las cuentas de la generalitat, 'Intervenidas'

Triple cerco del Gobierno sobre Mas para impedir que desvíe fondos hacia el 'golpe'

Hacienda tendrá un control telemático directo sobre las facturas y establecerá una vía reservada de denuncia para que los funcionarios autonómicos adviertan de cualquier ilegalidad

Foto: De izquierda a derecha, Alfonso Alonso, Soraya Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro. (EFE)
De izquierda a derecha, Alfonso Alonso, Soraya Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro. (EFE)

El Gobierno recurre al Tribunal Constitucional para frenar el reto separatista en Cataluña y al mismo tiempo estrecha el cerco sobre la Generalitat para que no pueda desviar fondos públicos en beneficio de la secesión. Sin necesidad de recurrir al artículo 155 de la Constitución, vía Ministerio de Hacienda, la Administración Central empieza a intervenir las cuentas del gobierno autonómico para impedir que se salte la ley. El Ejecutivo establece un triple filtro con ese fin: interventor con responsabilidades penales, control telemático directo sobre las facturas y vía reservada de denuncia para que los funcionarios adviertan de cualquier ilegalidad.

Después de la aprobación de la declaración independentista en el Parlamento catalán y la correspondiente suspensión por el TC, el Gobierno se fía todavía menos del uso de los fondos públicos que hace la Generalitat. No tiene más remedio que pagar las facturas pendientes de la administración autonómica porque son de servicios a los ciudadanos (servicios sanitarios y farmacia) pero mientras Artur Mas da prioridad al sostenimiento económico del aparato político, burocrático y de propaganda de su ejecutivo. Ahora Hacienda aprovecha la nueva remesa de fondos con cargo al Fondo de Financiación Autonómica para despejar cualquier duda o tentación del gobierno nacionalista en funciones con los 3.034 millones de euros adicionales que recibirá para terminar el ejercicio.

En el último Consejo de Ministros, el Gobierno ha adelantado el remanente del FLA del año 2014 (7.889 millones de euros) y la Generalitat catalana es de nuevo la principal beneficiaria dado que sigue siendo la más cercana a la quiebra técnica, no tiene capacidad de acceder a los mercados como otras dada la consideración de su deuda como bono basura y sigue dejando los servicios públicos a los ciudadanos como la última de sus preocupaciones presupuestarias.

Artur Mas, tras el minuto de silencio por los atentados de París. (EFE)
Artur Mas, tras el minuto de silencio por los atentados de París. (EFE)

Por primera vez, el Gobierno establece condiciones especiales a la administración de una Comunidad, la de Cataluña, con el fin de garantizar que no se gasta el FLA en "veleidades independentistas" (definición de Cristóbal Montoro). Las reformas legales que establecen responsabilidades penales para la figura del interventor de cada Comunidad ha permitido que 'afloraran' facturas pendientes de pago por la Generalitat, entre otras cosas porque el interventor no las había firmado. El resultado ha sido la 'aparición' de un déficit oculto de 1.300 millones correspondiente a 2014.

Para el desembolso de los 3.034 millones del nuevo FLA, que se hará por tramos, el interventor de la autonomía tendrá que emitir certificados mensuales sobre la ejecución del presupuesto autonómico y dejar constancia de que el dinero gastado no va contra el ordenamiento jurídico. Además, Hacienda se hace con el control telemático del registro de facturas para saber con detalle a dónde van los fondos y qué es lo que se paga o deja de pagar.

Montoro afirma que está seguro de que Artur Mas no ha desviado 'ni un euro' del FLA para sus planes secesionistas, pero que ha de mantenerse vigilante

El tercer filtro es el más novedoso. Los funcionarios de la Generalitat tendrán una vía informática directa y reservada (no dejará huella) para consultar en cada momento si las instrucciones que reciben se atienen a la legislación vigente o forman parte de los movimientos para la secesión pactados por CDC, ERC y la CUP. Podrán así denunciar a la Administración central cualquier instrucción en contra de la ley. El bloque de partidos separatistas tiene fijada en la invasión de competencias, más la atribución de medios y personal de Hacienda y Seguridad Social, su primer paso para liquidar el orden constitucional en Cataluña, lo que llaman "desconexión".

Montoro dice que está seguro de que Artur Mas no ha desviado "ni un euro" del FLA para sus planes independentistas, pero el manifiesto aprobado en el que proclama su decisión de saltarse la Constitución y las leyes le obliga a aprobar las nuevas condiciones. Es un hecho que la Generalitat retrasa hasta cuatro meses los pagos a las farmacias (330 millones de deuda acumulada a 30 de octubre) y los servicios de sanidad, algo que no ocurre, por ejemplo, con el mantenimiento de su aparato de propaganda, ni el del sector público ni las subvenciones al privado.

El FLA permite al Gobierno dejar de nuevo evidencia de la situación real de la comunidad catalana, al borde la quiebra, sostenidos sus servicios básicos por la Administración central y con un ejecutivo en funciones que sigue entregado a la causa separatista en vez de ocuparse de gobernar y tomar medidas para equilibrar sus cuentas. Mas no quiere tocar lo que llama "estructuras de Estado", como las embajadas en el exterior para promocionar la secesión. Y sigue sin ponerse al día con las farmacias a la espera de que el FLA se lo resuelva.

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