Y TAMBIÉN A SU NÚMERO DOS EN LA CAJA

Ruz sienta en el banquillo al expresidente de CCM con una fianza de 138 millones

Ruz acaba de decidir sentar en el banquillo de los acusados al expresidente de Caja Castilla-La Mancha, Juan Pedro Hernández Moltó, y al exdirector general

Foto: El expresidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM) Juan Pedro Hernández Moltó (Efe)
El expresidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM) Juan Pedro Hernández Moltó (Efe)

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz acaba de decidir sentar en el banquillo de los acusados al expresidente de Caja Castilla-La Mancha, Juan Pedro Hernández Moltó, y al exdirector general de la entidad, Ildefonso Ortega, por los delitos societarios de falseamiento de las cuentas anuales y administración desleal. En un auto, el magistrado requiere a ambos acusados para que en diez días y de forma solidaria presten fianza de responsabilidad civil de 138.200.000 euros.

La cantidad que fija el magistrado en el auto de apertura de juicio oral selecciona la cantidad de la fianza en base a la solicitada por la acusación ejercida por Banco Castilla-La Mancha de indemnización por el perjuicio económico sufrido por la entidad en relación con las operaciones investigadas en este caso. En la resolución, el juez apercibe a los acusados de que se decretará el embargo de sus bienes en caso de que no constituyan la fianza impuesta. Ruz declara competente para el enjuiciamiento del procedimiento al Juzgado Central Penal y da diez días a los acusados para que formulen escrito de conformidad o disconformidad con la acusación.

Caja castilla la mancha
Caja castilla la mancha

Los acusados se enfrentan a una pena de dos años y medio de prisión, tal y como solicita la Fiscalía Anticorrupción, por un delito de falsedad contable al entender que ambos directivos de la caja, hoy desaparecida e integrada en Liberbank a través de Cajastur, hicieran una “maniobra contable” que logró que “los estados financieros de CCM, tanto individuales como consolidados, reflejaran beneficios en lugar de pérdidas” en el ejercicio de 2008. En concreto, los beneficios declarados fueron de 29,8 millones de euros cuando el resultado negativo consolidado era en realidad de 182,2 millones de euros.

En contra de la Fiscalía, Ruz considera que los acusados habrían podido cometer también un delito de administración desleal y ya en su auto de procesamiento dio por indiciariamente acreditada la existencia de una serie de operaciones de crédito con una “notoria desproporción entre los riesgos concedidos y su probabilidad de recuperación”. Y ello con “manifiesto incumplimiento de los estándares normales en la concesión de riesgos”, que derivó en un "perjuicio económico para la caja", ejecutando determinadas prácticas con “incidencia o afectación sobre la imagen fiel contable y de riesgos, como consecuencia de ocultar la morosidad y el nivel de concentración de riesgos de la entidad”.

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