imputa al partido como responsable subsidiario

Papeles de Bárcenas: Ruz no halla la prueba de que Rajoy supervisara la 'caja B' del PP

Ruz termina la pieza separada del caso Gürtel. Como adelantó 'El Confidencial', los extesoreros y el arquitecto que remodeló la sede serán imputados. No hay pruebas de que Rajoy supervisara la 'caja B'

Foto: El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (EFE)
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (EFE)

El juez Pablo Ruz ha dado por acreditado que el Partido Popular ha manejado una contabilidad 'B' durante casi dos décadas, lo que se traduce en una hipotética financiación ilegal que no es perseguible penalmente. Ahora bien, a lo largo de la instrucción del caso conocido como 'papeles de Bárcenas', que ha durado dos años, no ha podido certificar que esa contabilidad paralela manejada por los tesoreros de la formación fuera dirigida ni supervisada por los máximos representantes del partido, es decir, primero José María Aznar y después Mariano Rajoy.

En el auto por el que el magistrado de la Audiencia Nacional da por concluida la investigación de este asunto, se constata un “sistema de financiación de la formación política llevado a cabo a través de aportaciones procedentes de fuentes privadas que, de forma sistemática, entre los años 1990 y 2008”, habría llevado a incumplir “los límites, requisitos y condiciones establecidos en la ley”. Al cargo de este sistema estaba el que fuera gerente nacional del Partido Luis Bárcenas y el tesorero de la formación Álvaro Lapuerta desde 1993 hasta junio de 2008, siendo entonces sustituido en el cargo por el primero.

Ruz concluye la investigación de los 'papeles de Bárcenas' y da por cierta la caja B del PP

 

Sin embargo, a lo largo de los 190 folios de la resolución el instructor no menciona que esa contabilidad manejada por los tesoreros se hiciera por órdenes superiores. Los principales dirigentes del PP han mantenido en alguna ocasión su desconocimiento de esa manera de actuar. Desde las filas del partido se ha intentado hacer creer que esa caja 'B' se trataba de una forma de actuar de la Tesorería, de la cual la cúpula desconocía. 

Al final, todo el escándalo surgido después de que se diera a conocer a través de los medios de comunicación una contabilidad paralela manuscrita por Bárcenas acaba únicamente con los tesoreros y el gerente del PP en el banquillo, así como el arquitecto que realizó la obra de la sede del partido en la calle Génova y dos de las trabajadoras del estudio Unifica.

Con la entrega a Ruz de todos esos apuntes contables, Bárcenas dejaba claro que tenía dos objetivos: dañar a Rajoy por dejarle caer después de que Suiza enviara documentación relativa a sus cuentas en aquel país, donde había llegado a acumular 48 millones de euros; y acabar con la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, por ser la persona que forzó su polémico despido.

El juez Pablo Ruz a su llegada a la Audiencia Nacional. (EFE)
El juez Pablo Ruz a su llegada a la Audiencia Nacional. (EFE)

 

Rajoy y Cospedal se salvan

Sus aspiraciones han quedado desvanecidas. Rajoy ha quedado personalmente ajeno a todo este asunto y, respecto a Cospedal, Ruz afirma que la versión de Bárcenas de que las donaciones de Sacyr fueron solicitadas por la presidenta de Castilla-La Mancha para la campaña del PP en las elecciones autonómicas de 2007 en esa comunidad autónoma “no ha podido ser hasta el momento corroborado por las diferentes declaraciones de imputados y de testigos practicadas en el curso de la instrucción”.

De esa financiación irregular, los únicos que tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados son Bárcenas y Lapuerta. El juez sostiene que, efectivamente, hay indicios más que suficientes de que empresarios, que reciben adjudicaciones con las Administraciones del PP realizaron donaciones por encima de lo fijado por ley y ese dinero se utilizó para pagar sobresueldos a miembros del partido, ayudar a víctimas del terrorismo, financiar a fundaciones y ONG y pagar campañas electorales. De todo esto podría deducirse un delito contable, además de delitos electorales, pero están ambos prescritos.

“Consta indiciariamente acreditada la existencia de una caja B en el PP que funcionó al menos desde el año 1990 y hasta el año 2008, nutrida con carácter general de donativos o aportaciones efectuadas al margen de la contabilidad oficial presentada por la formación política al Tribunal de Cuentas, y con vulneración de la normativa reguladora de la financiación de partidos políticos”, afirma el juez. Ahora bien, al no estar fijada por ley la financiación ilegal de partidos, el magistrado explica que no se puede ir contra el partido como tal.

El extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas. (Reuters)
El extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas. (Reuters)

 

Las leyes salvan al PP

Otro delito que Ruz cree que el PP ha podido cometer es el fiscal por el Impuesto de Sociedades del año 2008 al pagar con dinero negro 880.000 euros al arquitecto Gonzalo Urquijo por llevar a cabo la reforma de la sede madrileña de la calle Génova, por la que le abonaron con dinero de la caja 1,5 millones de euros. Sin embargo, ese año todavía no eran imputables las personas jurídicas –hasta que se incorporó en el Código Penal en 2010–, por lo que los responsables penales vuelven a ser Bárcenas y el gerente en ese momento, Cristóbal Páez. Eso sí, el instructor señala al partido como responsable civil subsidiario de lo que pueda resultar de estos delitos fiscales en el juicio.

Al final, tal y como ya adelantó El Confidencial, la causa de 'papeles de Bárcenas' acaba en un juicio muy reducido, dejando fuera a los máximos representantes del PP y a la veintena de empresarios que fueron imputados por donar a la formación más dinero del fijado por la ley. Se los perseguía por un posible cohecho al donar esas cantidades a cambio de adjudicaciones por parte de las Administraciones gobernadas por el PP. Para Ruz, hay suficientes indicios para hacer creer que efectivamente se realizaron esas donaciones, pero no por una contraprestación.

“El conjunto de lo instruido permite dotar de suficiente apariencia de veracidad al conjunto de aportaciones económicas registradas y atribuidas a los querellados”, afirma el juez, que aclara: “No habiéndose detectado, por el contrario, que las concretas aportaciones dinerarias recibidas de los empresarios por el gerente y tesorero de la formación política fueran empleadas para fines distintos” a los fijados por el propio juez.

El administrador general del PP durante las elecciones generales de 2008 Cristóbal Páez. (EFE)
El administrador general del PP durante las elecciones generales de 2008 Cristóbal Páez. (EFE)

 

Por tanto, “no resulta posible establecer una vinculación o relación entre los ingresos por donaciones investigados y la adjudicación de contratos públicos a los presuntos donantes, la conclusión provisional debe ser a tal respecto la de la ausencia, por el momento, de suficientes indicios para estimar justificada la comisión de delitos”.

En relación con el auto de Ruz, el PP ha reiterado en un comunicado que "la denominada 'caja B'" que el juez les atribuye "nunca ha sido conocida por este partido". En Génova no comparten "la teoría de la obligación de tributar por el impuesto de sociedades por unas supuestas donaciones que el PP desconocía", y el partido "se reserva las acciones legales que le correspondan, en el ejercicio de su derecho de defensa, en el momento procesal oportuno".

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