Bolivia gestiona por su cuenta hasta un tercio de la ayuda que recibe de España

Lucas Cahuasa ya paga por el agua que recibe en su casa. Y Bernarda Sirpa. Y Jorge Mendoza. Así hasta las 43 familias y la escuela que conforman la comunidad aimara de Huacanoco, en el altiplano boliviano, al que se accede a través de caminos de tierra llenos de baches y grandes charcos, casi estanques.

Cada mes desembolsan 10 bolivianos (1 euro) por cuatro metros cúbicos de agua. Es el precio del desarrollo. “Antes teníamos agua sucia y no pagábamos, pero ahora lo hacemos por un agua limpia y pura”, describe Cahuasa. Y añade: “Tenemos ganas de pagar”.

Mendoza es el encargado de controlar los pagos. No forma parte de ninguna empresa ni tiene que leer ningún contador. Simplemente es un ‘hermano’ más de la comunidad y el responsable de anotar meticulosamente en una libreta, a mano, los desembolsos mensuales de cada familia. No se le pasa por la cabeza que otro ‘hermano’ no quiera pagar. La fraternidad se da por supuesta en las comunidades rurales aimaras.

Esta unidad resultó imprescindible a lo largo de los 16 meses de ejecución del proyecto, para el que la cooperación española aportó más de 3 millones de euros de financiación. Los materiales corrieron a cargo del municipio y los ‘hermanos’ de Huacanoco aportaron la mano de obra para la construcción del pozo de 62 metros de profundidad, el tanque de almacenamiento, la red de tuberías y los baños ecológicos en cada vivienda. Catholic Relief Services (CRS) y Cáritas pusieron el servicio técnico y los talleres de capacitación en educación sanitaria. La formación ha dado sus frutos: los niños se lavan las manos habitualmente y purifican el agua al sol.

Bolivia es el segundo mayor beneficiario, tras Haití, del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento. Puesto en marcha en 2007, el programa busca dotar de agua potable y saneamiento a 19 países América Latina y el Caribe. Tiene un presupuesto total de 1.330 millones de euros, un 60% pagado por el Estado español. El 40% restante es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y socios locales.

Una de las peculiaridades de este fondo es que su gestión sea responsabilidad de los gobiernos nacionales. Bolivia recibió 88 millones de euros, de los cuales España dio algo más de 72. Casi la totalidad de ese dinero español lo administra el Ministerio de Agua boliviano, salvo tres millones que son gestionados por la ONG católica estadounidense Catholic Relief Services.

Con algo menos de 3.800 euros per cápita, Bolivia es el país más pobre de Sudamérica y el decimocuarto en desigualdad de todo el mundo. Por eso este país andino es el quinto que más dinero ha recibido de nuestro país en ayuda oficial al desarrollo desde 2007, según el análisis de El Confidencial.

Su dependencia de la cooperación es considerable, no solo por el trabajo que hacen allí las ONG canalizando la mitad de los fondos, sino porque una parte esencial del dinero español ayuda directamente al funcionamiento del país. El Fondo del Agua no es el único caso de gestión pública de fondos de cooperación en Bolivia. Entre 2008 y 2012, las instituciones bolivianas (Ejecutivo central, Gobiernos departamentales y municipios) gestionaron uno de cada tres euros donados por España. Un total de 106 millones de euros.

Cooperación vinculada a las políticas nacionales

La inversión de los fondos de cooperación en las políticas nacionales es una nueva estrategia de la cooperación internacional relacionada con conseguir una mayor eficacia de la ayuda. Esta agenda fue impulsada a partir de la Declaración de París de 2005. Según este acuerdo internacional firmado por más de 100 países y organizaciones, el gasto en cooperación de los donantes debe estar alineado con las políticas llevadas a cabo por los Gobiernos nacionales del país receptor.

Sergio Martín-Moreno, coordinador general de la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) española de La Paz, explicó a El Confidencial en su visita a Bolivia el pasado mes de octubre que eso es lo que intentan hacer con el Fondo del Agua. El Ministerio boliviano es quien licita los proyectos que serán pagados, en su mayor parte, con dinero español. El concurso público debe pasar por los delegados de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Tras revisar los pliegos, les dan el visto bueno o bien les ponen objeciones parciales por cuestiones técnicas o falta de información.

El gasto del dinero se controla a través de cuentas bancarias conjuntas con las autoridades bolivianas, que son las que finalmente se encargan de ejecutar los proyectos.

“El sistema público de Bolivia, a nivel central, tiene todos los mecanismos básicos en cuestión de justificación de cuentas”, subrayó Martín-Moreno. También matizó que los fondos aún se siguen utilizando y quedan casi 60 millones por ejecutar. La mitad de los 88 millones recibidos por Bolivia del Fondo del Agua se habrá gastado al final de este año.

Esta nueva política en la cooperación internacional tiene que lidiar con uno de los retos que debe afrontar la función pública: una gestión basada en los resultados, según explicó Jaime Garrón, jefe de la Unidad de Negociación de Financiamiento del Ministerio de Planificación boliviano.

Garrón es consciente de que “el riesgo de politización siempre va a existir, ya que es algo inerte a la función pública”, pero considera que “un apoyo presupuestario puede servir para mitigar este riesgo porque tienes un compromiso político”.

Sin embargo, las ONG bolivianas advierten del efecto de estos apoyos presupuestarios. Marco Gandarillas, director del Centro de Documentación e Información de Bolivia, considera que estas ayudas directas “suplen el papel del Estado”. Rina López, directora del Centro de Educación Permanente Jaihuayco de Cochabamba, va más allá y se pregunta: “¿Cómo distribuye el Gobierno la plata? No lo sabemos”.

Un sistema educativo dependiente de la cooperación

España fue el primer donante de ayuda en cooperación en Bolivia al aportar 42,3 millones de euros en 2011, justo por delante de las instituciones de la Unión Europea, Países Bajos y Estados Unidos. El país andino es el que más depende en Sudamérica de estas ayudas: en ese mismo año, la cooperación internacional representaba el 3,2% de su ingreso nacional bruto.

Junto al abastecimiento y saneamiento de agua, la ayuda española se centra en otras dos áreas prioritarias: educación y gobernabilidad. En el sector educativo, gran parte del dinero también va directamente al Gobierno boliviano, en concreto al presupuesto del Ministerio de Educación. El denominado ‘fondo canasta’ se realiza en colaboración con Países Bajos, Dinamarca y Suecia. Los 92 millones de dólares (68 millones de euros) previstos para el periodo 2010-2014 representan un 35% del presupuesto educativo.

Pero los recortes en la cooperación internacional ponen en peligro el óptimo cierre de ese fondo. Todos los donantes menos Suecia han anunciado su intención de recortar el dinero en 2014, último año del programa.

La ayuda bilateral dada por España a Bolivia se ha recortado un 81% desde 2008 y desde la OTC confirman los peores augurios sobre la aportación al fondo canasta de educación: el desembolso correspondiente a 2014 no se va a realizar por los drásticos recortes en ayuda oficial al desarrollo en nuestro país. En total, España habrá invertido cerca de 16 millones de euros en ese fondo, un 20% menos de lo previsto en el acuerdo firmado en 2010.

La pregunta a la que se enfrenta ahora el Ministerio de Educación boliviano es cómo suplir las aportaciones que falten. Parte del dinero lo cubrirán el Tesoro General, las gobernaciones y los municipios. Pero no será suficiente.

Noel Aguirre, viceministro de Educación Alternativa y Especial, expresó a El Confidencial su preocupación por la situación desde su despacho del Ministerio en la avenida Arce, una larga y amplia arteria en cuesta –como todas las calles de La Paz– donde se concentra la mayor parte de las sedes institucionales y embajadas, incluida la española.

“Vamos a tener que hacer algunos ajustes: dejar de realizar infraestructuras salvo casos muy extraordinarios, concentrarnos en las políticas educativas y descentralizar algunas funciones”, dijo Aguirre, que también se mostró inquieto por lo que pueda pasar a partir de 2015.

Algunas ONG bolivianas critican el uso que el Ministerio hace de este dinero de la cooperación internacional, especialmente el destinado al Programa de Formación Complementaria de Maestros (Profocom). Según datos de Educación, 110.000 profesores están capacitándose gracias a este proyecto, pero las ONG dudan de su eficacia real.

“Todos los maestros estamos obligados a participar en el Profocom, pero en el fondo es una campaña política para ver que se está haciendo algo”, declara la hermana Dorotea Blanca Delgadillos, profesora del centro Yachay Tinkuy –‘Encuentro con el saber’ en quechua– de Cochabamba. Es un edificio de dos plantas que alberga una biblioteca de 10.000 volúmenes didácticos financiada por la cooperación española. Y añade: “El Estado está llegando, pero con personal no capacitado”.

El viceministro se defiende de estas acusaciones y señala que “el Profocom no da todos los elementos a los profesores, sino que crea dispositivos para que ellos busquen la información”.

La Paz recoge el testigo de la AECID

El municipio de La Paz también se ha beneficiado de la ayuda oficial al desarrollo española en dos líneas: gobernabilidad y patrimonio. En el primer caso, la cooperación ha servido, por ejemplo, para apoyar con 250.000 euros el programa de gobierno local, denominado ‘Las 10 tareas de La Paz’. “Son recursos que nos han facilitado espacios de encuentro, intercambio de experiencias, de investigación y de asistencia técnica directa con especialistas”, enumera el alcalde Luis Revilla, rival político del presidente Evo Morales.

El Centro de Innovación de Tecnología y Joyería, ubicado en la parte baja de la capital, a 3.200 metros de altitud, ejemplifica la relación entre la AECID y el Gobierno local: los gastos de infraestructura y funcionamiento corrieron a cargo del municipio, mientras que la agencia costeó el equipamiento. Concluida la financiación española, el ayuntamiento gestiona el centro.

En el ámbito del patrimonio, la AECID ha impulsado la creación de la Escuela Taller de La Paz. Ideada como un programa para la inserción laboral de jóvenes de escasos recursos o en riesgo de vulnerabilidad social, la agencia ha desembolsado 663.000 euros desde 2008. Aunque como subraya el director del centro, Rolando Sarabia, “el Gobierno municipal ha ido apropiándose más de la escuela y dando mayor porcentaje de financiación”.

“La asistencia técnica de la cooperación ha permitido fortalecer nuestras capacidades y esto es lo más valioso más allá de los recursos económicos”, considera Revilla. Y mientras en la planta baja los alumnos de la escuela taller restauran la fachada y la entrada del ayuntamiento, reflexiona: “Quizá hubiéramos llevado adelante los mismos proyectos, pero no habríamos tenido los mismos resultados”.

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Este artículo, en el que también han participado los periodistas Marcos García Rey y Mar Cabra, forma parte de una serie de reportajes que muestran los resultados de cuatro meses de investigación para radiografiar la situación actual de la Ayuda Oficial al Desarrollo Española. El resto de trabajos se podrá leer a lo largo del mes de diciembre de 2013.