Hacienda deja solo al juez y despeja el camino a la Infanta en su semana decisiva

El juez de Palma de Mallorca José Castro se ha quedado solo a quince días de la declaración de la infanta Cristina de Borbón, el próximo 8 de febrero. Tanto los peritos de la Agencia Tributaria como la responsable de la investigación policial le han dado la espalda. Apoyan la tesis del fiscal y defienden que la hija del Rey no ha cometido delito fiscal ni blanqueo de capitales por ser socia al 50% de Aizoon, la empresa a través de la cual su marido, Iñaki Urdangarin, desviaba dinero obtenido de manera presuntamente ilícita a través del Instituto Nóos.

Las principales razones son, por un lado, queAizoon no existe, pues se trata de una empresa pantalla, y de hacerlo la cuota defraudada no llegaría a los 120.000 euros. Además, no se puede imputar a una persona jurídica, en este caso Aizoon, los ingresos procedentes de uno de los miembros del consejo de administración, es decir, Urdangarin. Los peritos han intentado explicar al juez, en contra de su criterio expuesto en el auto de imputación, que por el solo hecho de ser accionista de una sociedad a ninguna persona se le considera responsable de una supuesta actuación delictiva cometida en su seno, si no tiene responsabilidad en la misma ni la nutre de ingresos.

Tal y como sostiene el abogado de la imputada, los testimonios producidos este fin de semana, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, demuestran que “las rentas son atribuibles a quien las genera” y que su defendida no las producía y, por tanto, la Infanta era “por completo ajena a las mismas”.

Todas estas tesis ya las tenía Castro en varios informes cuando decidió imputar a la Infanta pero, aun así, él considera que tanto los inspectores de Hacienda como el fiscal y la Policía están teniendo un trato de favor a Doña Cristina. Todos ellos han negado tajantemente cualquier presión de sus responsables y han explicado que, desde que saltó el nombre de la Infanta al comienzo de la investigación del caso Nóos, este se descartó –tras analizar los datos obtenidos– al entender que en su caso no se le podía apuntar la comisión de ningún delito, tesis que también mantuvo Castro en un principio.

Ante este escenario, el juez instructor no tendrá más apoyo el próximo día 8 que la acusación representada por Manos Limpias. Sin informes periciales, ni policiales, ni fiscales que le apoyen en su cruzada, cabe la opción de que una vez que la interrogue decida no continuar y rechazar un futuro procesamiento. La defensa solicitará el archivo de la causa respecto de Cristina de Borbón y será en ese momento cuando Castro tenga que decidir si con los datos encima de la mesa puede procesarla y llevarla a juicio o si, por el contrario, los indicios de criminalidad contra ella no son lo suficientemente consistentes para continuar adelante.

En el hipotético caso de sentarla en el banquillo de los acusados, la hija del Rey únicamente podría ser condenada por el delito de blanqueo de capitales, del que no hay perjudicado directo y, por tanto, se le puede aplicar la 'doctrina Atutxa', es decir, que sí puede actuar una acusación popular aunque nadie más acuse. Por el contrario, en el otro delito por el que está imputada, el delito fiscal, el perjudicado directo es la Hacienda pública y, por tanto, si esta no acusa, nadie más lo puede hacer, de acuerdo con lo que se conoce como la 'doctrina Botín'.

En cualquier caso, antes de tomar una decisión debe escuchar su declaración para que la Infanta le aclare qué sabía sobre los negocios de su marido, si conocía la procedencia ilícita del dinero que entraba en Aizoon, si participó en la administración de ese dinero y cuál fue su papel exacto tanto en la sociedad compartida con Urdangarin como en el Instituto Nóos.

El fiscal de Anticorrupción que lleva el caso, Pedro Horrach, tiene previsto hacer un extenso interrogatorio, al contrario de lo que puedan pensar los que le acusan de defender los intereses de la Infanta. Algunas fuentes jurídicas señalan que la función del Ministerio Público es defender la legalidad y, si en este caso el fiscal mantiene que la hija del Rey no cometió ningún delito fiscal ni de blanqueo de dinero por tener la mitad de la sociedad Aizoon, entonces su papel es defenderlo.