Interior recula y borra el 'retiro' a los 58 para no quedarse sin 6.000 policías en dos años

El Ministerio del Interior ha introducido sustanciales modificaciones en la nueva Ley Orgánica de Régimen de Personal de la Policía Nacional, la norma que regula la carrera profesional de los agentes, su retribución y formación, así como las condiciones para su retiro. El departamento que dirige Jorge Fernández Díaz se había encontrado la oposición frontal de los sindicatos de la Policía por su intención de obligar a los agentes de la escala básica que cumplan 58 años a pasar a situación de segunda actividad, una medida que podía sacar de las calles a 6.000 efectivos en sólo dos años en un contexto de drásticos recortes de plantilla por la contención presupuestaria.Finalmente, la Dirección General de la Policía ha dado marcha atrás y ha admitido que el paso a segunda actividad se realice sólo a petición del propio agente, según consta en el último borrador de la norma, al que ha tenido acceso El Confidencial. Interior quiere que la Ley de Personal inicie su tramitación parlamentaria a la vuelta del verano.

La voluntariedad del paso a segunda actividad era una de las principales reivindicaciones de los sindicatos, que desde el inicio de la confección de la norma el pasado noviembre han mostrado un rechazo casi unánime a la mayoría de las innovaciones que introduce. En la actualidad, los policías de categoría básicay mediatienen la opción de pasar a segunda actividad a los 58 años y los funcionarios de rango superior, a los 62. Pero el paso a segunda actividad, que supone quedarse en la reserva hasta la jubilación definitiva, conlleva una reducción salarial por la pérdida de complementos específicos y parte de los generales. Por ejemplo, un agente que cobra 2.500 euros mensuales pierde de media 800 al pasar a segunda actividad. La mayoría de agentes prefiere seguir en activo y acceder directamente a la jubilación cuando llegan a los 65 años.

Reducción de la masa salarial

Interior pretendía que ese paso a segunda actividad dejara de ser voluntario y fijó la edad de entrada en la reserva en 58 años para la escala básica, en 60 para la escala de subinspección, en 62 para la escala ejecutiva y en 64 para la escala superior. En realidad, forzaba a los agentes que rebasaran esos límites a optar a puestos de perfil administrativo para que únicamente los agentes jóvenes que supuestamente estuvieran encondiciones psicofísicas plenas pudieran patrullar por las calles.

Pero los sindicatos negaban que hubiera puestos administrativos disponibles para todos los efectivos que alcanzaran esas edades y advertían de que todos los que se quedaran sin plaza pasarían a situación de reserva. Además, en opinión de los sindicatos, el verdadero objetivo del cambio era de tipo económico: reducir la masa salarial gracias a la pérdida de los complementos que supone el paso a segunda actividad.

Tras meses de negociaciones, la Dirección General ha escuchado esas críticas y ha suprimido la obligatoriedad que antes contenían los artículos del capítulo IV de la ley. Sólo pasarán a segunda actividad los policías que, tras llegar a esas edades fijadas por la norma (de 58 años a 64 años en función de la categoría), lo soliciten libremente.

Eliminación de nuevas categorías

No es el único cambio relevante introducido por Interior en las últimas horas. Las protestas de los representantes de los agentes también han provocado que la cartera de Fernández Díaz rectifique en su intención de recuperar el rango de “subcomisario”, una categoría extinguida que según los primeros borradores de la Ley de Personal iba a implantarse de nuevo para denominar a los actuales inspectores jefes.

Interior también quería ubicar entre los empleos de subinspector e inspector una nueva categoría, la de “subinspector mayor”, un título con connotaciones claramente militares que también despertó el rechazo de los sindicatos. Al final, ambas denominaciones han desaparecido del borrador. Los inspectores jefes seguirán con ese título y el puesto de subinspector mayor directamente se elimina.

La Dirección General de la Policía sí ha querido mantener, en cambio, la nueva categoría de comisario general. Habitualmente, se conoce con este nombre a los máximos responsables de las cinco comisarías generales (Información, Seguridad Ciudadana, Científica, Policía Judicial y Extranjería) por pura analogía con las organizaciones que dirigen. Pero los altos cargos que desempeñan esa función son comisarios principales. La categoría de comisario general no existe.

Sin embargo, el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, quiere crearla para aplicársela a esos cinco mandos y también a los otros nueve responsables policiales que forman parte de la Junta de Gobierno del cuerpo, el órgano colegiado por el que pasan las decisiones más relevantes. Los sindicatos denuncian que, además de conllevar un aumento de los salarios para esos cargos, generará confusión al atribuir el puesto de comisario general a mandos que no dirigen ninguna de las cinco grandes secciones de la Policía. También reprochan que, con esta medida, Interior aplica a la institución denominaciones similares a las que tienen los mandos de la Guardia Civil, otro síntoma de militarización que consideran innecesario. Pero el borrador no ha tenido en cuenta esas críticas.

Adelante con el Cuerpo de Policía Nacional

Según ha podido saber este diario, Interior tampoco renuncia en el último borrador de la ley a cambiar el nombre de la institución. Dejará de ser el Cuerpo Nacional de Policía para convertirse con la aprobación de la norma en el Cuerpo de Policía Nacional. La cartera de Fernández Díaz argumenta que se trata de una variación sutil que sólo busca oficializar la fórmula más extendida entre la sociedad.

Pero a los agentes más veteranos y a parte de los sindicatos les recuerda la denominación de la antigua sección militar de la policía que se fusionó en 1986 con la rama civil para crear la actual organización. De hecho, tenía exactamente el mismo nombre que el elegido ahora por Interior: Cuerpo de Policía Nacional. El borrador definitivo mantiene ese cambio, pese al malestar que ha despertado.

Calendario de tramitación

El Ministerio ya ha fijado un calendario para la Ley de Personal. La intención de Fernández Díaz es reducir al máximo todos los plazos para que la norma entre en vigor cuanto antes. Cosidó ha convocado el Consejo de la Policía el próximo 3 de junio para presentar el borrador actualizado. En ese órgano están representados los principales sindicatos. Su opinión no es vinculante, pero a Interior le conviene contar con su apoyo. Por ahora no lo tiene. Con todo, tras esa cita pondrá en marcha toda la maquinaria necesaria para que el texto termine siendo publicado por el Boletín Oficial del Estado.

Después del Consejo de la Policía, Interior remitirá la ley al resto de ministerios para que presenten las alegaciones que consideren oportunas. Las más temidas son las del Ministerio de Hacienda, que deberá informar sobre el impacto de la norma en las cuentas públicas. Después, una vez introducidas las alegaciones, la ley deberá pasar por el Consejo de Ministros. Interior quiere que ese trámite se complete antes de las vacaciones de agosto para que el texto pueda entrar en el Congreso al comienzo del próximo periodo de sesiones. Si estos plazos se alargan, Interior se arriesga a que los enfrentamientos por la ley se cuelen en la campaña de las municipales y autonómicas del próximo año.