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El PP quiere eliminar las ‘embajadas’ catalanas y las ‘subvenciones independentistas’
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PRETENDE INVERTIR EN ESCUELAS CATALANAS EN VEZ DE ENTIDADES DE FUERA

El PP quiere eliminar las ‘embajadas’ catalanas y las ‘subvenciones independentistas’

El PP erradicará todas las propuestas identitarias de su programa electoral de las próximas elecciones autonómicas catalanas del 25 de noviembre y propondrá, entre otras cosas,

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El PP quiere eliminar las ‘embajadas’ catalanas y las ‘subvenciones independentistas’

El PP erradicará todas las propuestas identitarias de su programa electoral de las próximas elecciones autonómicas catalanas del 25 de noviembre y propondrá, entre otras cosas, cerrar las embajadas que hay en distintas ciudades, eliminar las subvenciones a grupúsculos independentistas, abolir los consejos comarcales (con lo que elimina a 782 consejeros que cobran del erario público) y reducir en un 20% el número de diputados de la cámara autonómica, que pasaría de 135 escaños a sólo 107.

Así lo avanzó ayer la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, aunque el programa se aprobará este domingo. Lo que pretende es eliminar “la política subvencionada y clientelar de Convergència i Unió (CiU)” y hacer hincapié en medidas económicas para salir de la crisis. “Es preciso un cambio de prioridades en el Gobierno de la Generalitat -subrayó-, dejar de subvencionar la política nacionalista de algunos y centrarnos en lo realmente prioritario: la salida de la crisis y el mantenimiento de las políticas sociales, educativas y sanitarias”.

La estrategia de los populares pasa por contraponer sus ofertas a gastos actuales (que mantendrá CiU) y que el PP considera superfluos, ya que no contribuyen al mantenimiento del estado del bienestar ni a salir de la crisis. “Estamos cansados de oír decir a dirigentes de CiU que no hay dinero, cuando se está invirtiendo en gastos superfluos que sólo sirven a su proyecto nacionalista”, criticó la líder popular.

Así, entre las medidas que propondrá figuran también cerrar entidades públicas como el Memorial Democrático, el Instituto Internacional de la Paz, el Museo del Memorial del Exilio y la Casa de las Lenguas, con lo que tendría 4,5 millones de euros para invertir en la erradicación de la pobreza infantil, ya que “un 28% de los niños catalanes sólo comen una vez al día”.

En el ámbito de la educación, el PP quiere eliminarlas cuantiosas subvenciones a escuelas de fuera de Cataluña, como la Bressola, en el sur de Francia, que ha recibido durante los últimos años una decena de millones de euros. Sólo el último ejercicio, esta escuela de Perpignan ingresó 475.000 euros de dinero público de la Generalitat. Al mismo tiempo, eliminará ayudas a entidades de la Comunidad Valenciana y de las Baleares, destinando el dinero a la construcción de escuelas catalanas para acabar con el barraquismo escolar. En Valencia, la Escola Valenciana recibió 193.000 euros, mientras que la entidad Acció Cultural del País Valencià (ACPV) se hizo con 552.000 euros y el pequeño colectivo l’Esbarzer, con otros 419.000 euros.

Sánchez-Camacho también quiere meter la tijera en la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), el holding que controla la radio y la televisión públicas de Cataluña. El último ejercicio, la CCMA recibió 360 millones de euros de fondos públicos. Pero el PP quiere recortar aún un 15% más, es decir, unos 38 millones de euros, que se destinarían a ayudas para autónomos, emprendedores y pequeñas y medianas empresas.

El motivo de esta palmaria radicalidad del PP no es otro que catalizar el voto antinacionalista. “El electorado del PSC está desconcertado y no sabe si mañana se levantará siendo independentista o siendo federalista o siendo otra cosa. El PP, en cambio, tiene un mensaje muy claro: Cataluña tiene que seguir formando parte de España. Nosotros, hoy por hoy, somos la única garantía para hacer frente al independentismo de Convergència. Además, muchas de estas propuestas ya las habíamos lanzado a lo largo de esta legislatura. Nuestra prioridad es salir primero de la crisis y luego ya discutiremos cómo se gasta el dinero público. Pero con la que está cayendo no se puede dilapidar el erario en temas etéreos, sin sentido, mientras se cierran hospitales o se recorta en educación y en servicios sociales”, señalan fuentes del PP a El Confidencial.

Los avisos de Duran Lleida

La presidenta popular criticó también por enésima vez la deriva independentista de Artur Mas, del que asegura que “sólo escucha a los radicales de su partido mientras los moderados están silenciados, como Duran,que dijo que una Cataluña independiente quedaría fuera de Europa y lo acusaron de crear alarma”.

El líder de Unió Democràtica (UDC), Josep Antoni Duran Lleida, en realidad, volvió a alertar ayer de los peligros de la secesión. ”Hemos emprendido un camino que defendemos con todas nuestras capacidades: dar la voz al pueblo de Cataluña. Pero, por responsabilidad, no podemos dejar sin respuesta las incertidumbres que este proceso implica y tampoco esconder la respuesta si ya la tenemos”, escribió ayer en la carta semanal que dirige a los militantes de su partido.

Poco antes, en una entrevista a Punto Radio, advirtió también que “es malo para España el no tener a Cataluña y es malo para Cataluña no tener a España”. Pero puso el dedo en la llaga subrayando que duda de que haya una mayoría de ciudadanos que aboguen por la independencia. Asimismo, se mostró partidario de un referéndum soberanista siempre y cuando éste sea legal.

Artur Mas, por tanto, deberá hilar muy fino si quiere seguir conservando a su tradicional socio democristiano, ya que Unió no se embarcará en una aventura que suponga romper las reglas de la legalidad.

El PP erradicará todas las propuestas identitarias de su programa electoral de las próximas elecciones autonómicas catalanas del 25 de noviembre y propondrá, entre otras cosas, cerrar las embajadas que hay en distintas ciudades, eliminar las subvenciones a grupúsculos independentistas, abolir los consejos comarcales (con lo que elimina a 782 consejeros que cobran del erario público) y reducir en un 20% el número de diputados de la cámara autonómica, que pasaría de 135 escaños a sólo 107.