La Guardia Civil termina la segunda fase de Púnica con una docena de nuevos imputados

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil espera concluir a lo largo de este jueves la segunda fase de la operación Púnica. Las actuaciones iniciadas el pasado martes y dirigidas por la Fiscalía Anticorrupción se han saldado con una docena de nuevos imputados en la causa y con la toma de declaración de más de una veintena de personas por su presunta relación con el caso aunque sin responsabilidad penal demostrable, según fuentes próximas al caso consultadas por este diario.

Esta mañana han prestado declaración durante más de dos horas el alcalde de Moraleja de Enmedio, Carlos Estrada (PP), imputado porprevaricación, fraude, malversación, tráfico de influencias y cohecho, y la técnico municipal y mujer del edil, a quien se le imputan los delitos de prevaricación, fraude y malversación. El juez ha dejado a ambos en libertad sin fianza con la obligación de comparecer una vez a mes. El fiscal había solicitado para ellos una fianza de 50.000 euros, pero el magistrado ha valorado que hayan acudido a declarar voluntariamente cuando se encontraban fuera de viaje. El ayuntamiento había contratado con la empresa de la Púnica, Cofely.

El nuevo operativo contra esta trama especializada en el amaño de adjudicaciones públicas se ha centrado sobre todo en los contratos que 12 ayuntamientos habrían firmado con dos de las empresas implicadas en la red corrupta, Eico Online Reputation Management y Madiva Editorial y Publicidad, ambas controladas por uno de los presuntos cabecillas de la organización desmantelada, Alejandro de Pedro Llorca, detenido el pasado mes de octubre en la primera fase del procedimiento.

En concreto, los agentes de la UCO se han personado en los ayuntamientos de Madrid, Valencia, Castellón, Alcobendas, Majadahonda, Collado Villalba, Coslada, Gandía, Denia, Elche, Valdemoro y Cartagena para requisar los contratos que los máximos responsables de estos consistorios durante la pasada legislatura, todos pertenecientes al Partido Popular, habrían abonado a las firmas de Pedro Llorca en concepto de supuestas campañas de imagen y promoción de las localidades.

La UCO sospecha sin embargo que los supuestos contratos sirvieron en realidad para encubrir el desvío de fondos públicos para costear campañas de imagen que sólo tenían como objetivo mejorar la reputación de los alcaldes de esas ciudades. Los servicios incluían la fabricación de noticias positivas sobre los políticos y el control de las opiniones negativas que se vertían contra ellos en las redes sociales. Todo pagado con dinero de los contribuyentes.

Por esos hechos, que ya han motivado la imputación y dimisión de los exconsejeros de la Comunidad de Madrid Salvador Victoria y Lucía Figar, los expertos en delitos económicos de la Guardia Civil han decidido detener e imputar en esta segunda fase de la investigación a otra docena de cargos políticos y funcionarios.

Los más relevantes de los que han caído en esta nueva oleada de arrestos son el alcalde en funciones de Castellón, Alfonso Bataller, el regidor de Gandía y candidato a renovar el cargo, Arturo Torró, y el exprimer tenientede alcalde de este último municipio, Víctor Soler. Además, los investigadores han decidido tomar manifestación a más de una veintena de dirigentes y empleados públicos en relación también con los contratos firmados por sus respectivos ayuntamientos con Eico y Madiva.

La UCO espera concluir este mismo jueves los últimos interrogatorios y empezar a analizar las declaraciones y toda la documentación que ha recopilado para citar a nuevos implicados a lo largo de la próxima semana. No obstante, según fuentes próximas al caso, no se espera que se produzca nuevos requerimientos ni tampoco otras imputaciones.

A las actuaciones que se han producido esta semana en relación con los contratos de imagen y reputación hay que sumar también el registro del ayuntamiento madrileño de Moraleja de Enmedio por la adjudicación de un contrato a Cofely, la multinacional francesa del gigante energético GDF-Suez que hasta ahora figura como la principal beneficiada por las actividades delictivas de la trama Púnica con presuntas adjudicaciones irregulares por valor de 250 millones de euros.

Los investigadores registraron las dependencias municipales el pasado martes y han detenido a su alcalde, Carlos Alberto Estrada, y a una técnico municipal. La acusación gira sobre la concesión a Cofely en abril de 2008 de un contrato de gestión energética durante 15 años por un importe acumulado de 3,6 millones de euros, a pesar de que el pueblo apenas tiene 5.000 habitantes.

Se trata de la única diligencia de esta segunda fase de Púnica relacionada con las adjudicaciones a Cofely, pero fuentes de la investigación aseguran que se ha decidido incluir en estas actuaciones el caso de Moraleja de Enmedio “ante la certeza de que se produjo una maquinación para lograr el amaño de la concesión”. No obstante, las investigaciones sobre Cofely no han concluido. Las pesquisas avanzan en esa dirección.