Guatemala sufre el fin de la ayuda española tras años de generosidad mal planificada

Agapito Cortés conduce un cochazo, un jeep Toyota que apenas pasa por las estrechas calles de San Pedro, un pueblo ubicado a orillas del lago Atitlán, el segundo más grande de Guatemala. El todoterreno es parte del legado que dejó un proyecto de cooperación de 2010 que gestionó la fundación española Etea. “Eran otros tiempos”, dice Cortés.

Hace tres años tenía un buen trabajo, ahora corren tiempos más difíciles. Cortés es el gerente de la mancomunidad guatemalteca de La Laguna. En el país centroamericano, las mancomunidades son organizaciones administrativas que reúnen varios municipios cercanos y que están pensadas para gestionar con más eficacia parte de sus recursos. El equipo que dirige Cortés tenía 28 empleados hasta el pasado mes de octubre. La subvención española destinada para esa mancomunidad en el periodo 2012-2013 se acabó y tuvieron que despedir a 19 personas. “Será bien complicado a partir de ahora”, apunta Cortés con resignación.

Guatemala es el país al que España ha dado más subvenciones de cooperación entre 2007 y 2012, según la investigación de El Confidencial sobre la ayuda oficial al desarrollo. Este dinero será en el año que viene una sombra de lo que fue: si en 2009 fueron más de 80 millones, la previsión para 2014 es de 6. Esta merma de fondos coincide con una nueva etapa en la relación entre ambos países: este año firmaron un nuevo acuerdo. Por primera vez, y de forma casi pionera para la cooperación oficial española, los proyectos serán evaluados según unos objetivos concretos y establecidos estratégicamente.

El caso fallido de La Laguna

La ayuda española no es el único sustento de la mancomunidad de La Laguna, pero sí era el principal desde 2010. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) proveía 400.000 euros anuales. Esa cantidad servía para sufragar una parte del personal y para poner en marcha las infraestructuras y las campañas de la mancomunidad en sus tres municipios: San Pedro, San Pablo y San Marcos. Los fondos españoles financiaban proyectos en dos sectores: turismo y residuos sólidos.

El lago Atitlán, ubicado en un enclave rodeado de montañas, es uno de los destinos turísticos habituales en Guatemala. Muchos extranjeros viven aquí. Los ayuntamientos creyeron que unas mejores infraestructuras atraerían más turismo y recursos.

Por esa razón, la mancomunidad diseñó un proyecto que se basaba en tres actuaciones: la construcción de un muelle en San Pedro, el trazado de una ruta turística en San Marcos y el parque con playa Las Cristalinas en San Pablo. Pero desde 2011 sube el nivel del agua del lago. Nadie sabe dar razones científicas claras para explicar ese fenómeno. Los viejos del lugar dicen que cada cincuenta años el lago sube varios metros. La mancomunidad no lo sabía o ningún viejo del lugar les advirtió, según contaron sus miembros a El Confidencial, que visitó la zona el pasado septiembre.

Poco después de su construcción, el muelle y el parque quedaron anegados. España sufragó en San Pedro un muelle fijo que ahora está inundado y luego otro flotante que es el que se usa hoy. En San Pablo el parque ha desaparecido completamente bajo el agua. El encargado de cobrar las entradas y que hasta hoy vigila sus ruinas señala a lo lejos, a unos treinta metros de la costa: “Hasta allí llegaba la zona de paseo”.

Alguien podría preguntarse por qué España invierte en centros para visitantes cuando hay otras necesidades más apremiantes. Según Cortés, “el lago es una zona turística y las estructuras ayudan y eran sostenibles [por la entrada que debía pagarse en los parques]”.

La cooperación española se ocupó también de construir o remodelar las plantas de tratamientos de residuos en los tres pueblos. Las personas beneficiarias serían unas 20.000. Una de las plantas se está acabando de construir y las otras dos tienen resultados dispares, según comprobó El Confidencial en su viaje al país. La de San Pedro está funcionando, aunque no hay ningún proceso automatizado. Tiene tan sólo algunos operadores que separan a mano los restos y un par de camiones a la entrada.

En San Pablo la planta está casi cerrada. En una esquina de su recinto hay ya un coche abandonado que parece simbolizar el futuro del lugar. Aquí el problema es que el ayuntamiento no quiere correr a cargo del coste de mantenerla. El gerente Cortés no sabe qué hacer para convencer al alcalde de que lleve el agua hasta la planta y evitar así que los 150.000 euros que España sufragó no hayan servido para nada. La mancomunidad sólo gestiona los recursos de la cooperación, pero no puede forzar a que los ayuntamientos cumplan con el día a día.

Las ONG no resisten los recortes

Las instituciones municipales guatemaltecas no son las únicas que van a sufrir la reducción de los fondos de la cooperación. En 2010 había en ese país 63 ONG españolas; en 2012 quedaban 42. El registro en la oficina local de la AECID no es obligatorio, así que el número no es definitivo. En octubre de 2013 aún no habían acabado la ronda de llamadas para comprobar cuántas sobrevivían. Llevan de momento unas treinta.

Este año se han ido del país al menos Acsur-Las Segovias y Educación sin Fronteras, mientras que las ONG Habitáfrica, Ipade y Solidaridad Internacional se han fusionado en Alianza por la Solidaridad.

La guatemalteca Floridalma López coordinaba un proyecto para formar a las mujeres en liderazgo político dentro de sus comunidades. Habían creado ocho escuelas de formación en distintos departamentos. La financiación era de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo y lo gestionaba Acsur. El proyecto incluía a Nicaragua, además de Guatemala. Se comprometieron más de 600.000 euros en tres años, pero sólo llegó la primera partida de algo más de 200.000 en 2011. “Luego tuvimos que buscar más dinero y ajustar el proyecto”, dice López. Acsur cerró tres escuelas de formación y completaron el trabajo en otras cinco gracias a 50.000 euros (la mitad para Guatemala) donados en 2012 por varios ayuntamientos catalanes.

La salida de las ONG españolas provoca que sus contrapartes locales, que se encargan de ejecutar sus proyectos sobre el terreno, también desaparezcan o se agrupen. Tras los recortes, su mejor alternativa es buscar dinero en otra parte.

El dinero se acabó, pero llega el orden

Poco a poco, la ayuda oficial al desarrollo española en el conjunto de Guatemala se queda en los huesos. Entre 2007 y 2012 el país recibió 610 millones de euros de España, aunque un 40% de esa cantidad es relativa a la condonación de una deuda contraída años atrás, y por tanto, no es un dinero desembolsado, sino más bien un apunte contable.

La fotografía de la cantidad otorgada año por año en ese período muestra un marcado descenso. Sólo en 2009 el monto desembolsado de manera bilateral fue de 81,5 millones de euros. La previsión para el periodo 2013-2017 es de 6,3 millones anuales. España gastará en el próximo lustro –si nada cambia– poco más de 30 millones de euros, menos que la cantidad que antes daba en un año.

Tras la visita de varios proyectos en Guatemala, es innegable que la cooperación española ha sido dispersa y en algunos casos ineficaz. Los responsables son los primeros interesados en lograr más eficacia y control en los resultados. La cooperación internacional en general va por ese camino: más concreción, resultados más claros y menos tiros al aire

Las consecuencias para los proyectos financiados serán dolorosas. Todos los sectores y protagonistas quedarán afectados. La mayoría de los proyectos no se renovarán y buena parte de los entes públicos locales y ONG no podrán optar a nuevas subvenciones. El recorte presupuestario impedirá sostener la estructura actual.

Pero ante la falta de dinero, no todo son malas noticias. Desde este año España tiene por primera vez un Marco de Asociación País (MAP) con Guatemala, en el que acuerda las prioridades y se marcan unos objetivos claros y evaluables.

Esta novedad supone un cambio radical en la política de cooperación: “Dejamos de ver a los países como receptores para hablar de socios; la relación ya no es tan jerárquica”, dice Beatriz Novales, coordinadora de la Unidad de Planificación, Eficacia y Calidad de la AECID. Las prioridades responderán ahora a sus necesidades más que a lo que quiera ofrecer España. Antes tampoco había un sistema de evaluación estandarizado para valorar el éxito o el fracaso de un proyecto.

Este MAP estará en vigor hasta 2017 y tiene sólo dos prioridades: la reducción de la desnutrición infantil y, a partir de 2015, la disminución de las muertes violentas de mujeres. El objetivo geográfico también está restringido: se invertirá en sólo 16 de los 334 municipios que tiene Guatemala.

Las prioridades para el periodo 2005-2008 fueron mucho más numerosas: acción humanitaria, gobernanza democrática y participación social, cobertura de necesidades sociales básicas (soberanía alimentaria, educación, derecho a la salud), o promoción del tejido económico y social. Los temas eran tan variados que incluían casi todas las opciones imaginables en políticas de cooperación. Durante años, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha criticado la gran dispersión de la cooperación española. Este problema no se empezó a atajar hasta que llegó la crisis económica y el recorte drástico de fondos.

El coordinador general de la oficina de la AECID en el país, Miguel Ángel Encinas, reconoce que dar muchas cantidades pero pequeñas, como ha ocurrido en el pasado, no es efectivo. “¿Qué impacto se tiene con 150.000 euros? Muy limitado”, dice. “Si ahora triplicasen el presupuesto, pediría que pusiéramos todo ese dinero nuevo en la misma prioridad: la mortalidad infantil”.

Para Revelles, la coordinadora adjunta, el cambio es positivo pero llega tarde: “Ahora que tenemos una buena herramienta de control de objetivos no tenemos financiación”. Ella cuenta que antes, si no se concretaba un resultado con una cifra, la evaluación era a la fuerza positiva: era fácil lograr algún avance en algo tan general como “fortalecimiento institucional”. Ahora los planes iniciales incluirán un objetivo numérico: “Antes no podíamos medir el impacto de la cooperación española, ahora, aunque sea mínimo, sí”, concluye Revelles.

La presidenta de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo en España, Mercedes Ruiz-Giménez, no quiere que se aproveche esta novedad para otros fines: “La concentración de objetivos no puede usarse como excusa para recortar”. Además, para el caso concreto de Guatemala, apunta a que se ha dejado fuera sin razón los asuntos de gobernanza y derechos humanos.

La cooperación española empieza una etapa nueva. Tras la visita de varios proyectos en Guatemala, es innegable que la cooperación española ha sido dispersa y en algunos casos ineficaz. Los responsables son los primeros interesados en lograr más eficacia y control en los resultados. La cooperación internacional en general va por ese camino: más concreción, resultados más claros y menos tiros al aire.

Con este nuevo plan más sólido, falta ahora el dinero. “Queda mucho que hacer en la evaluación de las políticas, pero el problema que tenemos en las políticas de desarrollo no es de evaluación, sino el de la desaparición del presupuesto”, asegura convencida Soraya Rodríguez, secretaria de Estado de Cooperación entre 2008 y 2011. Es el nuevo reto de la ayuda al desarrollo en países de renta media: no quedarse en simbólica y, por tanto, en innecesaria.

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* Jordi Pérez Colomé es autor del blog político Obamaworld

Este artículo, en el que también han participado los periodistas Marcos García Rey y Mar Cabra, forma parte de una serie de reportajes que muestran los resultados de cuatro meses de investigación para radiografiar la situación actual de la Ayuda Oficial al Desarrollo Española. El resto de trabajos se podrá leer a lo largo del mes de diciembre de 2013.