La investigación de Alaya sobre los cursos de formación vuelve a asfixiar a la Junta

La jueza Mercedes Alaya camina con paso firme e idéntico patrón al caso ERE en la nueva investigación abierta sobre los cursos de formación en Andalucía. Si en mitad de la instrucción de las ayudas sociolaborales declaró en uno de sus autos que iría subiendo peldaños hacia la cúpula de “la pirámide”, ahora ya no hace falta que lo escriba. Está recorriendo un camino idéntico.

En los juzgados de instrucción número 6 de Sevilla, donde la magistrada tiene un despacho por el que han desfilado ya 200 imputados por los ERE y que, a escasos metros del Palacio de San Telmo, se ha convertido en el epicentro de la vida política andaluza, se sabe que habrá un vendaval de autos que van a volver a poner en jaque al Gobierno andaluz con las ayudas de la formación bajo el punto de mira. Ya hay dos exconsejeros imputados, Antonio Fernández y Ángel Ojeda. “Habrá más”, especulan varios abogados inmersos en la causa. Muchos de los letrados que defienden a exaltos cargos de la Junta en los ERE volverán a defender a sus clientes en esta nueva causa. Tienen el encargo, admiten, por adelantado.

La jueza Alaya se ha puesto al frente del caso, que investigan en paralelo cinco juzgados andaluces. Confía en que el resto de compañeros se inhiban y le dejen bajo su tutela la causa. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no tiene nada que decir al respecto. En público. En privado sí admiten que no tendría sentido que otros jueces, como el de Málaga, que instruían el fraude con anterioridad, se retiren. En un conflicto de competencias, el alto tribunal tendrá que mediar. Hasta ahora siempre lo ha hecho a favor de la polémica magistrada. Ella no muestra interés alguno por los empresarios que hayan podido defraudar estos fondos. Sus pesquisas se dirigen de nuevo al corazón del Gobierno. La hipótesis delictiva de una trama corrupta tejida desde la primera fila del Ejecutivo se bosqueja de nuevo.

Alaya ha iniciado su sprint. Ha reclamado a la Junta de Andalucía todos los expedientes de las ayudas para los cursos a parados concedidas desde 2001. Una década de partidas presupuestarias bajo su custodia. Guarda más de 12.000 expedientes en 35.000 cajas vigiladas por la Guardia Civil en una habitación precintada en la antigua Consejería de Empleo andaluz, como ayer avanzó El Confidencial. Pero quiere más. En su último auto da a la Junta diez días para que remita todos los informes elaborados por la Intervención General relativos a la nueva partida presupuestaria bajo sospecha. Y ha citado a un testigo que considera clave, un jefe de Formación Profesional Ocupacional de la Junta, Teodoro Montes, que declaró ante la Guardia Civil que estos fondos se habían repartido de forma “arbitraria” y sin control. Quiere saber qué dijeron los interventores sobre estos ayudas, la mayoría con origen en Europa, que podrían sumar los 3.000 millones de euros. También sobre las exoneraciones de estas subvenciones, que ya alertó la Cámara de Cuentas de Andalucía de que no podía convertirse en norma general en el reparto de fondos públicos. Y en cinco días reclama un organigrama de todos los responsables que hayan participado en estas adjudicaciones. Muchos de los nombres que van a salir en ese cuadro saben que desfilarán por su despacho.

Hace tres años, la singular magistrada, para algunos una nueva superhéroe contra los políticos corruptos, para otros una jueza movida por afán político y que bordea la prevaricación, trazó un camino para llegar a lo más alto del socialismo andaluz y la Junta de Andalucía. El caso de los ERE, un fraude de 855 millones de euros a la espera de que el Tribunal Supremo decida sobre la responsabilidad penal de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, se convirtió en un terremoto dentro de la administración andaluza. La colapsó.

Acoso y derribo

El Gobierno andaluz, entonces heredado por Griñán, optó por acatar las exigencias de la jueza cuando estalló el caso ERE. Intentó otra estrategia pero erró. Cuando Alaya reclamó a la Junta todas las actas de los Consejos de Gobierno para rastrear si la trama de los ERE había pasado por el despacho más noble del Ejecutivo, los servicios jurídicos del Gobierno le recordaron que esas deliberaciones eran secretas y le exigieron que detallara qué quería. Alaya acudió al Supremo y ganó el pulso. Desde entonces, el Gobierno andaluz se ha sumado a la cantinela de “total colaboración y respeto a la justicia” y atiende cada petición de la jueza con una formalidad: “cumpliremos en tiempo y forma”.

Primeros roces en el Gobierno

Esta reacción dividió las filas del socialismo andaluz entre la vieja guardia de Chaves, convencida aún hoy de que abrirle las puertas a Alaya en un intento de “aniquilar todo el pasado” fue un gran error, y los que se sentían herederos del escándalo, entre ellos la hoy presidenta Susana Díaz, que ha dado orden de no poner en entredicho la actuación judicial y que se ha aferrado a la cantinela de la colaboración total con su señoría. Los roces empiezan a surgir de nuevo en el Gobierno andaluz. Nadie quiere bailar con la más fea, los cursos de formación. Los tirones entre el consejero de Educación, Luciano Alonso, actual responsable de los fondos, y el titular de Economía, José Sánchez Maldonado, no son ningún secreto. La tensión entre Alonso y la presidenta Susana Díaz tampoco. La jueza Alaya repite guión. Y está imparable.