Una juez acusa al ministro del Interior de despilfarrar con los recursos públicos

La demanda del funcionario Jaime Nicolás Muñiz contra el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por ‘acoso laboral’ ya tiene sentencia. No se ha acreditado la existencia de mobbing, pero la juez da un varapalo a la Administración por despilfarrar los recursos públicos al asignar puestos de trabajo sin contenido real alguno.

En concreto, dice la magistrada del juzgado central número cinco de lo contencioso, “no se justifican situaciones como la analizada de destinar [a funcionarios] a puestos carentes de trabajo y funciones”, algo que atenta contra la “dignidad profesional”. Y no sólo eso. A la juez le parece “inconcebible” que “en la actual situación de crisis económica” se cree un puesto de trabajo de Vocal Asesor en la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE) de la Secretaría de Estado de Seguridad al “que hasta año y medio después no se le dio contenido”.

La demanda fue presentada el pasado mes de octubre por un funcionario que acusaba al ministro del Interior de mobbing por el hecho de que ha permanecido año y medio sin desarrollar ninguna función profesional. Algo que achacaba a una persecución personal. Nicolás Muñiz fue durante más de cuatro años jefe del gabinete del anterior presidente del Consejo de Estado en la época socialista.

El acoso, desestimado

La juez entiende que si bien “no estamos ante un supuesto de mobbing o acoso laboral, carece de sentido relegar a un funcionario a no tener ninguna atribución” pese a que se le asignó un despacho “dotado de medios materiales para el desempeño de su labor”. Esa falta de atribución de tareas, sostiene la magistrada, “no se debía a su falta de capacidad o actitud; todo lo contrario”. Los testigos aseguraron en la vista que estaba facultado para cualquier trabajo.

Si bien 'no estamos ante un supuesto de mobbing o acoso laboral, carece de sentido relegar a un funcionario a no tener ninguna atribución', pese a que se le asignó un despacho 'dotado de medios materiales'

La sentencia confirma de forma expresa que no medió en ningún caso una actitud conflictiva por parte del demandante. Inclusive, se mostró dispuesto a aceptar un puesto de nivel inferior al que por grado personal le correspondía.

La juez, sin embargo, desestima la figura del acoso laboral. Y recuerda en la sentencia que para tener en cuenta a la hora de determinar la existencia o no de mobbing, la doctrina entiende que debe aplicarse a toda conducta abusiva o de violencia psicológica que se realice de forma sistemática sobre una persona en el ámbito laboral, manifestada especialmente a través de reiterados comportamientos, palabras o actitudes que lesionen la dignidad o integridad psíquica del trabajador y que pongan en peligro o degraden sus condiciones de trabajo.

Debe tratarse, en su opinión, de una conducta sistemática, “repetitiva y reiterada” que, eso sí, por su duración en el tiempo puede atentar contra la dignidad o integridad de la víctima. No deben considerarse por ello, asegura, acoso moral los ataques puntuales y de duración limitada, que tienen otras vías para ser sancionados o erradicados. La falta de trabajo, entiende la magistrada, no está "aderezada de los componentes propios del acoso”. Por lo tanto, no hubo mobbing, pero sí despilfarro con dinero público.