La exdirectora general de Medios de Ana Botella citada a declarar por el caso Púnica

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha desplazado este martes a varios ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana para requisar documentaciónrelacionada con la trama Púnica. Según fuentes próximas a la investigación consultadas por El Confidencial, los agentes del Instituto Armado se han personado en los ayuntamientos de Madrid, Collado Villalba, Majadahonda, Alcobendas,Coslada y Valdemoro, y en la Comunidad Valenciana, en los de Valencia, Castellón, Denia,Gandíay Elche. Además, también están registrando el ayuntamiento madrileño de Moraleja de Enmedio. La directora general de Medios de Comunicación del Ayuntamiento de Madrid hasta hace dos semanas, Elena Sánchez Pérez-recolocada en el área institucional de RTVE apenas unos días antes de las elecciones-y un compañero de su equipo han sido citados a declarar esta tarde como testigos por el caso. Además, el equipo de la Guardia Civil desplazado hasta el consistorio que dirige Ana Botella se ha llevado una bolsa con documentación y una caja con material informático.

El instructor de la causa, el juezde la Audiencia Nacional Eloy Velasco, busca en concreto los contratos que los responsables de estas localidades habrían suscrito con dos de las empresas que formaban parte de la presunta red corrupta, Eico Online Reputation Management y Madiva Editorial, las firmas que dirigía el imputado Alejandro de Pedro Llorca.Como adelantó este diario, el magistrado sospecha que las adjudicaciones a esas sociedades especializadas en mejorar la reputación e imagen en internet y redes sociales de personalidades pudieron servir para financiar ilegalmente a formaciones políticas. Además, el juez ya apuntó en su primer auto que pudieron desviarse fondos públicos para costear campañas deimagen personal de cargos institucionales.

Las acusacionesafectan sobre todo al Partido Popular, que se ha visto especialmente golpeado por este caso de corrupción y sigue en el foco de las nuevas actuaciones. Hasta ahora, los dos mayores feudos del PP durante la pasada legislatura, Madrid y Valencia, se habían quedado al margen de la investigación judicial. También consistorios tan relevantes como Castellón, Gandía y Alcobendas. Pero las indagaciones de los expertos en delitos económicos de la Guardia Civil han acabado acorralando a los máximos dirigentes de esas instituciones. El único ayuntamiento en el que se están produciendo registros, Moraleja de Enmedio, también fue gobernado por el PP hasta el pasado 24 de mayo.

En plenas negociaciones poselectorales

La Guardia Civil se está limitando a requerir documentación relacionada con Eico. Por el momento, no se contemplan detenciones por estos hechos. Pero las nuevas diligencias pueden tener un efecto letal en la política de pactos del PP. Losrequerimientos se producen en plenas negociaciones para la formación de gobiernos en las comunidades de Madrid y Valenciay pueden acabar provocando un vuelco en los posibles acuerdos.

Por ejemplo, el alcalde de Alcobendas, el popular Ignacio García de Vinuesa, ocupa el puesto número 27 en la lista que encabezó Cristina Cifuentes en las pasadas elecciones. El partido con el que negocia laantigua delegada del Gobierno en Madrid para conseguir la mayoría en la Asamblea Regional, Ciudadanos, ya ha advertido que no pactará con formaciones que tenganimputados ensus filas. El alcalde ha declarado a El Confidencialque está "tranquilo" y "no piensa en dimitir". Además, descarte que "vaya a ser imputado en la causa".

En los ocho meses que se prolonga ya la instrucción judicial sobre esta trama de corrupción ya se ha producido la imputación de casi un centenar de personas. La semana pasadatuvieron que dimitir los consejeros madrileñosde Presidencia, Salvador Victoria, y de Educación, Lucía Figar, por su implicación en el procedimiento. Al igual que en las nuevas diligencias, su imputación está relacionda con la contratación de las empresas del presunto cabecilla de la redPedro Llorca.