Sanidad instaura el cobro de fármacos hospitalarios en el “territorio Mato”

“Fue una reunión confusa, tensa, con nervios…”. Así lo cuenta a El Confidencial uno de los especialistas autonómicos convocados a la Comisión Permanente de Farmacia del pasado martes por el Ministerio de Sanidad para abordar el polémico y contestado copago de fármacos hospitalarios dispensados a pacientes en régimen ambulante.

“Acuerdos, pocos, y concreción, aún menos. De una forma velada se vino a comunicar que el 1 de enero podría ser la fecha óptima para implantar la medida, aunque Ana Mato quería que se hiciese el 1 de octubre”, matiza. La titular de Sanidad está convencida de que entre diciembre y principios de enero los hospitales estarán en disposición de hacer efectivoel cobroen todo el Estado. Según fuentes de Sanidad, a las comunidades autónomas se les ha requerido para que apliquen un procedimiento que "viene desde diciembre de 2012. Se les ha pedido que den fechas, que estudien cuándo podrá estar en marcha".

Por el momento, el Ministerio sólo ha lanzado el órdago para proceder al cobro de fármacos hospitalarios a pacientes ambulantes –uno 10% por envase, con un tope de 4,2 euros- en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, consideradas a todos los efectos ‘territorio Mato’.

En el resto del mapa autonómico la medida ha sido criticada, contestada o, en menos casos, aceptada a regañadientes o con la boca pequeña. Sólo algunas regiones se han puesto la camiseta de la Ministra para defender el nuevo copago sanitario, que reportará un ahorro insignificante dentro del gasto de miles de millones en que incurren las farmacias hospitalarias. En el colmo de las ironías, el miércoles se supo que Ceuta recaudó sólo 24 euros en el primer día de entrada en vigor de la normativa en la ciudad autónoma.

“Estamos a expensas de la voluntad directa del Ministerio de Sanidad, que está aplicando una medida impopular, injusta, ilegal y puede que hasta inconstitucional”, asegura Pablo Núñez Díaz, secretario de Política Social del PSOE de Ceuta. “Ceuta y Melilla dependen del Instituto Nacional de Gestión sanitaria (Ingesa), que es el antiguo Insalud. Aquí lo que dice Mato se hace”, dice con cierta sorna Núñez.

Núñez denuncia, además, que “para cobrar se está utilizando el sistema del departamento de facturación, que entre otras cosas reclama económicamente, cuando es menester, a los seguros privados por la atención a sus asociados, ya que en Ceuta no hay hospitales privados”.

Los pacientes hospitalarios ceutíes estarían informatizados, de forma que de la misma forma que se les hace pagar por sus medicamentos en tratamiento ambulante se les podrían devolver, en su caso, los excesos a los que hubiese lugar. “Primero pagan y luego se les da el fármaco”, dice Núñez.

Fuentes sanitarias aseguran que ninguna comunidad autónoma, con las dos excepciones mencionadas, está cobrando por los medicamentos, buena parte de ellos recetados para tratamientos oncológicos o autoinmunológicos. Su aplicación exige cambiar los sistemas informáticos de las oficinas de farmacia. “Esto es un poco caótico”, afirma a El Confidencial el portavoz de una Consejería autonómica cuyo cuerpo técnico ha participado en la última reunión con el Ministerio de Sanidad.

Las comunidades gobernadas por el PSOE, así como Canarias y Castilla y León, han pedido a las autoridades sanitarias del Gobierno de Mariano Rajoy que dejen sin efecto la medida. De hecho, en las Cortes castellanas y leonesas se debatirán en breve, probablemente el próximo 22 de octubre, dos propuestas, una del Partido Popular y otra del PSOE, oponiéndose al cobro de estos fármacos y pidiendo corregir posiciones al Ejecutivo nacional.

Según las fuentes consultadas por El Confidencial, Ana Mato estaría disgustada por el hecho de que sangre de su sangre, comunidades gobernadas por los populares, eleven propuestas a sus Cámaras de representantes, dado que trasladaría a la opinión pública una imagen de división interna.

Según el responsable de Política Social del PSOE ceutí, “el personal está manifestando su malestar por la medida. Es un asunto meramente recaudatorio, y se está obligando, además, a que los enfermos tengan que hacer un trámite más, cuando sus dolencias no les permiten muchos márgenes de movilidad, por ejemplo”, sentencia Núñez.