Grandes fondos se ceban con la crisis: mil millones en causas contra España y Grecia

Los grandes fondos de inversión no piensan dejar caer al vacío el dinero que arriesgaron en los países hoy lastrados por la crisis económica. Es más: quieren hacer caja sentándolos en los banquillos de los Tribunales.

Tan sólo a España, Grecia y Chipre, tres Estados que han necesitado dinero europeo para salir a flote, les están reclamando más de mil millones, según la información pública que ha recopilado el Observatorio Corporate Europe en colaboración con el Transnational Institute. Los datos provienen del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (ICSID, por sus siglas en inglés, dependiente del Banco Mundial) y de la Comisión de Naciones Unidas para el derecho mercantil Internacional (UNCITRAL).

Todas las acciones judiciales están reguladas a través de los Tratados Bilaterales de Inversión (BIT, por sus siglas en inglés), pensados para proteger a las inversiones de riesgo en países extranjeros. Décadas después de su primera firma, son una garantía para reclamar a cualquier Gobierno si su acción ha ido en menoscabo de la inversión privada.

España: un millón y medio en abogados

En España, las peticiones de las demandas registradas alcanzan los 700 millones de euros. Todas se centran en el sector de las energías renovables, pero, hoy por hoy, faltan ceros por añadir: sólo en tres de las ocho causas abiertas ya ha sido realizada la valoración de los daños sufridos por el inversor.

La realidad es que cuando decidieron invertir en España eran bien conscientes de la profunda crisis, del aumento de la deuda soberana española y de las medidas del Gobierno para recortar los subsidios al sector de las renovables

La primera denuncia llegó en noviembre de 2011. Un mes después, el Ministerio de Industria ya tenía algo que apuntar en la hoja de gastos relativa a estas causas: los 300 euros por hora de minutas que paga al despacho de abogados Herbert Smith Freehills por su asesoría legal en todas las causas del sector. En total, 1.600.000 euros, según consta en el contrato de adjudicación publicado en la Plataforma de Contratación del Estado.

Un solo despacho de abogados, Allen & Oliver, lleva las demandas de seis fondos, tres de las cuales, por sí solas, reclaman 617 millones de euros, más 60 millones por cada año mientras la causa no se resuelva.

La gran mayoría de estas inversiones, destaca Corporate Europe, empezaron a realizarse una vez que el grifo de las subvenciones ya se estaba cerrando: en 2010, 2011 o incluso ya en 2012. "La realidad es que cuando decidieron invertir en España eran bien conscientes de la profunda crisis, del aumento de la deuda soberana española y de las medidas del Gobierno para recortar los subsidios al sector de las renovables", explica el Observatorio.

Son emblemáticos, en este sentido, casos como el de KGAL GmbH. El fondo, propiedad, entre otros, de Commerzbank, segundo banco alemán, llevó a cabo grandes inversiones en territorio español mientras ya se estaba preparando la demanda que se sumaría a otros 14 inversores.

Décadas después de su firma, los BIT se convierten en armas para llevar a juicio cualquier medida aplicada por un Gobierno cuya reacción a la crisis haya podido ir en menoscabo de la inversión privada.

Y a pesar de ello, en enero de 2013 –más de un año después de la demanda– una nota de prensa de la compañía aseguraba: "La cantidad de luz solar ha excedido nuestras expectativas, y los excelentes resultados técnicos de nuestras plantas aseguran resultados positivos... A pesar de que la era de los subsidios se haya acabado, invertir en las energías renovables tiene todavía sentido".

En el listado destaca el caso de los empresarios españoles Luis Delso y José Gomis, que apostaron por España a través de dos fondos registrados en Holanda: Charanne y Construction Investments. Gracias a ello, pueden enfrentarse al Estado español en los tribunales internacionales, algo que, argumenta el informe de Corporate Europe, parece poco casual: "Charanne es lo que se conoce como mailbox company: los Países Bajos son conocidos por hospedar compañías que no tienen empleados y sólo están en ese país por cuestiones fiscales y para aprovechar el trabajo de los BITs holandeses". En este caso, entre ambos piden 17 millones de euros de indemnizaciones.

“¿Quién habría dicho que un BIT firmado en 1961 para llevar inversiones al país permitiría a los fondos buitre hurgar en el cadáver fiscal de Grecia en 2012?”. Las palabras de Ioannis Glinavos, profesor de la Universidad de Reading que ha estudiado de cerca las causas abiertas contra Grecia, resumen el estado de la cuestión en el país helénico.

En su caso son el eslovaco Postova Bank y el chipriota Istro Kapital quienes reclaman su trozo de tarta en la restructuración de la deuda griega, una de las condiciones con las que el país recibió los 240.000 millones de euros del rescate de la troika. El banco eslovaco compró bonos de deuda soberana griega en 2010, después de que Papandreou, ex primer ministro griego, pidiera ayuda internacional y Standard & Poors rebajara a nivel de basura el estado de los créditos griegos.

¿Quién habría dicho que un BIT firmado en 1961 para llevar inversiones al país permitiría a los fondos buitre hurgar en el cadáver fiscal de Grecia en 2012?

No obstante, el riesgo corrió, el banco rechazó las condiciones de la restructuración y demandó a Grecia en los tribunales.

"Las inversiones especulativas llevan consigo un riesgo: los inversores no tendrían que poder traspasar a los Estados sus pérdidas cuando el riesgo que corrieron va a mal", señalan los autores del informe.

A cambio, la situación se repitió también en Chipre. En abril de 2013, la troika aceptó un programa de rescate para la isla, imponiendo, entre otras, que se desmantelara Laiki Bank. El banco, que había comprado –y perdido tras su restructuración– grandes cantidades de deuda griega, pasó a manos del Gobierno en un 84%. MIG, inversor del banco que desde 2006 había ampliado la compra del producto griego, está en el centro de la diana por casos de conflictos de intereses que salieron a la luz tras su parcial nacionalización.

La respuesta del grupo inversor fue unívoca: demandar al Estado por 823 millones de euros.