La Sala que va a liberar a la mafia china dejó libre al etarra Troitiño antes de huir

La Audiencia Nacional ha tirado por tierra tres años de investigación. Este es el resumen del sentimiento que se vive en la Policía por el error judicial que va a dejar en libertad a la cúpula de la mafia china detenida tras la 'Operación Emperador'. Uno de los miembros ya está fuera y en los próximos días, o incluso en las próximas horas, irán saliendo el resto hasta la veintena que se calcula que va a beneficiar esta equivocación.

El juez que instruye el caso, Fernando Andréu, se ha visto obligado, por orden de la Sala de lo Penal, a dejar libre a Kay Yang porque superó las 72 horas máximas que permite la ley a tener retenido a un detenido en dependencias judiciales. Los detenidos fueron pasando ante el juez de menor a mayor importancia dentro de la organización criminal. Esto significa que los que sobrepasaron los tres días establecidos son los miembros de la cúpula, lo que incluye al líder de la mafia china en España, Gao Ping, su esposa, y el responsable del aparato de extorsión y amenazas, entre otros.

Los agentes de la Policía que han estado más de tres años investigando estas organizaciones tienen un malestar “importante”. Han estado durante todo este tiempo mañana, tarde y noche detrás de esta mafia, con sus complicaciones adicionales que supone investigar a personas de lengua china. Fuentes jurídicas explican que las prórrogas de prisión en la Audiencia Nacional han sido constantes. Existe una diferencia de criterios a la hora de interpretar hasta qué momento es disposición policial y cuándo comienza la judicial. Aún así, mientras que se resuelve y se busque alguna vía para llegar al Pleno y que sean todos los magistrados de la Sala quienes decidan si se debe revocar esta decisión, los principales imputados de la causa van a quedar en libertad.

La Sección Tercera que ha firmado este auto es la misma que dejó en libertad al histórico etarra Antonio Troitiño, escuchando las plegarias de la defensa y sin atender a la doctrina Parot sobre las redenciones penitenciarias, y después se vio obligado a revocar su libertad. Eso sí, cuando se ordenó su búsqueda y detención, el terrorista ya había huido.

Además, la ponente del auto, Clara Bayarri, también fue la magistrada que redactó el auto en el que decía que la Audiencia Nacional no era competente para investigar esta misma mafia china cuando otro juez, Ismael Moreno, se negó a hacerse cargo del caso. Sólo cuando Fernando Andreu decidió asumirlo se activó la maquinaria judicial para detener a este centenar de personas.

A la Policía no le importa si el error ha sido del juez a una orden del Gobierno -como se ha llegado a escuchar entre ellos- para no tener enfrentamientos diplomáticos ni sobre todo económicos con China, según fuentes policiales. Lo único que saben es que su trabajo se ha tirado “a la basura” porque lo más probable es que una vez que vayan quedando en libertad intenten huir. No se puede olvidar, dicen estas fuentes, que se les persigue por delitos muy graves, como crimen organizado, evadir enormes cantidades de dinero y pertenecer a auténticas mafias.

La Policía ya no puede hacer nada. No les pueden seguir y después de este varapalo los ánimos y la ilusión no viven su mejor momento. Ahora, dicen, habrá que esperar a que cometan nuevos delitos y volver a detenerles, siempre y cuando no consigan salir del país.

Aún así, aclaran que la operación estuvo desde el primer momento judicializada y la Policía no tomó ninguna decisión que no fuera anteriormente solicitada por el juez. Esta afirmación contradice la versión de la del juez que ha sostenido que ordenó el arresto de cerca de un centenar personas para que la policía pudiese llevar a cabo sus diligencias, como las alrededor de 120 entradas y registros que se realizaron y entiende en consecuencia que fue una detención policial y que estaba legitimado para prorrogar el periodo de arresto.

El auto de la Sección Tercera de lo Penal que obliga a Andreu a dejar al imputado en libertad explica que la prórroga de una detención más allá de las 72 horas sólo puede ser acordada por un juez cuando el arresto es policial. Ante el gran número de detenidos, el lento goteó de declaraciones y el vencimiento de las 72 horas legales de arresto, el instructor se vio obligado el 18 de octubre (las detenciones fueron el 16) a ampliar el periodo de detención para una treintena, de los cuales diez quedaron en libertad tras su declaración.

Los abogados del resto de los imputados que sobrepasaron ese tiempo en comisaría ya han recurrido ante la Audiencia Nacional por lo tanto es cuestión de tiempo que vayan a quedar fuera. La Fiscalía Anticorrupción se va a adelantar a la decisión y hoy mismo va a solicitar que se acuerde, como medida cautelar, la obligación de que se presenten diariamente ante el Juzgado y retirada de pasaporte.