El euro de la discordia: médicos, farmacéuticos y oposición celebran su suspensión

Antes de las dos de la tarde, en ninguna farmacia de la Comunidad de Madrid se cobraba ya el euro por receta que Ignacio González ordenó cobrar desde el 1 de enero. En las boticas, donde se sentían como “meros recaudadores”, respiraban un poco más aliviados desde que han recibido la notificación del Colegio de Farmacéuticos de que “de forma inmediata” dejaran de cobrar la tasa, por órdenes expresas del Tribunal Constitucional. Los usuarios, que han tildado desde su puesta en marcha la tasa como “vergüenza” y “repago”, aplaudían ayer la medida cautelar impuesta por el Constitucional. “Es una medida fabulosa. Nunca entendí por qué yo debía pagar por las recetas y mi hermana que vive en Toledo, no. Era muy injusto”, se quejaba en este medio una usuaria.  

El Tribunal Constitucional ordenó ayer la suspensión temporal de la medida al admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno. Con él, se esfuman las previsiones de la Comunidad de ingresar 83 millones de euros en 2013, haciendo un roto en los presupuestos de González que ya ha dicho que tiene que suplirlo con más impuestos o nuevas tasas. Mariano Avilés, presidente de Asociación Española de Derecho Farmacéutico (ASEDEF), pone en duda el “carácter disuasorio” con que el Ejecutivo regional intentó vender la medida antes de su puesta en marcha. “Si la tasa tenía como misión evitar un abuso en la compra de medicamentos, tenía sentido. Pero parece que el fondo del asunto era recaudar”.

El Colegio de Médicos de Madrid también se mostró satisfecho con la decisión del Tribunal Constitucional (TC), y consideró la medida como “arbitraria” y “recaudatoria”. La corporación médica madrileña subrayó a través de un comunicado que esta tasa es un “impedimento” para el buen cumplimiento y adherencia a los tratamientos en pacientes con escaso poder adquisitivo, además de una medida que genera más desigualdad entre los pacientes en función de la comunidad de residencia. 

Insiste en que las exenciones establecidas son cuestionables al no incluir a la gran mayoría de pacientes con patologías crónicas, y que se trata de una medida recaudatoria que no modera la demanda ni soluciona los problemas de la sanidad madrileña.

El colegio médico sostiene, además, que el euro por receta “no se justifica” por el nivel de ahorro previsto al existir otras actuaciones que supondrían un ahorro superior, como frenar la medicalización excesiva de los problemas sociales, el abuso de las urgencias hospitalarias, la duplicidad de pruebas, la historia única o una mayor participación del médico en la gestión de los recursos.

La oposición, unida contra el 'copago'

La Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (Sefac) también se suma a la decisión del Constitucional y recuerda que esta tasa ha sido motivo de queja entre los usuarios, que la entendían como un impuesto a la enfermedad. “Al principio la medida no se entendía muy bien; ha costado bastante tiempo hacer entender a la población que se trataba de una tasa que no se generaba en la farmacia, sino que nosotros éramos unos recaudadores del impuesto. La gente se quejaba mucho porque no terminaba de entender que se grave por estar enfermo”, señaló su vicepresidenta, Ana Molinero.

La mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso, salvo CiU, valoraron positivamente la decisión tomada ayer por la mañana por parte del Tribunal Constitucional (TC). El portavoz del PP, Alfonso Alonso, destacó que el Gobierno central no tuvo en cuenta el color político del ejecutivo madrileño cuando presentó su recurso ante el TC porque se encontraba ante un supuesto idéntico al de Cataluña. El presidente de la Comunidad de Madrid siguió adelante con sus planes de implantar la medida incluso cuando en diciembre el Tribunal Constitucional ya paralizó una similar en Cataluña, la primera región donde se cobraba por receta. “Tenemos el marco competencial a nuestro favor”, respondió entonces a las amenazas del Gobierno el sucesor de Esperanza Aguirre en la Real Casa de Correos.

Por su parte, el portavoz de Economía del PSOE, Valeriano Gómez, se ha mostrado "plenamente satisfecho" por la suspensión de una tasa por receta que, a su juicio, era "discriminatoria" para los usuarios de la Comunidad de Madrid.

Desde IU, José Luis Centella apuntó que la decisión del TC es "la lógica" ya que, en su opinión, "no tendría sentido que no se hubiera suspendido en una comunidad y en otra sí". "Lo que nos sigue sorprendiendo es que el PP juegue de una forma timorata en Madrid lo que no ha jugado en Cataluña". El único que no comparte la polémica resolución ha sido el portavoz adjunto de CiU en la Cámara Baja, Josep Sánchez Llibre, que indicó que las decisiones de los tribunales son para aceptarlas aunque disienta de ellas.