La cúpula de la mafia china queda en libertad por error y Anticorrupción pedirá medidas cautelares

Un error judicial acaba de reventar toda la operación contra la mafia china, la más importante llevada a cabo en España contra el blanqueo de dinero. La Audiencia Nacional se ha visto obligada a dejar en libertad a un miembro de la cúpula, Kay Yang, porque estuvo retenido en dependencias policiales más de las 72 horas que permite la ley. Pero no va a ser el único. Fuentes de la investigación aseguran que una veintena de imputados, que hasta ahora se encuentran en prisión incondicional, van a quedar libres.

Estas fuentes explican que el problema no es la cantidad de implicados en la 'Operación Emperador' que van a salir a la calle sin ningún tipo de control judicial ni policial sino la calidad. Todos los que van a resultar beneficiados por este error, acordado por la Sala de lo Penal del órgano judicial, forman parte de la cúpula que durante años blanqueó dinero a través de la venta de productos chinos en España. Entre ellos se encuentra el máximo líder, Gao Ping, su mujer, o el responsable de las extorsiones y palizas, además de otros dirigentes de más organizaciones presuntamente mafiosas.

La Fiscalía Anticorrupción, que ha dirigido esta investigación durante casi cuatro años, va a solicitar mañana mismo que se adopten medidas cautelares tanto a Yang como a todos los que vayan quedando libres. Fuentes fiscales explican que estas medidas serán la obligación de comparecer diariamente en el juzgado y la pérdida de pasaporte. No se descarta solicitar al juez que ha firmado el auto de libertad, por orden de la Sala, otras medidas más contundentes pero todavía están en fase de estudio.

Esta decisión judicial supone un varapalo para el Ministerio Público, que ha visto cómo durante cuatro años sus investigaciones no eran admitidas por varios jueces, que rechazaron encargarse de la investigación. Fue sólo cuando recayó en manos de Andreu cuando la maquinaria judicial entró en funcionamiento. Los fiscales encargados del caso van a acelerar el análisis de toda la documentación obtenida durante los registros y el desmantelamiento del madrileño polígono de Cobo Calleja. Si con la información analizada aparecen nuevos indicios de delito contra los imputados podrían solicitar su reingreso en prisión, explican las mismas fuentes.

Por su parte, el juez instructor ha asumido su responsabilidad y asume “todas las consecuencias”, aunque considera que no se ha equivocado. La Sala ha interpretado que los detenidos estuvieron más de los tres días máximos que permite la ley. Sin embargo, antes de que se cumpliera el plazo el instructor ordenó a la Policía que desde ese momento los detenidos se encontraban a disposición judicial para que dejara de correr el plazo de detención. El problema fue que sólo había un juez para interrogar a un centenar de arrestados y no tuvo tiempo material para que en menos de 72 horas desfilaran todos los detenidos por su despacho. “Sigo pensando que no me he equivocado”, ha insistido el juez ante los periodistas tras dictar el auto de libertad. Aun así, acata y “obedece” la decisión de la Sala aunque ha lamentado que esto haya podido “empañar” el trabajo de los policías, fiscales y otros funcionarios que participaron en esta operación contra la mafia china, acusada de lavar entre 200 y 300 millones de euros y con capacidad para corromper instituciones españolas.

“Considero que es una detención ordenada por un juez, pero en periodo de investigación policial”, ha asegurado Andreu, y ha apuntado que cuando el día 18 de octubre (los imputados fueron detenidos el día 16) dictó el auto prorrogando la prisión se comunicó a los detenidos que a partir de ese momento se ponían a disposición del magistrado. Y ha añadido que si decidió prorrogar esta detención y no mandarles a prisión directamente fue para evitar que fueran a la cárcel sin haber declarado antes, contrariamente a lo que dice la Sección Tercera que mantiene en su auto que lo que el juez tendría que haber hecho era decretar su prisión sin escucharles.