UPyD sobre el fichaje de Aznar: “Es legal pero muy poco justificable o presentable”

El último fichaje de José María Aznar como asesor presidencial de KPMG, adelantado el jueves por este diario y que refuerza su ya de por sí abultada hoja de servicios comoconsejero de News Corporation y lobista de Endesa,ha reabierto de nuevo el debate sobre las pensiones vitalicias que perciben los expresidentes del Gobierno y que continúan exentas de cualquier tipo de incompatibilidad. Un sistema de puertas giratorias en el que solo el partido de Rosa Díez sigue defendiendo ante PP y PSOE su reforma para obligar a los antiguos inquilinos de La Moncloa a elegir entre la retribución pública o la minuta de la empresa privada.

“Es legal pero muy poco justificable o presentable”, explica a este diario el número dos de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, que ha apelado en repetidas ocasiones en el Congreso a que se acabe con esta falta de control sobre el gasto en los expresidentes, al igual que ya ocurre con las cesantías de los exministros y exsecretarios de Estado, que ya no son compatibles con otros ingresos.

La partidade los expresidentes para 2014 que se recoge en el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2014 se ha congelado en los 298.230 euros que se reparten los cuatro exinquilinos de la Moncloa; Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. Alrededor de 75.000 euros vitalicios para cada uno. De todos ellos, Zapatero ha sido el único que, a raíz de la reforma legal llevada a cabo por el Gobierno en julio del año pasado, tuvo que renunciar al 80% de la cesantía complementaria que le hubiera correspondido percibir durante dos años y optó, en su caso, por la retribución, mayor, que recibe del Consejo de Estado y que sí compatibiliza con la pensión de expresidente.

“Debería haber un sistema de incompatibilidades más riguroso para que no se produjeran estos casos de puertas giratorias que tanto daño hacen al sistema”, añade Gorriarán, para quien tampoco es aceptable que un expresidente pueda utilizar su influencia y contactos dentro de la Administración para tener “información privilegiada” que pueda favorecer intereses empresariales particulares.

Propuestas de reforma

No es la primera vez, sin embargo, que UPyD insiste en este aspecto. Hade dos semanas, el partido magenta presentó en el Congreso una proposición de ley que recogía un amplio paquete de reformas legislativas para luchar contra la corrupción y a favor de la regeneración democrática y que incluía, entre otras medidas, esta reivindicación dentro del apartado de incompatibilidades de los cargos públicos.

En febrero del año pasado, el Congreso también tuvo con los votos de PP, PSOE y CIU otra iniciativa de UPyD para limitar los honorarios de los expresidentes y hacerlos incompatibles con otras retribuciones del sector privado. Hay que recordar que Aznar cobra unos 200.000 euros anuales por su trabajo en News Corporation y Endesa, y González alrededor de 126.000 euros al año de Gas Natural.

El PSOE, a través del diputado Nacho Sánchez Amor, justificó entonces que el estatuto de los expresidentes era precisamente “la mejor garantía” para separar los intereses públicos de los privados y subrayó que, si se recurre a la experiencia de los exmandatarios, siempre será mejor que acudan con el respaldo de fondos públicos en lugar de que estuvieran a merced de una empresa privada. El PP, por su parte, calificó la iniciativa de “efectista”, tal y como la definió el diputado Pedro Gómez de la Serna, quien remarcó que la regeneración democrática es “incompatible con la demagogia” y “planteamientos facilotes”. Desde entonces, nada ha cambiado y, mientras, los expresidentes siguen coleccionando puestazos como asesores o lobistas.