CCOO y UGT intentan desmontar el mito de que viven de la subvención del Estado

Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de los Trabajadores (UGT) quisieron poner ayer fin al mito que arrastran durante años y que apunta, tal y como está instalado en el imaginario de mucha gente, a que ambas organizaciones viven, exclusivamente, de las subvenciones del BOE. Aprovechando su comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso, donde ayer explicaron su predisposición a someterse, con matices, a la futura Ley de Transparencia, ambas formaciones hicieron un importante destape económico con el que quisieron mostrar, en primer lugar, que la fuerza de sus siglas está en sus afiliados,paraacabar así, en segundo lugar, con el bulo de que las ayudas para los programas de formación para el trabajo son mecanismos que les sirven para financiarse.

De entre las dos, Comisiones Obreras fue la que hizo un mayor destape económico ante sus señorías y la que demostró que se encuentra más avanzada en lo que a criterios de transparencia se refiere. Así lo explicó su secretario de Estudios, Rodolfo Benito, quien avanzó que CCOO ya ha dado el paso de publicar sus cuentas en la web del sindicato y que reveló, además, que en este 2013, CCOO ha recibido 3.528.443,34 euros en concepto de subvenciones para la realización de actividades de carácter sindical. Según Benito, esos ingresos sólo suponen el 2,81% de los ingresos totales de la organización.

La cifra ha descendido notablemente de unos años a esta parte, fruto de los ajustes drásticos aplicados por el Gobierno de Mariano Rajoy que, en apenas un año y medio, ha recortado las subvenciones a sindicatos, CEOE y partidos políticos en un 40%. Así, en 2009, la cantidad recibida por CCOO ascendía a 6.397.610,94 euros y, en 2011, último año del que se tenían datos, a 6.385.578,58 euros.

Ayer fue la primera vez que un sindicato como el de CCOO explicaba qué cantidad de dinero recibirán este año del Estado, pues las cifras globales todavía no han sido publicadas en el BOE. En ese paso a favor de una total transparencia en su gestión, Benito también explicó que, hoy por hoy, el sindicato cuenta con 1.073.000 cotizantes que pagan sus cuotas como afiliados.

Frederic Monell, secretario de participación sindical de UGT, detalló, por su parte, que los ingresos por las cuotas de sus abonados (en torno a un millón, dijo) suponen el 70% de la financiación del sindicato y que las subvenciones del Estado sólo cubren algo más del 20%. Monell, sin embargo, no detalló más sobre las cuentas internas de la formación y reconoció que, en la actualidad, el sindicato no cumple con lo que pretende hacer la futura Ley de Transparencia. “Debemos recorrer un camino de esfuerzo para que nos hagamos acreedores de esos objetivos”, aseguró ante los miembros de la Comisión.

Ambos sindicatos reconocieron ayer que están dispuestos a entrar dentro del ámbito de actuación de la Ley de Transparencia, aunque pusieron matices dada su especial naturaleza. Así, Benito advirtió que ellos no pueden cumplir con el principio de publicidad activa de igual forma que lo hace una Administración pública porque no pueden revelar sus actas o las estrategias del sindicato de cara al Gobierno, a la patronal o a la negociación colectiva. Monell, por su parte, expresó sus dudas sobre la posibilidad de que la ley pueda suponer algún tipo de injerencia por parte de las autoridades públicas en la organización del sindicato o pueda coartar su libertad de funcionamiento.

Los sindicatos pidieron a los diputados que no se confundan las subvenciones que aquellos reciben de los Presupuestos Generales del Estado y de las comunidades autónomas con los fondos para programas públicos de gestión sindical, que tienen objetivos finalistas y en los que participan otras instancias, porque “la realización de programas no es financiación”, explicaron. Bajo este concepto, tal y como publicó este diario, patronal y sindicatos se repartieron 175 millones en subvenciones en el 2011.

CEOE rechaza su inclusión en la ley

Con los datos en la mano, y según lo que los representantes de la patronal y los sindicatos expusieron ayer en el Congreso, se da la paradoja de que la CEOE recibe más porcentaje de su presupuesto de la subvenciones del Estado que los propios sindicatos. Según explicó el presidente de la Comisión de Responsabilidad Social Empresarial de la CEOE y vicepresidente de CEIM, Juan Pablo Lázaro, estas subvenciones representan el 32,1% de sus ingresos.

Pese a ello, la patronal no considera que deba hacer especiales esfuerzos por mostrarse más transparente ante la sociedad. Accede, eso sí, a que se controle y sean transparentes los ingresos públicos que reciben, pero no está dispuesta a “auditar obligatoriamente sus cuentas”, y o a hacer públicas las retribuciones de sus altos cargos. Por ello, según explicó Juan Pablo Lázaro, consideran que tanto la CEOE como las 4.500 organizaciones empresariales que representa "no deberían ser incluidas" en esta ley.