El PP media entre Gobierno y alcaldes para sacar adelante ya la reforma local

La mediación del PP empieza a abrir vías de entendimiento para que sus alcaldes acepten de mejor grado la reforma de la Administración local que impulsa el Ejecutivo. Según fuentes de la dirección del partido, el Gobierno está dispuesto a ceder en el capítulo de la intervención de los municipios por Hacienda (pero no en materia de ajustes y ahorro) y los ediles se empiezan a hacer a la idea de perder competencias en prestaciones de servicios, asesores y salarios.

“Los ánimos están más tranquilos”, aseguran en la dirección del PP después de la rebelión de sus alcaldes plasmada en las alegaciones al anteproyecto de reforma de la Administración local del Gobierno que pactaron con los socialistas en el seno de la Federación Española de Municipios. Javier Arenas y su equipo en la Vicesecretaría de Política Autonómica y Local del partido han recorrido media España en las últimas semanas para debatir con los dirigentes y cargos regionales y municipales sobre el contenido del texto y las posibilidades de enmienda sin desvirtuar el objetivo principal: “Poner orden en las competencias y servicios, reducir aparato político y ahorrar”.

Arenas busca el acuerdo por encargo de Rajoy

Mariano Rajoy ha encargado a Arenas que busque el acuerdo interno sobre la reforma local, que es su principal proyecto para este periodo de sesiones y que tiene que estar aprobado y remitido al Congreso antes del verano. El Gobierno aspira a que el nuevo reparto de competencias y servicios entre diputaciones y ayuntamientos, más la supresión de mancomunidades y sector público municipal, empiece a producir un ahorro de fondos públicos de unos 8.000 millones en los dos primeros años de su entrada en vigor.

El último anteproyecto del Gobierno para la reforma local fue redactado en marzo y no ha pasado de la fase formal de informe en el Consejo de Ministros. Rajoy necesita desatascar el texto este mes, lograr un mínimo consenso interno en el PP sobre sus fundamentos y, previo paso por la Comisión Nacional de Administración Local, remitirlo después al Consejo de Estado.

En el tira y afloja entre el Gobierno y los alcaldes, con el partido de mediador, se han abierto algunas vías de entendimiento en los puntos fundamentales que afectan a la autonomía municipal. Según fuentes del PP consultadas por El Confidencial, Hacienda está dispuesta a ceder en los mecanismos y en los plazos previstos en el anteproyecto para que la Administración central (Hacienda) intervenga un ayuntamiento.

El Ejecutivo está dispuesto a admitir que los Gobiernos municipales tengan más tiempo para poner en orden sus cuentas y que se sometan a los principios de la ley de estabilidad presupuestaria por su cuenta, sin la tutela automática de Hacienda, que es como tenía decidido hacer.

Otros aspectos en fase de negociación son las competencias sobre educación, que el Ejecutivo exige que pasen a manos de las comunidades autónomas, y los sistemas de evaluación del coste de los servicios que prestan los ayuntamientos. Hacienda no cede en la idea de que las diputaciones agrupen y centralicen la prestación de los servicios municipales de aquellos consistorios que no logren hacerlo a un precio razonable y los alcaldes reclaman más flexibilidad y que se tenga en cuenta su opinión a la hora de fijar el coste de esos servicios.

“El problema es presupuestario, no de competencias"

“El problema es presupuestario, si se puede pagar un servicio o no con los ingresos y la recaudación, y a qué precio; no es un problema de competencias o de autonomía”, sostienen en fuentes del PP. El Gobierno ya renunció a finales del pasado año a su primera iniciativa de reducir en un 30 por ciento el número de concejales de la Administración local. El Partido Popular se opuso para no perder capacidad de representación e influencia y el Ministerio de Hacienda cedió, pero con la condición de garantizarse que los ediles de las poblaciones más pequeñas no cobrarían sueldo alguno, como ya ocurre. Las tablas para tasarlo e impedirlo se incluyeron en el anteproyecto de marzo.

En medios gubernamentales reconocen la urgencia de sacar adelante el proyecto el mes que viene, al mismo tiempo que aseguran que no cabe margen de negociación alguno en los capítulos de la reforma que conllevan “poner orden en las competencias” y ahorrar. Los límites salariales, de composición de los ayuntamientos, de número de asesores, supresión del sector público local, liquidación de mancomunidades o normas de transparencia en las cuentas se mantendrán tal cual están, según las citadas fuentes.