La Junta recupera sólo uno de cada 100 € defraudados en ERE, UGT y cursos
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RECLAMA 92 MILLONES DE EUROS

La Junta recupera sólo uno de cada 100 € defraudados en ERE, UGT y cursos

Caso ERE: 71 millones de euros defraudados. Caso UGT: 4,9 millones de euros. Caso de los cursos de formación: 17 millones de euros... de momento

Foto: La presidenta de la Junta de Andalucía y dirigente socialista, Susana Díaz (EFE)
La presidenta de la Junta de Andalucía y dirigente socialista, Susana Díaz (EFE)

Caso ERE: 71 millones de euros defraudados al 90% de la revisión de las ayudas sociolaborales. Caso UGT: 4,9 millones de euros con 21 expedientes revisados. Caso de los cursos de formación: 17 millones de euros en el 50% de las ayudas concedidas desde 2007 a 2011. Son las cantidades oficiales reclamadas por el Gobierno andaluz en las tres investigaciones internas abiertas en la administración autonómica después de que estos tres escándalos estallaran en los tribunales desde hace ya tres años. La investigación sigue abierta en las consejerías de Economía y Educación, en el caso de la formación aún a la mitad de las ayudas revisadas. La realidad es que la Junta de Andalucía solo ha recuperado de este dinero que admite como defraudado en las diversas tramas corruptas un total de 1.225.000 euros. Solo un euro de cada cien que admite que otorgó irregularmente o fue indebidamente gastado. Apenas un millón de euros (1,2) en los ERE fraudulentos y 25.500 euros devueltos por los ugetistas. El resto está en fase de apremio o suspendidos y paralizados cautelarmente en distintas instancias judiciales, según datos oficiales recopilados por El Confidencial.

“Recuperaré hasta el último céntimo del dinero defraudado”. Esa es la máxima con la que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, tomó posesión de su cargo hace poco más de un año. Pero el propósito del Gobierno andaluz por tratar de taponar la hemorragia de la corrupción y recuperar apego de los ciudadanos no se está cumpliendo. El Ejecutivo autonómico admite que se enfrenta a una cadena interminable de recursos legales en los que se refugian quienes tendrían que devolver el dinero. Las garantías jurídicas y procesales son muchas. Queda claro que en Andalucía era mucho más fácil que alguien cobrara sin justificarlo una subvención que el camino inverso. La recuperación de los fondos desviados se está convirtiendo en una auténtica pesadilla para el Gobierno andaluz.

Hasta el punto que la consejera andaluza de Hacienda, María Jesús Montero, ha apelado al Ministerio de Justicia a cambiar la ley e instaurar una “vía exprés” que permita reingresar ese dinero. Desde este departamento aseguran que la consejera le ha trasladado al secretario de Estado de Hacienda, Antonio Beteta, las numerosas dificultades que están encontrando en los tribunales en busca de auxilio del Estado.

La presidenta de la Junta llegó a prometer un plan de empleo para jóvenes con los fondos que se recuperaran de los ERE. En el Presupuesto andaluz en vigor, Hacienda pintó una partida de 160 millones de euros en ingresos por la recuperación de pagos indebidos después de una agria bronca por este asunto con el principal partido de la oposición. El PP denunciaba la falta de interés del Gobierno por recuperar este dinero. Los ingresos previstos por esta vía no han llegado.

La Junta no ha cesado de recibir varapalos en los tribunales cuando ha reclamado la devolución de las ayudas sociolaborales incorrectamente abonadas. Recuperar los reintegros se convierte en misión imposible y en una cadena interminable de recursos, admiten fuentes de los servicios jurídicos del Gobierno andaluz. El litigio judicial se libra con perceptores individuales de las pólizas de prejubilaciones irregulares pero también con administraciones como los ayuntamientos. La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado la razón por ejemplo al consistorio de Guadalcanal (Sevilla), un pueblo de la Sierra Norte sevillana donde se concentraron la mayoría de las ayudas presuntamente fraudulentas, asegurando que no debe devolver los fondos indebidamente cobrados entre 2002 y 2005. Abre una vía para otros muchos.

En una respuesta parlamentaria, el Gobierno andaluz elevó a seis millones de euros el dinero cobrado de los ERE fraudulentos. Los números no coinciden. La opacidad a este respecto es elevada. La Consejería de Economía es la única que responde y señala que reclama en este caso 71 millones de euros, de los que 1,2 han sido devueltos en periodo voluntario, 22 millones están “en providencia de apremio” y “una parte importante suspendidos o paralizados cautelarmente en distintas instancias judiciales”. La jueza instructora, Mercedes Alaya, eleva la dimensión del fraude ante el Tribunal Supremo a 855 millones de euros.

De momento, el Ejecutivo no ha cobrado, según fuentes del Gobierno, ninguna de las partidas reclamadas en el otro gran fraude que investiga la justicia, el de la formación, y que pide la devolución de 581 expedientes que suman 17 millones de euros. La Junta se comprometió a publicar el listado de empresas, asociaciones y administraciones afectadas pero aún no lo ha hecho.

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