El Gobierno deja en manos de la Audiencia Nacional la vuelta a prisión de Bolinaga

La política antiterrorista sigue generando fricciones entre el Gobierno del Partido Popular y las víctimas de ETA. La aplicación de la sentencia contra la doctrina Parot del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo ha generado el último conflicto por su efecto en la política penitenciaria. Sólo dos semanas después del fallo, la Audiencia Nacional ya ha acordado la excarcelación de 12 etarras que acumulan decenas de crímenes sanguinarios en su historial. La concesión de libertades a miembros de ETA puede acabar superando el centenar. Y a esas salidas se suma otra dolorosa excarcelación anterior en el tiempo, la del etarra Josu Uribetxeberria Bolinaga, que también ocasiona un profundo malestar entre las víctimas de la organización terrorista.

La situación de Bolinaga, enfermo de cáncer, no cambiará por ahora. El Gobierno acaba de asegurar en su contestación a una pregunta por escrito formulada por Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso de los Diputados que no contempla tomar ninguna medida para promover el regreso a prisión de Bolinaga y que, en todo caso, su situación procesal es competencia de los tribunales. “En virtud de las disposiciones de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la concesión y revocación de la libertad condicional corresponde a los órganos judiciales competentes, no a la Administración Penitenciaria”, afirma el Ejecutivo en la respuesta que ha remitido a la Cámara Baja.

La formación que lidera Rosa Díez pidió al Gobierno que aclarara por qué Instituciones Penitenciarias no ha revocado la concesión del tercer grado penitenciario de Bolinaga, a pesar de que el etarra ha superado holgadamente las expectativas vitales que fijaron los facultativos que le examinaron antes de ser puesto en libertad. Con ese informe médico, prisiones le otorgó el tercer grado en agosto de 2012, un trámite previo imprescindible para que el juez de Vigilancia Penitenciaria pudiera decretar su libertad condicional.

Los expertos que le trataron dijeron en el verano del pasado año que sus probabilidades de superar el año de vida se limitaban a un 10%, pero Bolinaga ha sobrepasado ese plazo. En su pregunta, UPyD cita al fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira para recordar que las pruebas médicas más recientes que se le han realizado concluyen que “todas las metástasis han disminuido de tamaño en el último año, lo que revela indiscutiblemente una evolución favorable de su enfermedad”.

Sin embargo, el Ministerio de Interior no tiene ninguna intención de modificar la situación del etarra. El Ejecutivo de Rajoy tiene en su mano la reclasificación de Bolinaga como recluso en segundo grado penitenciario, una decisión que provocaría automáticamente su vuelta a la cárcel. Pero en su contestación, el Gobierno asegura que la única decisión que puede alterar la situación en la que se encuentra el miembro de ETA tiene que ver con la concesión de la libertad condicional y que esa cuestión sólo corresponde a los tribunales.

210 años de prisión

En su respuesta, el Gobierno recuerda que “el pasado 27 de junio, la Administración Penitenciaria solicitó al Servicio Vasco de Salud nuevos informes clínicos sobre el estado de salud de la persona concernida. Una vez recibidos, fueron trasladados al titular del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, dando lugar a la actividad de este órgano jurisdiccional”. El trámite concluyó sin variaciones, al confirmar de nuevo la Audiencia Nacional que la dolencia de Bolinaga era incompatible con su internamiento en prisión. Otro examen médico realizado por el Instituto de Medicina Legal dependiente del Ministerio de Justicia también aseguró el pasado 23 de octubre que el estado del etarra había empeorado, en contra del criterio de la Fiscalía.

Bolinaga asesinó a tres guardias civiles y participó en el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara. Ingresó en prisión en 1997 con una condena de 210 años de cárcel por estos crímenes. Sin embargo, en agosto de 2012 consiguió la libertad por “razones humanitarias”. De los 30 años de prisión efectiva que habría cumplido como máximo, sólo ha estado encerrado finalmente 15 años.