Pedraz seguirá investigando el genocidio de Guatemala por ser un delito de terrorismo

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, no está dispuesto a someterse a la reforma de la justicia universal, que limita la capacidad de los tribunales españoles para perseguir crímenes de derecho internacional y que entró en vigor el pasado 15 de marzo tras ser aprobada por el Gobierno. En un auto, acaba de acordar seguir con la investigación por crímenes en Guatemala, al haber indicios de un delito de terrorismo. Este mismo juez, también ha decidido continuar con la investigación a militares estadounidenses por la muerte del cámara español José Couso en Irak, una resolución que está pendiente de que la Sala de lo Penal la revise.

Ya en ese caso, consideró que la nueva normativa contravendría la cuarta Convención de Ginebra, suscrita por España, que obliga a “perseguir los delitos contra las personas en caso de conflicto armado”, y mantenía que de no investigarlo, estaría admitiendo “la posibilidad de que una norma interna modifique o derogue una disposición de un tratado o convenio internacional vigente para el país, lo cual está proscrito”.

En el auto notificado hoy, el instructor señala que de acuerdo con la reforma legal de la justicia universal, solo cabría mantener la investigación por el delito de terrorismo al haber víctimas españolas, si bien, a su juicio, “debe extenderse el título de jurisdicción universal al resto de los delitos” investigados de genocidio y crímenes de género, lesa humanidad, torturas, asesinato y detenciones ilegales, “porque de otra forma se rompería la denominada continencia de la causa” al ser “imposible” juzgarlos por separado.

Según Pedraz, España tiene jurisdicción sobre los hechos porque son delitos de terrorismo. Como estos hechos pueden ser constitutivos de los otros delitos, los cuales además, serian conexos a los delitos de terrorismo, resulta “incuestionable” -al menos en esta fase de investigación- “que la jurisdicción española es competente para conocer de todos los delitos citados”.

El juez entiende que no procede plantear cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, como había pedido algunas de las partes personadas, al ser “factible” la continuación de la causa por todos los delitos investigados y no proceder el archivo.

Pedraz acuerda también dirigir comisión rogatoria a Guatemala a fin de comprobar si han existido procedimientos judiciales sobre estos mismos hechos “con las debidas garantías” de acuerdo con el Derecho Internacional. Una vez recibido, se elevara exposición razonada al Tribunal Supremo para que lo compruebe, tal y como establece la reforma judicial.

En este asunto, el magistrado tiene imputados a diez ex altos cargos del Gobierno guatemalteco tras una querella por genocidio en la que se investiga, entre otros hechos, el incendio de la Embajada española en ese país en 1980, en la que murieron 37 personas. La querella, presentada en 1999 por la premio Nobel Rigoberta Menchú, se amplió para investigar los crímenes contra las mujeres mayas.