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El juez De la Mata imputa a los hermanos Josep y Pere Pujol

El juez de la Audiencia Nacional les cita para declarar el próximo viernes 13 de noviembre en el marco de la operación que dirige la Fiscalía Anticorrupción contra el hermano mayor, Jordi Pujol Jr.

Foto: Pere Pujol, hijo del expresidente de la Generalitat. (EFE)
Pere Pujol, hijo del expresidente de la Generalitat. (EFE)

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia NacionalJosé de la Mata, ha imputado a los hermanos Josep y Pere Pujol Ferrusola en el marco de las investigaciones que el magistrado sigue contra el mayor de la familia, Jordi Pujol Jr., desde hace tres años. El magistrado ha citado a los dos para que comparezcan en sede judicial el próximo viernes 13 de noviembre al entender que han podido incurrir en los delitos de blanqueo de capitales y cohecho.

Ambos se mantenían al margen de las pesquisas instruidas por la Audiencia Nacional hasta hoy, cuando más de 200 agentes de la Policía Nacional han desplegado una operación que ha conllevado el registro de 15 viviendas y empresas vinculadas con los Pujol, tanto en Cataluña como en Madrid, después de conocer el contenido de la comisión rogatoria que las autoridades de Andorra remitieron al juez De la Mata en relación con las cuentas que el clan tenía en el Principado desde 1991.

La imputación de los dos últimos hermanos Pujol se produce a petición de la Fiscalía Anticorrupción y tras conocer la documentación incautada por la policía en los registros de esta mañana, que arroja sospechas de que los ahora imputados podrían haber estado utilizando mercantiles para repartirse las comisiones que la familia recibía a cambio de la adjudicación de obras públicas.

Entre otras empresas, los agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) han entrado en MT Tahat -mercantil que los investigadores consideran elemento nuclear en este caso como tapadera de los intercambios monetarios entre los hermanos Pujol- y han intervenido abundante documentación que demostraría que Josep ha estado cobrando dinero a través de esta sociedad.

Operación policial contra el clan Pujol

Además de registrar diversas empresas, la policía también ha accedido a los domicilios de Josep, Pere y Jordi Pujol Ferrusola, que se encontraba en el momento de la operación en casa de sus padres, donde se recupera tras una lesión, lo que ha provocado que los agentes también hayan tenido que registrar la vivienda del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley y de su esposa, Marta Ferrusola, aunque únicamente para desempolvar el dormitorio donde duerme el hijo mayor de la familia.

La investigación que desarrolla la Audiencia Nacional desde hace tres años contra Jordi Pujol Jr. se centra en el rastreo del patrimonio del hijo mayor del expresidente de la Generalitat debido a las sospechas que tanto la policía como Anticorrupción mantienen sobre el origen del dinero que ha sustentado sus posesiones. La Fiscalía considera que puede haber sido obtenido gracias al cobro de comisiones ilegales recibidas a cambio de la adjudicación de obras públicas por parte del Gobierno catalán.

El mayor de los hermanos Pujol y su exmujer, Mercè Gironés Riera, ya fueron imputados en esta misma causa por los delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal. Jordi Jr. negó ante el juez Pablo Ruz, primer instructor, las acusaciones que vertió sobre él su anterior pareja, Victoria Álvarez, quien admitió en el Juzgado número 5 el 17 de enero de 2013 haber ido a Andorra junto al hijo mayor de los Pujol para ingresar 500.000 euros en metálico que transportaron en una mochila.

La Audiencia Nacional investiga cinco mercantiles -Iniciatives, Marketing i Inversions, Project Marketing Cat, Inter Rosario Port Services, Active Translation e Iberoamericana de Business and Marketing- que podrían haber sido utilizadas como tapadera por el clan Pujol para hacer creer que prestaban servicios cuando en realidad únicamente servían para que la familia ingresara el dinero procedente de las mordidas, que habría ascendido a 8,5 millones de euros. En concreto, Anticorrupción sospecha que casi una veintena de grandes empresas habrían abonado esta última cantidad después de haber recibido adjudicaciones públicas.

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