respuesta del Gobierno al reto separatista

Rajoy confía en el Constitucional y deja el 155 para el caso de rebelión del Ejecutivo catalán

El Gobierno encarga informes para decidir si recurre al TC la declaración separatista antes de ser votada y apunta directamente a las responsabilidades de Forcadell como presidenta de la Cámara

Foto: El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. (EFE)
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. (EFE)

Los planes de respuesta del Gobierno al paso adelante que ha dado el bloque de partidos separatistas en Cataluña con su resolución-manifiesto por la independencia empiezan por los obstáculos que puedan poner PP y Ciudadanos a su tramitación en la Cámara catalana y siguen por preparar los recursos correspondientes ante el Tribunal Constitucional al texto calificado y aprobado.

Falta por decidir en qué momento del trámite el Ejecutivo central apela al TC, mientras que se reserva para más adelante la posible aplicación del artículo 155 de la Constitución. Requiere que se forme antes el nuevo Gobierno en Cataluña y acometa las primeras decisiones del golpe anunciado como la invasión de competencias en las materias de Hacienda y Seguridad Social. Por el momento, las previsiones para ir respondiendo a Mas y Junqueras son las siguientes:

1. Obstaculizar, retrasar y documentar la resolución

El PP ya ha dejado para el último día la constitución de su grupo parlamentario, con lo que CDC, ERC y la CUP no han podido incluir en el orden del día del pleno de la Cámara autonómica su propuesta de resolución. Cuando los independentistas lo consigan, el PP, Ciudadanos y el PSC, juntos o por separado, presentarán una "petición de reconsideración" dada la naturaleza anticonstitucional del texto. Los diputados populares, socialistas y de Ciudadanos habrán ganado una semana como mínimo y complicarán que se pueda votar antes del 9 de noviembre, día previsto para la sesión de investidura del nuevo presidente, como pretendían ERC y la CUP.

2. Conocer argumentos, impulsores y amparo de la mesa al texto

Esa tramitación en la mesa del Parlamento obliga a un informe de calificación frente al aviso de inconstitucionalidad y el 'amparo' correspondiente por sus miembros para que siga adelante. La presidenta, la independentista republicana Carme Forcadell, lo apoyará con entusiasmo y pondrá su firma con los vicepresidentes y secretarios de CDC y ERC. En La Moncloa, consultan a los servicios jurídicos del Estado si en esa fase, ya con nombres y apellidos y el texto sancionado para el debate, pueden recurrir al Tribunal Constitucional.

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3. Recurso automático al Tribunal Constitucional con la resolución aprobada

Se vote antes o después del día 9, el Gobierno tiene claro que, si no lo ha hecho antes, en cuanto la Cámara autonómica apruebe la resolución secesionista presentará recurso ante el Tribunal Constitucional. El texto se lo pone fácil, al ser un desafío al ordenamiento jurídico que anuncia hasta el desacato preventivo al propio TC.

4. En caso de desobediencia al TC como los independentistas anuncian

Si la Cámara catalana hace caso omiso a la resolución que anulará la declaración separatista y cualquiera de sus consecuencias, el Tribunal Constitucional abrirá un proceso contra los responsables de la mesa, Forcadell la primera, que puede concluir con una condena de suspensión en sus funciones.

5. El artículo 155 si la desobediencia o la rebelión se amplían al Ejecutivo

La otra vía que el Gobierno deja en la recámara, de momento, para frenar el golpe secesionista es el recurso al artículo 155 de la Constitución, que faculta al Ejecutivo, previa aprobación de la medida por el Senado, para intervenir (no suspender) una comunidad autónoma. Hasta que se formen las nuevas Cortes después de los comicios del 20-D, la Diputación Permanente de la Cámara Alta está facultada para aplicar el 155. De los 39 senadores 'de guardia', 23 son del PP.

La respuesta del 155 está prevista para actos de un Ejecutivo, no del legislativo. Por eso toca esperar a que se constituya el nuevo Gobierno independentista, con o sin Artur Mas al frente, y ver qué pasos da. Las iniciativas que tome, como las anunciadas de invasión de competencias y apropiación de funciones y personal de la Administración central, también pueden ser recurridas ante el Tribunal Constitucional. Y el TC también podría ir contra el presidente y/o los consejeros que tomen medidas contra la Constitución y las leyes con el consiguiente proceso de suspensión de funciones. 

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