forcadell, primer objetivo para la justicia

Plan de Rajoy frente al golpe: Consejo extraordinario, TC y nueva llamada a Sánchez

Rajoy prefirió dejar un primer margen de protagonismo a los constitucionalistas en Cataluña y asegurarse el respaldo de Sánchez y Rivera para recurrir ahora al Tribunal Constitucional

Foto: Rajoy y Sánchez en el último encuentro en Moncloa. (EFE)
Rajoy y Sánchez en el último encuentro en Moncloa. (EFE)

Después de la escaramuza en el Parlamento catalán para frenar el pleno del pronunciamiento separatista, el Gobierno se prepara para la verdadera batalla: desactivar el golpe institucional que arranca el lunes. En la táctica de respuesta al desafío de Artur Mas, Oriol Junqueras y la CUP, Mariano Rajoy prefirió dejar un primer margen de actuación y protagonismo al PP y a los demás partidos, en principio constitucionalistas en Cataluña, y asegurarse, mientras, el respaldo de Pedro Sánchez y Albert Rivera para el siguiente paso, el recurso al Tribunal Constitucional. Descartó instar directamente a la Fiscalía contra Carme Forcadell.

Ahora el plan del jefe del Ejecutivo consiste en recoger la cosecha de lo sembrado durante los últimos días, tanto en los trámites parlamentarios de la Cámara autonómica, que sirven para acumular 'pruebas' contra la presidenta, Forcadell, como en el desfile por La Moncloa de los dirigentes políticos partidarios de la unidad de España y la defensa de la Constitución.

En el Gobierno daban por hecho que Forcadell se iba a saltar el reglamento y el aviso del Tribunal Constitucional para convocar el pleno requerido por el bloque de partidos separatistas aunque burle así sus obligaciones institucionales y el deber de tutela sobre los derechos de todos los diputados de la Cámara. Ha demostrado que está en el cargo para lo contrario: imponer en la cámara el programa de insubordinación a la ley acordado por CDC, ERC y la CUP. Las prisas y el descaro de la dirigente ultranacionalista (procede de ERC), servirán en bandeja al TC la tarea de fijar las responsabilidades de la desobediencia consumada.

Artur Mas. (EFE)
Artur Mas. (EFE)

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, también como abogada del Estado, ya ha señalado a Forcadell como la primera responsable política y jurídica de la resolución separatista "sin ningún género de dudas". En cuanto el texto sea aprobado el lunes, el Ejecutivo pondrá en marcha la maquinaria del Estado para anularlo. Primero pedirá un informe urgente al Consejo de Estado y habrá una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros el martes para aprobar la interposición del recurso ante el Tribunal Constitucional con el fin de que suspenda la declaración separatista.

Al mismo tiempo, Rajoy volverá a recabar el apoyo explícito para la medida de las fuerzas políticas partidarias de defender la Constitución y los principios del imperio de la ley. Pedro Sánchez será el primero llamado a la Moncloa como secretario general del otro partido 'de Gobierno' y luego le tocará el turno a Albert Rivera. Ambos están avisados y falta por decidir el formato de las reuniones, si sigue el sistema de pasarela, o no. Con Pablo Iglesias y Alberto Garzón ya no es necesario consultar porque se declaran partidarios de la impunidad, de que el Estado no mueva un sólo mecanismo legal frente al golpe.

Sáenz de Santamaría, como abogada del Estado, señala a Forcadell como la primera responsable política y jurídica de la resolución separatista

En el Ejecutivo cuentan con que el TC admita el recurso de forma inmediata y que antes del fin de semana quede en suspenso la declaración separatista. A partir de ese momento ninguna institución podrá cumplir con ningunas de las actuaciones fijadas en el texto, como la invasión de competencias en Hacienda y Seguridad Social.

Planteado el caso de la desobediencia, de la Cámara o del ejecutivo autonómico que se pueda formar en los próximos días, el Constitucional abriría el proceso correspondiente contra los responsables, un procedimiento que puede desembocar en la suspensión de funciones de las autoridades implicadas. A partir de ese punto, si los secesionistas insisten en la rebelión, al Gobierno le queda el recurso del artículo 155 de la Constitución (intervenir la Generalitat) o, con la ley se seguridad nacional en la mano, proceder a dar órdenes directamente a los funcionarios autonómicos. Sería un evidente supuesto de crisis por atentado contra el ordenamiento constitucional, un punto que está incluido en el texto. 

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