Ciudadanos se garantiza enterrar la ley de las tres alturas antes de las elecciones generales

Devolver la seguridad jurídica al desarrollo urbanístico de Madrid y hacerlo antes de las próximas elecciones generales. Éste es el espíritu del próximo movimiento que ultima la Comunidad en una jugada liderada por Ciudadanos, pero que 'sotto voce', cuenta ya con el respaldo de todos los partidos políticos con representación en la Asamblea y, sobre todo, del que gobierna, el PP de Cristina Cifuentes. El objetivo es terminar definitivamente con la conocida como ley de las tres alturas, que limita a este número de pisos más ático el tope de alturas que pueden tener los nuevos desarrollos.

La normativa, identificada a todas luces como una iniciativa personal de Esperanza Aguirre, impone esta limitación a todas las edificaciones de Madrid desde 2007. Sin embargo, la actual presidenta de la Comunidad y gran promesa dentro de Génova ya anunció tras su llegada al Ejecutivo autonómico que preveía revisar esta polémica medida dentro de la nueva Ley del Suelo, que tantos quebraderos de cabeza está dando al parlamento ante el necesario consenso entre partidos. El problema en la búsqueda de la conformidad es el habitual: falta de tiempo. Modificar toda la normativa exige como mínimo un año de trabajo, demasiado si se tiene en cuenta la proximidad del 20 de diciembre.

Precisamente, para evitar esta dilación y garantizar que la limitación de las alturas desaparezca antes de las generales, Ciudadanos presentará la próxima semana una proposición de ley para derogar el punto 8 del artículo 39 de la actual Ley de Suelo, que es el que hace referencia al número máximo de pisos. Además, el partido liderado por Ignacio Aguado, en la región, y Begoña Villacís, en la capital, prevé incluir una disposición adicional que mencione todos los grandes proyectos urbanísticos afectados, como son Operación Chamartín, Valdebebas, Mahou-Calderón, Operación Campamento y Estrategia del Sudeste, entre otros.

El anexo busca dar carpetazo a la dantesca situación que están viviendo muchos desarrollos en la ciudad de Madrid, donde los jueces se han convertido en auténticos agentes urbanizadores, al interpretar que éstos deben someterse a la ley de las alturas, aunque políticamente se haya tratado de evitar este corsé. Y no sólo políticamente. El decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, José María Ezquiaga, reconoció a este diario que la primera petición del colectivo al nuevo Ejecutivo autonómico fue precisamente la derogación de esta normativa. Los arquitectos insisten en que la ley de las tres alturas “está pensada para pequeños desarrollos” y, sin embargo, “está frenando grandes operaciones en la ciudad”.

Tras presentar formalmente la proposición de ley, Ignacio Aguado se reunirá con el resto de grupos parlamentarios, como es habitual en estos procedimientos, para debatir detalles y consecuencias de la iniciativa. Fuentes del partido aseguran que los demás grupos estarían convencidos de los beneficios de la propuesta, que supondrá un empuje para los macroproyectos urbanísticos actualmente paralizados. Después de mantener estos encuentros, la proposición de ley deberá ser votada en la Asamblea.

Ciudadanos es consciente de la importancia de los tiempos. El objetivo de presentar esta iniciativa a principios de la semana que viene es acelerar al máximo los trámites para su aprobación y poder cerrarlo antes de las generales. Mahou-Calderón o Valdebebas son dos ejemplos de actuaciones urbanísticas que tienen encima la espada de Damocles de la polémica normativa, mientras que futuros proyectos como Chamartín también podrían ser víctimas de decisiones judiciales, que sentenciarán la prohibición de edificar más de tres alturas con ático.

En el caso concreto de Operación Chamartín, en el partido dirigido por Aguado y Villacís confían en que con la derogación de este artículo y el arranque de la próxima Comisión de Urbanismo dentro del Ayuntamiento de Madrid se terminen de cumplir todos los requisitos necesarios para elevar el informe favorable a este desarrollo, y así pueda aprobarse también antes de la gran cita electoral del año. Fuentes municipales aseguran a El Confidencial que también dentro del Consistorio hay cierto consenso al respecto, incluso en el seno de Ahora Madrid.

Una vez anulada la limitación de alturas, será el Plan General de Ordenación Urbana de cada municipio de la Comunidad el que regule el número de pisos que pueden edificarse en los nuevos desarrollos de las diferentes ciudades. Al consenso político existente en torno a la necesidad de reformar la Ley del Suelo se suma el enorme impacto económico que previsiblemente tendrá para la comunidad en forma de creación de empleo e inversiones. Por ejemplo, sólo la Operación Chamartín se estima que podría crear 120.000 empleos.