Castilla y León podría llevar ante la Justicia al PP por el copago de fármacos

En Castilla y León no había caído nada bien la obligación impuesta por Sanidad de cobrar los fármacos hospitalarios a los pacientes en régimen ambulatorio.La decisión de la ministra Ana Mato cayó como un jarro de agua fría en una comunidad habitual en las 'refriegas'contra el Gobierno, pese a que ambasestén gobernadas por el Partido Popular. Baste recordar los rifirrafes sobre financiación y las agarradas con el Ministerio de Hacienda por cuestiones de deuda.

El malestar era patente. De hecho, el miércoles se votará en las Cortes de Castilla y León una propuesta 'popular' en la que la Cámara insta al Ejecutivo de Mariano Rajoy adar un paso atrás y olvidarse de raíz del cobro de los fármacos hospitalarios.

Pero, el Gobierno regional de Juan Vicente Herrera ha ido más allá. Hasta el extremo de ser el primer 'barón' del partido que se planta ante la resolución ministerial. El pasado viernes, la Consejería de Sanidad que pilota el psiquiatra Antonio Sáez Aguado presentó ante el Ministerio de Sanidad un requerimiento previo a la Administración del Estado para que "revoque o anule la Resolución de 10 de septiembre de 2013 que regula el copago de medicamentos hospitalarios".Esta medida obliga a los pacientes en régimen ambulatorio a abonar un 10%, con un máximo de 4,2 euros por envase, al retirar los medicamentos que se les dispensen en las farmacias de los hospitales. Parte de estos tratamientos están indicados, por ejemplo, en casos de cáncer.

Este movimiento no es más que una primera pedrada metafórica en la cabeza de Ana Mato que amenaza con convertirse en un auténticoproblema para su Ministerio, ya que las autoridades sanitarias de Castilla y León han dejado bien claro que "se trata de un primer paso que podría dar lugar a otras posibles acciones en los tribunales".

Vamos, que Juan Vicente Herrera no juega de farol en esta baza sanitaria, sino que ha echado un órdago en toda regla. Y, de hecho, ha sido el primero en mover ficha en este sentido y con esta contundencia, ya que hasta el momento, sólo en el parlamento navarro y, verbalmente, el presidente extremeño habían mostrado su enfado que, en ningún caso llegaba a airear la espada de Damocles de la Justicia.

El departamento de Sáez fundamenta su postura en varios aspectos. Uno, el escaso impacto económico de la medida, auténtico objetivo del Ministerio, obligado a su vez por los compromisos adquiridos recientemente con las autoridades europeas en lo que se refiere a recortes. Y otro, y fundamental para el equipo de Herrera, que afecta a pacientes aquejados de enfermedades extremadamente graves. "No se considera, por tanto, que esta iniciativa contribuya a la sostenibilidad de la sanidad pública y ni tiene ni debe tener efecto disuasorio", afirma la Consejería de Sanidad de Castilla y León en una nota hecha pública en las últimas horas.

Para la Consejería, además, "no puede considerarse que una resolución administrativa tenga rango suficiente para cambiar las condiciones de financiación de los medicamentos en el Sistema Nacional de Salud. También se considera que la Dirección General de Farmacia no tiene competencias para actuar en este sentido. Y, finalmente, los criterios técnicos utilizados para la selección de los medicamentos que tienen este tipo de aportación dan lugar a inequidad en pacientes con el mismo tipo de patología".