ya fue citado por pagar 300.000 € a la trama

Púnica salpica de nuevo a Florentino: ACS se llevó un contrato con una firma investigada

El caso Púnica alcanza de nuevo al presidente de ACS y el Real Madrid, Florentino Pérez, que el pasado marzo ya tuvo que comparecer en la Audiencia por haber encargado una campaña de imagen a la red

Foto: El presidente de ACS, Florentino Pérez. (EFE)
El presidente de ACS, Florentino Pérez. (EFE)

El caso Púnica ha vuelto a salpicar al presidente del grupo ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez. El juez que instruye la causa, Eloy Velasco, le citó a declarar como testigo el pasado 2 de marzo después de que la Guardia Civil descubriera que había contratado con fondos del club a una empresa de la trama para que mejorara su reputación personal en internet y en las redes sociales. Pérez admitió que había destinado 300.000 euros del Real Madrid a esos servicios. Pero, cuatro meses después, las pesquisas han colocado de nuevo el foco sobre su figura, en este caso por su condición de presidente del conglomerado de construcción y servicios ACS.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha concluido que la multinacional francesa Cofely habría amañado la adjudicación de un contrato de suministro eléctrico del Ayuntamiento madrileño de Moraleja de Enmedio valorado en 3,68 millones de euros. El fraude se habría urdido replicando el patrón descubierto por la UCO en otra decena de adjudicaciones irregulares concedidas igualmente a Cofely

El engaño era sencillo. Primero, los ayuntamientos sacaban a concurso la privatización del suministro eléctrico municipal escudándose en las recomendaciones planteadas por una supuesta consultora energética independiente que en realidad formaba parte de la trama. Después, la misma consultora redactaba los pliegos de la adjudicación para asegurar la victoria de Cofely. Y por último, se introducía en el contrato la obligación de que Cofely abonara la auditoría energética inicial y contratara a esa misma empresa como oficina técnica independiente durante todo el periodo de ejecución del servicio. En realidad, el dinero no lo ponía Cofely, sino que salía de lo que esta compañía facturaba al municipio. Pero lo más relevante es que el sistema sirvió, según los investigadores, para camuflar comisiones de hasta el 3%.

En la mayoría de los casos, la trama utilizó como auditora a la sociedad Ruta Energética SL, vinculada al constructor y presunto cabecilla de Púnica David Marjaliza. Sin embargo, la sociedad mercantil que desempeñó ese papel en la presunta adjudicación irregular de Moraleja de Enmedio desactivada por la Guardia Civil no fue Ruta Energética, sino otra consultora llamada Asproener SL, que hasta ahora se había mantenido al margen del procedimiento.

Un contrato idéntico a los de Cofely

La aparición de Asproener no sólo obliga a extender las pesquisas a aquellos otros municipios que privatizaron el suministro energético utilizando a esta consultora como intermediaria (más de una decena de ciudades sólo en la Comunidad de Madrid), sino que además establece una nueva conexión con Florentino Pérez. Según ha podido averiguar este diario, la filial del grupo ACS especializada en la prestación de servicios públicos, Imesapi, se habría llevado al menos un contrato de suministro energético idéntico a los de Cofely gracias a la intermediación de la mercantil que acaba de emerger en la instrucción de Púnica. El Confidencial se ha puesto en contacto con la constructora, que ha declinado hacer declaraciones al respecto.

La adjudicación a la filial de ACS bajo sospecha fue promovida concretamente por el ayuntamiento madrileño de Quijorna en 2013. En junio del año siguiente, la corporación del Partido Popular concedió a Imesapi el suministro eléctrico del alumbrado público durante los siguientes 12 años por un importe aproximado de 2 millones de euros. La mecánica del concurso fue idéntica a la utilizada en el resto de consistorios que han sido investigados por la UCO, con la única diferencia de que en este caso no salió beneficiada Cofely, sino la filial del grupo que capitanea Florentino Pérez.

Por un lado, al igual que en el resto de consistorios implicados, los pliegos que permitieron a ACS llevarse la adjudicación de Quijorna fueron redactados bajo la supervisión de una consultora, en este caso Asproener. Además, el adjudicatario debía encargarse del pago de la auditoría que había originado el concurso. Y por último, la licitación incluyó la obligación de destinar anualmente el 3% del importe del contrato a una supuesta oficina técnica independiente que debía supervisar el servicio. La nueva corporación, del partido Grupo Independiente de Quijorna, ya ha anunciado que revisará el acuerdo.

Las otras dos conexiones

Hasta ahora, Imesapi sólo había aparecido en el caso Púnica de forma colateral. El pasado octubre, en la primera fase de la operación, los expertos en delitos económicos de la Guardia Civil impidieron que el Ayuntamiento de Almendralejo (Badajoz) adjudicara irregularmente a Cofely un contrato de 25 millones de euros. El trámite aún no se había completado, pero los investigadores decidieron intervenir tras descubrir que la otra compañía que se había presentado al concurso apenas había aportado documentación. Esa otra empresa era Imesapi.

Los nombres de Cofely y la filial de ACS emergen de nuevo en el municipio de Bullas (Región de Murcia) y con un vínculo aún mayor. Las dos compañías integran la UTE que se quedó en febrero de 2014 con el contrato de suministro energético municipal. El importe de la licitación asciende a 4,3 millones de euros y tiene una duración de 15 años. El consistorio ha pedido a la UTE, sin conseguirlo, que renuncie al contrato. 

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