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Las víctimas se querellan en Argentina contra los jefes de ETA por genocidio
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Las víctimas se querellan en Argentina contra los jefes de ETA por genocidio

Dignidad y Justicia presenta mañana un largo escrito ante los tribunales del país sudamericano con el fin de que éstos investiguen la parte que la Audiencia Nacional no ha querido indagar

Foto: La asociación de familiares de presos de ETA. (EFE)
La asociación de familiares de presos de ETA. (EFE)

Varios representantes de víctimas de ETA viajaron el pasado miércoles a Argentina con el objetivo de querellarse contra los jefes que la banda tuvo entre 1977 y 2004 por la supuesta comisión de crímenes de lesa humanidad y genocidio. En concreto, Miguel Ángel Rodríguez Arias y Daniel Portero, abogado y presidente respectivamente de la asociación Dignidad y Justicia, tomaron un vuelo ayer por la noche para entregar en los tribunales federales argentinos miles de folios de documentación con la que pretenden probar los mencionados delitos.

En caso de ser admitida a trámite la querella, los tribunales argentinos juzgarían al mismo tiempo los crímenes cometidos por el franquismo y los asesinatos de la banda terrorista ETA. Así lo explica el abogado Rodríguez Arias, quien asegura que la iniciativa no es ninguna ocurrencia y que lleva años preparándose.

“Nos situamos en un escenario amplio que pretende acabar con la impunidad de ETA”, explica Rodríguez Arias, quien considera que el delito de lesa humanidad se puede aplicar en España desde 1977 como parte del derecho penal internacional y el de genocidio desde 1970. “En España se han cometido delitos de lesa humanidad”, sentencia el letrado, que resalta que esta es la primera causa abierta por este tipo de delitos en España, en referencia a la investigación que actualmente mantiene abierta la Audiencia Nacional contra los jefes de ETA desde 2004.

La querella que Rodríguez Arias presenta este jueves en los tribunales argentinos pretende abarcar precisamente la época que no aborda la Audiencia Nacional; es decir, desde 1977 a 2004. Actualmente, el abogado también interpuso un recurso en la Audiencia Nacional contra la decisión de este último tribunal de rechazar una investigación sobre los años anteriores a 2004. En el caso de que la Audiencia emita una resolución negativa a ese recurso, según Rodríguez Arias, ese auto abrirá la puerta a que los tribunales argentinos inicien su propia investigación, ya que el derecho internacional deja claro que un país podrá abrir una instrucción en el momento en el que el estado de origen entienda que no puede investigar.

Si la decisión de la Audiencia Nacional es positiva, por otra parte, la vía argentina se cerraría automáticamente y sería el tribunal español el que abarcara toda la causa. La estrategia de Dignidad y Justicia, en cualquier caso, ya ha logrado que la Audiencia abra la primera investigación por lesa humanidad por crímenes en España, lo que Rodríguez Arias considera ya en sí un auténtico logro dentro de su convencimiento de que la banda terrorista ETA ha cometido un verdadero genocidio, además de terrorismo.

Expulsar a entre 60.000 y 200.000 personas no es terrorismo, es otra cosa; el dato es del Instituto Vasco de Criminología y la Fiscalía lo citó en su informe en el que señalaba también que expulsar a tanta gente es violencia del tipo de limpieza étnica”, apunta el letrado de Dignidad y Justicia, quien también cita al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para recordar que este organismo ya ha dicho que genocidio no es solo destruir a una parte del grupo físicamente, sino también geográficamente.

Varios representantes de víctimas de ETA viajaron el pasado miércoles a Argentina con el objetivo de querellarse contra los jefes que la banda tuvo entre 1977 y 2004 por la supuesta comisión de crímenes de lesa humanidad y genocidio. En concreto, Miguel Ángel Rodríguez Arias y Daniel Portero, abogado y presidente respectivamente de la asociación Dignidad y Justicia, tomaron un vuelo ayer por la noche para entregar en los tribunales federales argentinos miles de folios de documentación con la que pretenden probar los mencionados delitos.

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