el pp irá a juicio como responsable civil

Ruz concluye los papeles de Bárcenas con los extesoreros y el arquitecto imputados

El magistrado da por cierta la existencia de una contabilidad paralela del PP y fija al partido como responsable civil subsidiario por pagar al arquitecto parte de la obra en B

El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, cierra la instrucción de los 'papeles de Bárcenas' dos años después de iniciar la investigación con indicios de delito únicamente para los extesoreros del PP, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, y el arquitecto que llevó a cabo la reforma de la sede del partido, Gonzalo Urquijo. El PP tendrá que ir a juicio como responsable civil subsidiario.

Ruz también ve indicios suficientes para sentar en el banquillo al exgerente del partido, Cristóbal Páez, y a dos trabajadoras del despacho del arquitecto de Unifica, Belén García y Laura Montero. A todos ellos, se les imputa delitos contra la Hacienda Pública, tanto por parte de Unifica (por el impuesto de sociedades de 2007 y el IVA de 2010), como por parte del PP, por el impuesto de sociedades de 2008, al no haber declarado las donaciones presuntamente recibidas en dicho ejercicio, sin perjuicio de la cooperación de los responsables del PP en la comisión de los delitos atribuidos a Unifica. A Bárcenas y Lapuerta se les imputa delito de apropiación indebida. A los responsables de Unifica también se les imputa el delito de falsedad documental.

El magistrado da por cierta la existencia de una contabilidad paralela en el PP y fija al partido como responsable civil subsidiario por pagar al arquitecto parte de la obra en negro. El juez acuerda el sobreseimiento provisional y parcial de los 22 restantes imputados, entre ellos empresarios y el ex secretario general del PP, Ángel Acebes. El juez cifra en 1.552.000 euros el pago total realizado a Unifica en 'b' por las obras en la sede.

Por otro lado, Ruz incoa pieza separada y se inhibe a un juzgado de Toledo la investigación sobre el expediente de limpieza de la ciudad por el que se adjudicó a Sufí el servicio de basuras. Ruz aprecia indicios de delitos de prevaricación y cohecho. En el momento presente no se cuentan con elementos indiciarios suficientes que justifique la investigación de aforados, cuya competencia seria del TSJ de Castilla La Mancha.

Financiación irregular

En el auto de conclusión, de 190 folios, el magistrado entiende que ha quedado indiciariamente acreditado que la formación desde 1990 y hasta al menos 2008 se vino sirviendo de diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal, lo que permitió operar, al menos durante los 18 años investigados, con varios sistemas de cuentas que registraron corrientes financieras de entradas y salidas de dinero al margen de la contabilidad oficial declarada por el partido y presentada ante el Tribunal de Cuentas, “ funcionando las referidas cuentas a modo de contabilidades paralelas, cajas de dinero en efectivo o 'cajas b'.

El juez se basa para llegar a esta conclusión en los documentos intervenidos en los registros, los documentos aportados por las diversas entidades públicas y privadas, los interrogatorios realizados y los informes periciales. A su juicio, existen indicios sólidos y fundados de la realidad de determinadas entradas de fondos dinerarios opacos o en 'b' a favor del Partido Popular, así como de determinadas salidas de dichos fondos lo que permite corroborar la “ existencia y circulación en el seno del Partido Popular a cargo del gerente y tesorero nacional de diversas corrientes financieras de cobros y pagos continuas en el tiempo, al margen de la contabilidad remitida por el Tribunal de Cuentas y sin la correspondiente declaración ante la Hacienda Pública, integrando sistemas paralelos de funcionamiento y gestión económica-financiera de la formación política a modo de contabilidades opacas o “ cajas B”.

De esta manera, Ruz ratifica que el PP manejó durante casi 20 años una contabilidad 'b', pero recuerda que no se puede actuar penalmente contra esta actuación al no venir recogida en el Código Penal la financiación ilegal.

PP, responsable de un delito fiscal

Descartado el delito de financiación ilegal, el juez tipifica los hechos relacionados con el conjunto de donaciones presuntamente recibidas por Bárcenas y Lapuerta para el PP y a la aplicación de estas donaciones para diferentes salidas dinerarias como delito continuado de falsedad contable y delitos electorales, aunque ambos están prescritos, y delito contra la Hacienda Pública tanto por los responsables de Unifica (por el impuesto de sociedades de 2007 y del IVA de 2010) como por el PP por las donaciones recibidas por el PP en 2008.

En relación con la tributación de las donaciones recibidas, Ruz considera en plano indiciario responsable al PP de un delito contra la Hacienda Pública por no haber presentado la declaración por el Impuesto de Sociedades correspondiente al ejercicio de 2008, al entender que esas donaciones recibidas aquel año no cumplían por ello “con los presupuestos, requisitos y limitaciones, tanto formales como materiales establecidos en la normativa vigente reguladora de la financiación de los Partidos Políticos (LO 8/2007) careciendo las aportaciones privadas recibidas de la consideración de rentas exentas por no haber cumplido con el criterio de transparencia legalmente marcado, y habiéndose destinado a los pagos fiscalmente opacos y ajenos a la contabilidad oficial remitida por el Partido al Tribunal de Cuentas que han sido indiciariamente acreditados”.

Como el PP no puede ser responsable penal, Ruz fija como tal al administrador o responsable legal de la formación política en aquel momento y que serían Bárcenas y Paéz, cooperando parcialmente en su comisión Lapuerta.

Ruz adopta este criterio en contra de la versión tanto de la Agencia Tributaria como de la Fiscalía, que entienden que el PP no tenía que declarar el impuesto de Sociedades porque las donaciones están exentas de tributación. Sin embargo, el instructor prefiere llevarlo a juicio y que sea en ese momento cuando el tribunal aclare esas distintas interpretaciones de la ley.

A Bárcenas y Lapuerta también se les imputa un delito de apropiación indebida por sacar dinero de la 'caja b' del partido para comprar acciones de Libertad Digital y no reintegrar la cantidad a las arcas de la formación que preside Mariano Rajoy.

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