El fiscal pide 2 años y medio de cárcel para el expresidente de Caja Castilla-La Mancha

La Fiscalía Anticorrupción solicita para el expresidente de Caja Castilla-La Mancha, Juan Pedro Hernández Moltó, y para el exdirector general de la entidad, Ildefonso Ortega, dos años y seis meses de prisión por un delito societario al haber concedido créditos irregulares, que no fueron devueltos por los beneficiarios.

Así consta en su escrito de acusación después de que el juez d ella Audiencia Nacional, Pablo Ruz, concluyera la instrucción por los delitos de falseamiento de las cuentas anuales y otro de administración desleal. Esta petición será la que el Ministerio Público reclame una vez que los dos ex responsables de la Caja se sienten en el banquillo de los acusados. En esta causa había otros siete directivos implicados pero finalmente han quedado fuera del proceso al no existir, según el instructor, suficientes indicios de delitos.

Según el escrito de acusación, el delito comenzó a fraguarse en el año 2008, cuando la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha (CCM) atravesaba una situación de falta de liquidez, debida en gran parte al “deficiente control en la gestión del riesgo, el incremento de la morosidad y el deterioro de las inversiones ligadas al sector promotor”, que comprometía gravemente la viabilidad futura de la entidad. Esta situación fue advertida por los técnicos del Banco de España, ya que CCM estaba en esos momentos sometida a un procedimiento de inspección por parte del organismo regulador.

Posteriormente, el 10 de febrero de 2009, Ortega, con la “aquiescencia” de su superior y también acusado Juan Pedro Hernández Moltó, remitió al Banco de España los estados financieros individuales y consolidados públicos de CCM a 31 de diciembre de 2008, en los cuales no se habían atendido los requerimientos del Banco de España y no se reflejaba por tanto, la situación financiera real de la entidad. Concretamente y en lo que se refiere a los estados individuales, se registró el deterioro de las participaciones en las sociedades cotizadas ‘Afirma Grupo Inmobiliario, S.A.’, ‘Inmobiliaria Colonial, .S.A.’ y ‘Parquesol Inmobiliaria y Proyectos, S.A.’ como ajustes de valoración dentro del patrimonio neto, en lugar de incluirlo en la cuenta de resultados, que presentaba un resultado antes de impuestos de 93.071.000 euros.

Teniendo en cuenta que esas minusvalías alcanzaban a 31 de diciembre los 212.100.000 euros, el resultado del ejercicio debía haberse aminorado en ese importe. También habrían resultado negativos los estados consolidados de CCM a la misma fecha, “que reflejaban un ficticio beneficio” antes de impuestos de 29.860.000 euros. En cuanto al requerimiento relativo a la correcta calificación de créditos y dotación de provisiones, existía un déficit de provisiones específicas de 57.000.000 euros sobre los 245.000.000 euros exigidos.

“Con la anterior maniobra contable, los acusados lograron que los estados financieros de CCM, tanto individuales como consolidados, reflejaran beneficios en lugar de pérdidas. Concretamente, por efecto del ajuste exigido por el Banco de España, habría debido registrarse un resultado negativo (pérdidas) de al menos 119.029.000 euros en los estados individuales, y de al menos 182.240.000 euros en los estados consolidados”, recoge en su escrito de acusación.

Engaño en las cuentas

No obstante, pocos días después de la publicación de esas cuentas, el 28 de marzo de 2009, el Banco de España resolvió la sustitución del Consejo de Administración de CCM y el nombramiento de tres funcionarios del regulador como administradores provisionales de la entidad. Al día siguiente, domingo, un Consejo de Ministros extraordinario dictó el Real Decreto Ley 4/2009, de 29 de marzo (publicado en el BOE del mismo día), por el que se autorizaba a la Administración General del Estado para avalar durante el ejercicio 2009 por un importe máximo de 9.000 millones de euros, en garantía de las obligaciones derivadas la financiación que pudiera otorgar el Banco de España a favor de Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha.

En el texto del citado Decreto Ley se afirmaba que la situación de CCM en ese momento requería “la provisión de una financiación extraordinaria para superar sus dificultades transitorias de liquidez y así posibilitar el mantenimiento de su operativa y el cumplimiento de todas sus obligaciones frente a depositantes y acreedores en general”.

Esta actuación de las autoridades impidió que nuevos depositantes o acreedores, confiados en la aparente buena situación financiera de CCM según sus cuentas publicadas y difundidas por la CECA, contrataran con una entidad como CCM que, de no haber sido por la inyección de capital público, habría sido incapaz de atender en ese momento a las obligaciones contraídas. “Las cuentas definitivas presentadas por los administradores provisionales, que tuvieron oportunidad de realizar un análisis más profundo de la situación real de CCM, reflejaban un resultado negativo antes de impuestos (pérdidas) en el ejercicio 2008 de 762.149.000 euros (individual) y 1.066.034.000 euros (consolidado)”, lo que para la Fiscalía es una muestra de la existencia de un delito societario por parte de los dos máximos responsables de la caja en aquel momento.

El juez ya explicaba en su auto de conclusión que se produjo una serie de operaciones de captación de crédito en las que existió una “notoria desproporción” entre los riesgos concedidos y su probabilidad de recuperación por parte de CCM. Un perjuicio económico derivado de la actuación de los dos imputados, quienes llevaron a cabo prácticas orientadas a “falsear” la imagen fiel contable y de riesgos de Caja Castilla-La Mancha, al ocultar la morosidad y el nivel de concentración de riesgos.

Para Ruz, Ortega “siguiendo instrucciones” de Hernández Moltó, procedió a “elaborar y presentar” una cuenta de resultados para el ejercicio 2008 con beneficios, “siendo ambos conscientes”, destacaba el juez, de que “la entidad en realidad había incurrido en pérdidas” en dicho ejercicio.