'Caso Gürtel': el PSOE presiona al Gobierno para que deje de 'torear' al juez Ruz

Tal vez el PSOE no pueda evitar que, como aseguran fuentes de la dirección del partido, el Gobierno "siga toreando" a Pablo Ruz, instructor del caso Gürtel, negándole informaciones clave para avanzar en la instrucción del sumario y de su pieza separada, el caso Bárcenas. Pero confía en que, al menos, sacará "los colores" al PP por "obstrucción a la Justicia". De ahí que los socialistas hayan forzado que el Congreso debata el próximo día 24 la petición de reprobación del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y amenacen con hacer lo propio con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, si la Agencia Tributaria continúa "torpedeando" la labor del juez.

Mañana vence el plazo de cinco días que Ruz dio a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente del Ministerio de Hacienda, para que calculase la cuota tributaria que presuntamente defraudó el PP por las donaciones supuestamente ilegales que el partido del Gobierno recibió en 2008. Los populares desviaron una parte de ese dinero al pago de sobresueldos a su cúpula dirigente y a las obras de reforma de su sede central, en el número 13 de la calle de Génova, en Madrid.

Si Hacienda incumpleeste nuevo requerimientodel magistrado de la Audiencia Nacional, el PSOE pedirá también la reprobación de Sáenz de Santamaría, entre cuyas atribuciones está la coordinación de la acción del Gobierno y de todos los ministerios. El pasado jueves, los socialistas ya presentaron una proposición no de ley en el Congreso reclamando la reprobación de Montoro, con el argumento de que "es obligado cumplir las sentencias y resoluciones firmes de los jueces y tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso (...), obligación que es aún más ineludible en el caso de los poderes públicos".

Este es el segundo requerimiento de Ruz a la ONIF en menos de tres semanas. A finales del pasado mes de febrero, el magistrado dictó una providencia en la que daba cinco días al organismo que dirige Margarita García-Valdecasas para que le informase "de la tributación que eventualmente habría de corresponderal PP por el impuesto de sociedades en 2008 en relación a las aportaciones económicas que en concepto de donaciones aparecen anotadas en los registros contables opacos recogidos en los denominados papeles de Bárcenas".

Según esos papeles, el PP ingresó en 2008 -ejercicio que aún no ha prescrito- donacionespresuntamente ilegales que sumaban 1,05 milllones de euros. El partido, entonces en la oposición, nunca tributó poresos ingresos, por lo que podría haber defraudado a la Agencia Tributaria más de 120.000 euros, incurriendo así en un delito fiscal.

García-Valdecasas rechazó el pasado día4 la petición de Ruz para que la ONIF calculase el presuntofraude fiscalcometido por el PP,argumentando que el criterio de los técnicos de Hacienda es que, según la Ley de Financiación de Partidos, esos ingresos en negro no están sujetos a tributación, y que sólo lo estarian en el caso de que los populares hubieran destinado esas donaciones a una actividad distinta a la que es propia de un partido político. La responsable de la ONIF es hermana de la exdelegada del Gobierno en Barcelona y exministra de Administraciones Públicas en el último Gobiernode José María Aznar, Julia García-Valdecasas, fallecida en 2009.

En su respuesta a Ruz, lajefa de la ONIF sostenia que"el dictamen emitido por la Agencia Tributaria no puede ser revisado por el órgano judicial penal, pues no tiene ninguna competencia revisora al respecto". Y conminaba al juez a que, si no compartía el criterio de los peritos de Hacienda, "recurra a la opinión técnico-jurídica de otra persona o entidad distinta". García-Valdecasas añadíaque "lo que no se puede pretender es constreñir al autor de un informea emitir una opinión distinta de la que ya ha manifestado en ocasiones anteriores".

Ruz replicó a esa argumentación, esta misma semana, afirmando que el criterio defendido por la jefa de la ONIF es "infundado" e "improcedente", y le volvió a dar un nuevo plazo de cinco días, que concluye mañana, para que cuantifique la cuota que presuntamente defraudóel PP por las donaciones que recibió en 2008. El magistrado, además, ha reclamado a la Agencia Tributaria que calcule el IVA defraudado por los populares al haber pagado en negro 1,7 millones de euros por las obras de remodelación de su sede centralentre 2005 y 2010.

En su proposición no de ley, que se debatirá en el Congreso inmediatamente después de las elecciones andaluzas del próximo domingo, el PSOE afirma que la negativa de Hacienda a facilitar la información solicitada por Ruz "es especialmente grave, por cuanto, además de sus funciones como administración tributaria, tiene encomendada legal y específicamente la asistencia, colaboración y auxilio a los órganos judiciales en causas seguidas por delitos contra la Hacienda Pública y otros de naturaleza conexa".