La promesa de Rajoy de suprimir la tarjeta Visa a altos cargos, paralizada desde 2013
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el proyecto de ley, atascado en el congreso

La promesa de Rajoy de suprimir la tarjeta Visa a altos cargos, paralizada desde 2013

El 20 de septiembre del pasado año, el mismo día en que el rey Don Juan Carlos volvía al quirófano por quinta vez en un año

Foto: (ElConfidencial.Lab)
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El 20 de septiembre del pasado año, el mismo día en que el rey Don Juan Carlos volvía al quirófano por quinta vez en un año y medio para operarse de la cadera, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría anunció tras la reunión del Consejo de Ministros, con el rictus de solemnidad de las grandes ocasiones, un plan de "regeneración democrática" para luchar contra la corrupción que incluía 40 medidas, entre ellas la "prohibición de tarjetas de crédito" a los altos cargos. Pero casi 13 meses después, el ambicioso proyecto sigue empantanado en el Congreso porque ni el PP ni el PSOE han logrado cerrar un acuerdo.

A rebufo del mayúsculo escándalo desatado por el uso indiscriminado de las tarjetas VIP de Caja Madrid para sufragar gastos privados de los consejeros de la entidad bancaria, cabe preguntarse: ¿cuántos ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, secretarios generales, delegados del Gobierno, embajadores, directores de agencias estatales, responsables de organismos reguladores y de supervisión, presidentes de empresas públicas, asesores y un casi interminable etcétera disponen a día de hoy de tarjetas de crédito para cubrir los gastos supuestamente derivados del ejercicio de sus cargos?

Ni siquiera el Gobierno lo sabe. El plan anticorrupción anunciado por Saénz de Santamaría hace más de un año suponía la modificación o creación de una decena de leyes, entre ellas el proyecto de ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, que en su artículo 8.2 reza así: "La Administración no pondrá a disposición del alto cargo tarjetas de crédito con el objeto de que sean utilizadas como medio de pago de sus gastos de representación". Con una sola excepción: "Cuando el alto cargo desarrolle sus funciones en el extranjero, y previa acreditación de las circunstancias extraordinarias que lo hagan imprescindible, podrá autorizarse su utilización".

El proyecto de ley llegó a la Comisión Constitucional del Congreso el pasado mes de febrero, y desde entonces se ha ampliado hasta en 20 ocasiones el plazo de presentación de enmiendas. El último vence mañana, y con toda seguridad será ampliado porque no hay el menor atisbo de acuerdo entre los dos grandes partidos. Durante ese tiempo ha desfilado por la Cámara Baja toda una cohorte de presuntos expertos en regeneración democrática, desde el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, al presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, pasando por catedráticos, sociólogos, abogados y analistas económicos.

A la vista del imparable deterioro de las instituciones y de la creciente desafección, cuando no desprecio, que una gran mayoría de ciudadanos siente hacia la política y quienes la representan, ¿cómo es posible que una medida tan aparentemente sencilla de aplicar como la supresión de las tarjetas de crédito en poder de los altos cargos siga empantanada en el Congreso? El PP y el PSOE no lo van a tener nada fácil para explicárselo a sus menguados votantes, sobre todo si recurren a la manida fórmula de culparse mutuamente de la falta de consenso, y especialmente tras el lamentable episodio de las tarjetas VIP de Caja Madrid.

La primera razón de ese exasperante bloqueo hay que buscarla, tal vez, en el hecho de que el Gobierno parece haber caído en su propia trampa. En vez de tramitar de manera independiente el proyecto de ley del alto cargo, que incluye, además de la prohibición de usar tarjetas de crédito, medidas como la dedicación exclusiva o las limitaciones patrimoniales en participaciones societarias, Mariano Rajoy ha preferido poner sobre el tapete un paquete global de regeneración democrática y medidas anticorrupción que agrupa materias tan dispares como el control de la actividad financiera de los partidos, mayor transparencia en los indultos o la limitación de los aforamientos. Es decir, jugárselo a todo o nada.

El pasado 30 de agosto, coincidiendo con el inicio del nuevo curso político, Rajoy marcó un plazo de dos meses para cerrar con la oposición, o al menos con el PSOE, un gran acuerdo de regeneración democrática que incluya el mencionado paquete global, en el que también pretende meter la Ley de Control de la Actividad Económica de los Partidos, que prohíbe expresamente las condonaciones de deudas y la prohibición de donaciones de empresas. Pero quedan poco más de tres semanas para que venza ese plazo y, a menos que el PP pase el rodillo parlamentario de su mayoría absoluta, casi todo está por negociar.

"Hay grandes dificultades para lograr un consenso porque son muchas las materias a debatir, y por eso los proyectos de regeneración democrática se van aplazando continuamente", sostiene el portavoz de uno de los grupos parlamentarios con representación en la Comisión Constitucional del Congreso, que prefiere preservar su anonimato. "Lo que está ahora mismo sobre la mesa es elaborar una nueva proposición de ley, consensuada por el mayor número posible de grupos, que recoja en un texto refundido todas las propuestas dispersas de lucha contra la corrupción y regeneración democrática. Pero está por ver si dará tiempo a aprobarla, porque la legislatura se está agotando".

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