pocero, al que solo le queda acudir a los tribunales de Guinea. 

El sueño del Pocero, anunciado en 2008, era construir 36.000 viviendas en Malabo y Bata y una nueva ciudad en Oyala pero Obiang se bajó del proyecto

En el laudo sobre jurisdicción enviado a las partes el pasado 4 de diciembre, el tribunal explica las razones por las que no se considera competente para decidir sobre el caso. La fundamental es que, aunque ha quedado constatado que el Pocero gastó dinero en maquinaria y en la constitución de sociedades en Guinea para levantar el proyecto de viviendas en Malabo, Bata y Olaya, "no ha quedado probada una base contractual para justificar la existencia de las inversiones alegadas por la demandante". "Tampoco puede probarse", dicen los árbitros de este tribunal con sede en La Haya, "que la alegada inversión se efectuó de conformidad con el derecho interno del Estado receptor". La decisión de los árbitros se ha tomado por mayoría de dos contra uno. El presidente y el árbitro propuesto por Guinea han tomado esa decisión frente al árbitro propuesto por la parte demandante.  

A finales de 2008, el Pocero anunció su inversión en Guinea Ecuatorial. El país africano y sus recursos petrolíferos prometían millones de euros para todo aquel que quisiera lanzarse a la aventura de construir sus nuevas ciudades. Hernando ya había firmado acuerdos y contratos con las autoridades guineanas, e incluso había constituido dos sociedades en el país: Nueva Edificación 2000, propiedad exclusiva del Grupo Contreras, e Industrias y Construcciones Guinea Ecuatorial (Incogesa), con capital de ambas partes. La idea era construir 36.000 viviendas en Malabo y Bata, además de infraestructuras deportivas, polígonos industriales e incluso una ciudad autosuficiente en la ciudad de Oyala. Se publicó entonces que la inversión final sería de 1.000 millones de euros. 

El presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang. (EFE)
El presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang. (EFE)

Pero Obiang dijo finalmente que no. En una entrevista concedida a 'El Economista', el viceministro de Hacienda de Guinea, Melchor Esono, decía: "Queremos españoles serios aquí. El dinero del Ejecutivo no es para crear ciudades fantasma". Sus declaraciones hacían pública la ruptura de relaciones con el Pocero y dejaban claro que el viceministro seguía de cerca la prensa española, que venía dando cuenta desde hacía tiempo del magalómano proyecto de Hernando en Seseña para construir una ciudad de miles de viviendas en mitad de la nada. A pesar de esas afirmaciones, hechas en diciembre de 2008, Hernando siguió viajando a Guinea para reunirse con las autoridades del país. No fue hasta enero de 2012 cuando envió una nota al presidente Obiang para comunicarle su intención de demandarle en el CIADI: "Ante la falta de satisfacción de los reclamos pendientes, [el Sr. Francisco Hernando Conteras] se ve en la obligación de reclamar esos importes ante los tribunales". 

La decisión de los árbitros pone a las empresas del Pocero en una situación muy delicada. Arrastran pérdidas millonarias y apenas tienen actividad

La cifra que pedía Francisco Hernando a Guinea no aparece en el escrito de los árbitros internacionales, pero el Global Arbitration Review, un medio especializado en arbitrajes, informó el 28 de marzo de 2012 que el Pocero pedía 450 millones de euros. Guinea no tendrá que pagar finalmente esa cantidad. 

El asunto es un buen ejemplo de lo que ocurre cuando las compañías españolas no aplican la inteligencia económica, una herramienta de apoyo a las decisiones de las empresas en la que entran actividades de obtención, tratamiento y puesta a disposición de la información. El Pocero había conseguido tener buenas relaciones con algunos miembros del Ejecutivo guineano pero no pudo prever los riesgos de meterse en Guinea y que finalmente Obiang cancelaría el proyecto. No solo eso, los abogados de la empresa entendieron que si la operación se abortaba, podrían acudir al arbitraje del tribunal del Banco Mundial para recuperar sus inversiones en virtud del Acuerdo entre el Reino de España y la República de Guinea Ecuatorial para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones, firmado el 22 de noviembre de 2003. Pero, según los árbitros, lo que considera el grupo de empresas de el Pocero como inversión no se ajusta a la definición que se hace en ese acuerdo y no puede ser considerado, por tanto, un inversor en Guinea. "No se cumplieron con los requisitos contractuales", concluyen los jueces. 

“El tribunal exige que la inversión se haya ajustado a la legislación de Guinea. Eso es muy exigente en un país con legislación incompleta“, dice un experto

"El CIADI aplica un concepto de inversión muy estricto", señala un experto en este tipo de arbitrajes. "El tribunal exige que la inversión se haya ajustado a la legislación interna de Guinea. Eso es muy exigente cuando se trata de un país tercermundista con legislación incompleta". 

Los gastos del arbitraje ascienden a 504.000 dólares que salen de pagar a los abogados, de los honorarios de los árbitos y de los gastos de los cargos administrativos del CIADI y se reparten a partes iguales. A Hernando, que ya ha pagado su parte, le queda el consuelo de que Guinea tendrá que entregarle 48.000 dólares por no haber abonado uno de los últimos pagos.

El tribunal no se pronuncia sobre si el Pocero podrá recurrir ante los tribunales guineanos, pero en cualquier caso, esa no parece una opción para las empresas de Francisco Hernando, no solo porque las probabilidades de que los jueces de un país en el que gobierna un dictador desde hace 37 años fallen a su favor son harto escasas, sino porque además eso supondría un gasto aún mayor para las empresas del Pocero. Y estas no se encuentran en una situación económica muy aceptable.

Su empresa matriz, el Grupo Francisco Hernando Contreras, sin apenas actividad, está agotando sus reservas año tras año y lastra unas pérdidas de 22 millones de euros, según las cuentas presentadas en el Registro de la Propiedad en 2014. Los pisos de Seseña están también en manos de los bancos. Onde 2000, la inmobiliaria a través de la cual Hernando levantó el complejo residencial de Seseña (Toledo), redujo a cero su negocio en España en 2012. Tampoco hay noticias de algunos proyectos en Arabia Saudí con los que el Pocero pensaba remontar el vuelo. Los portavoces de su empresa suelen declinar la invitación para hablar con la prensa. Este periódico trató ayer sin éxito de recabar la versión de Francisco Hernando y de sus abogados. Todo hace pensar que su sueño constructor se ha desmoronado definitivamente. 

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