Otra vez el debate: ¿derogar, actualizar... o aplicar la Ley contra la Violencia de Género?

La Ley contra la Violencia de Género se pone a examen con cada caso de violencia machista, y alcanza su máxima cota de críticas si, como ha sucedido esta semana, se solapa con parricidios y otros episodios de violencia doméstica. Casi once años después de la entrada en vigor de la norma, que fue considerada un ejemplo mundial, y cuando se suman 790 mujeres asesinadas desde 2003, cabe preguntar: ¿qué retos afronta esta ley de cara a la siguiente legislatura?

Con ocasión del décimo aniversario de la ley, celebrado el pasado mes de diciembre, organizaciones como Amnistía Internacional (AI) cuestionaron la efectividad y la vigencia del texto una década después. No obstante, hay partidarios de no tocarle ni una coma porque "muy pocas cosas hay que mejorar en el papel pero sí hay que aplicarla bien", como afirma a este periódico la portavoz adjunta de Jueces para la Democracia, Victoria Rosell. "Hay una aplicación desigual, debería hacerse un esfuerzo mayor en educación para la igualdad, medias sociales y laborales para las mujeres", recomienda.

Entre las principales demandas de actualización se encontraba el reconocimiento de los menores expuestos a la violencia como víctimas, uno de los puntos de la Ley de Infancia y la Adolescencia que entró en vigor este miércoles y que supuso la reforma de una veintena de leyes, incluida la de Violencia de Género. Justo en un verano en el que este flagelo se ha cobrado indirectamente la vida de al menos siete menores, se ha reconocido que estos niños son víctimas y, por lo tanto, los jueces deben garantizarles medidas cautelares, así como el derecho que tienen a cobrar el total de la pensión de orfandad en caso de que el progenitor homicida siga vivo.

Pero para los colectivos que se sienten perjudicados y discriminados por la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género la respuesta sobre el futuro de la ley es clara: debería ser anulada y nuevamente redactada con una visión que recogiera todos los tipos de violencia que se registran en el hogar. Juan Carlos Presa, presidente en Madrid y Castilla León de la ONG S.O.S. Papá, considera que "no va a haber reforma nunca para favorecer la igualdad de verdad, porque a ningún partido le interesa". Aunque su lucha va más dirigida a equilibrar las condiciones de padre y madre en la Ley de Custodia Compartida, cree que muy pocos políticos han tenido "valor" para hablar de quienes quedan fuera del ámbito jurídico de la violencia de género.

Víctimas indirectas

Entre ellos, cita a Toni Cantó, cuyas declaraciones como diputado nacional de UPyD en el Congreso –previas a su mudanza hacia Ciudadanos– suscitaron numerosas críticas. Como portavoz de Igualdad en la Cámara Baja, el actor se opuso en numerosas ocasiones a la Ley contra la Violencia de Género y apostó por otra norma que incluyera a los hombres víctimas de sus mujeres o exparejas, al colectivo LGTB, a ancianos y a discapacitados, colectivos que a su juicio quedan fuera del texto de 2004. También las mujeres violadas y las prostitutas son aisladas.

De hecho, no existen estadísticas sobre estas víctimas indirectas que pueden o no ser instrumentalizadas por el agresor para hacer daño a su pareja, más allá de la que registran los medios de comunicación. Y este punto no ha sido pasado por alto en el Congreso, puesto que el Grupo Parlamentario Socialista ha llegado a plantearlo como Proposición no de Ley, redactado por la diputada Ángeles Álvarez.

Pero para la magistrada Rosell, "hay una respuesta suficiente para esos casos en el Código Penal". "En esos sucesos de violencia doméstica, que no de género, se dictan órdenes de alejamiento y ahí también son más víctimas las mujeres que los hombres. Pero no son problemas estructurales e integrales como el de la violencia machista", acota. De hecho, la magistrada considera que los parricidios como el ocurrido el miércoles en Villa de Don Fadrique, en Toledo, son "casos aislados que no constituyen una lacra social" en la medida en la que "no es frecuente que madres con descompensaciones psiquiátricas maten a sus hijos en España".

Escasez de recursos

El principal desafío que afronta la ley es, según la portavoz de Jueces para la Democracia, la reducción de los recursos destinados a las políticas de igualdad y a la lucha contra la violencia de género por cuenta de la crisis. "Esta disminución de dinero público camina en sentido contrario a la ley de 2004", comenta, y destaca el peligro que supone el cierre de los puntos de encuentro familiar, puesto que obliga a las familias a reunirse para la entrega de los hijos en espacios públicos, pues incrementa "la exposición de la madre".

Por su parte, la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, María Ángeles Carmona, consideró este jueves en una entrevista con la Cadena SER que hechos como la desaparición y supuesto asesinato de las dos jóvenes de Cuenca representan un "fracaso del sistema". Y, para combatirlo, la representante de este organismo de análisis considera imprescindible fomentar la coordinación e integración de las medidas: "Se pueden hacer muchas cosas sin inversiones económicas. La mujer tiene que saber los recursos que hay dispuestos a ayudarla y poder salir de la violencia de género".