Anticorrupción se opondrá a investigar a Gallardón en el ‘caso Nóos’

La Fiscalía Anticorrupción informará en contra de investigar al Ayuntamiento de Madrid y al que fuera su alcalde, Alberto Ruiz Gallardón, dentro de la causa que se investiga al yerno del Rey, Iñaki Urdangarin. El juez de Palma, José Castro, dio traslado ayer a todas las partes para que se pronunciaran sobre la petición de la acusación.

Según fuentes fiscales, el Ministerio Público se va a oponer a abrir una investigación al actual ministro de Justicia por una supuesta donación que hizo el consistorio de 140.000 euros a la entidad sucesora del Instituto Nóos.  El Ayuntamiento argumentó entonces para entregar ese dinero fue que se hacía “en base a la figura” que representaba Urdangarin y para utilizarle “como lobby” para  promocionar la candidatura olímpica de Madrid.

Para la acusación, representada por el sindicato Manos Limpias, “la gravedad” radica en que no se justificó a posteriori el anterior gasto y que el consistorio tampoco requirió al duque de Palma que devolviera “lo obtenido fraudulenta e ilícitamente”.

No hay indicios contra el exalcalde

Sin embargo, para Anticorrupción no hay indicios para inculpar al exalcalde por la entrega de ese dinero. Hasta la fecha, no hay ninguna prueba que haga sospechar que Ruiz Gallardón tuvo conocimiento de esta aportación económica.

La acusación ha pedido al juez Castro que le investigue por la presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de  influencias. El sindicato relata cómo la fundación madrileña concedió los 140.000 euros a la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS) sin  haber justificado a qué servicios correspondían.

Ministerio Público se va a oponer a abrir una investigación al actual ministro de Justicia por una supuesta donación que hizo el consistorio de 140.000 euros a la entidad sucesora del Instituto NóosAsimismo, apunta que la entidad que otorgó el dinero está regida  por un patronato presidido entonces por Gallardón y cuya obligación,  a tenor del artículo 14 de sus estatutos, radica en “hacer que se cumplan los fines de la Fundación, desempeñando el cargo con la diligencia de un representante legal”.

Para pedir esta investigación, la acusación se basa en la declaración del hombre de confianza de Urdangarín, Mario Sorribas, quien sostuvo que la Fundación Madrid 2016 retribuyó durante más de un año la cantidad de  6.000 euros al mes a la FDCIS “sin que hiciera ningún tipo de trabajo”.

Sin embargo, Anticorrupción considera que no hay ningún documento ni ningún testigo que nombre a Ruiz Gallardón en este asunto. Estas mismas fuentes explican que nadie ha nombrado al actual ministro y ni tan siquiera sale su nombre en ningún papel.

Coghen y Corral, imputados

Sin embargo, el fiscal del caso, Pedro Horrach, sí mantiene que en esa donación  hay indicios de delito. Es más, en la causa están imputados la exconsejera delegada de Madrid 2016 y exjefa del  área de Deportes del Ayuntamiento de Madrid Mercedes Coghen, el  director financiero Gerardo Corral y quien fuera director de Deportes del consistorio, Miguel de la Villa. A su juicio, ese pago se habría intentado justificar mediante un documento escrito a mano y fechado en diciembre de 2011, menos de un mes antes de que se practicaran los registros tras los cuales estalló el caso Nóos, a sabiendas de que ese dinero no correspondía a ningún trabajo.

Las partes tienen diez días para informar sobre la petición de la acusación. Después, Castro decidirá si escucha al fiscal y desestima la petición o si decide seguir la andadura solo y continúa la investigación a Ruiz Gallardón. En este último caso, el instructor tendría que enviar esta parte de la causa al Tribunal Supremo al tratarse de un miembro del Gobierno. Así ocurrió cuando Castro decidió seguir adelante con la instrucción a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y al expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps. Al ser ambos aforados regionales, ahora es el Tribunal Superior de Justicia de Valencia el que debe investigarles por pagar injustificadamente a Urdangarin y su socio, Diego Torres.

En el caso Nóos, juez y fiscal trabajaron juntos hasta que llegó el momento de decidir sobre la imputación de la infanta Cristina. El fiscal se opuso radicalmente pero Castro optó por encausarla sin su visto bueno. El representante del Ministerio Público recurrió su decisión al día siguiente y fue la Audiencia Provincial de Palma la que resolvió a favor de Anticorrupción.