El largo camino de ETA hacia su disolución

ETA no volverá a matar. Lo dijo la propia banda hace hoy justo un año con el anuncio del "cese definitivo" de la violencia. Un aniversario que se cumple en la jornada de reflexión de las autonómicas vascas del 21-O. Aquella decisión convertirá a partir de este domingo a la izquierda abertzale, representada en la coalición EH-Bildu, en la segunda fuerza política del País Vasco tras el PNV. Los comicios romperán con toda seguridad el empate técnico entre nacionalistas y constitucionalistas en el que se ha movido siempre el laberinto político vasco, para dar paso a un escenario inédito. A la espera del último paso de la banda, su disolución, la sociedad vasca ha interiorizado que la paz no tiene marcha atrás, y la prioridad política, al margen de la crisis económica, no es ya la lucha contra el terrorismo, sino la normalización de una sociedad fracturada por años de crímenes.

Hasta llegar a la actual situación, ETA ha recorrido un largo camino jalonado de treguas con las que la banda ha graduado a conveniencia su actividad terrorista durante los últimos catorce años. El recorrido lo inició en 1998 con la declaración de una “tregua indefinida” que tuvo su origen en el Pacto de Lizarra, suscrito días antes entre todas las fuerzas nacionalistas para crear un frente que reclamara la soberanía al entonces presidente José María Aznar. La tregua tuvo como efecto inmediato que la entonces Herri Batasuna (HB) obtuviera los mejores resultados electorales de toda su historia con la marca Euskal Herritarrok (EH), y ETA consiguió abrir una vía de diálogo con el Ejecutivo popular. La falta de avances fue la excusa de la banda para romper el "alto el fuego" en noviembre de 1999 y dar paso a una escalada terrorista en la que los cargos públicos del PSE y PP fueron objetivos prioritarios. Fernando Buesa, portavoz socialista en el Parlamento vasco fue una de las víctimas. El fracaso de aquel proceso le costó a HB la escisión de un grupo de militantes que crearon Aralar.

Fueron necesarios seis años, hasta marzo de 2006, para que ETA declarara un nuevo “alto el fuego permanente”. Pasaba así de la tregua indefinida a la permanente, dos conceptos vagos pero suficientes para tener claro que no había decidido echar el cierre y que su decisión de volver a matar dependía del resultado de sus conversaciones con el Gobierno, en esta ocasión de Rodríguez Zapatero, a quien el Congreso autorizó a abrir un proceso de diálogo. Fue el último intento por alcanzar el fin dialogado de la violencia, frustrado por un sector de la banda y de la izquierda abertzale para el que las propuestas que la delegación del Gobierno presentó en las entrevistas celebradas en Oslo y Ginebra eran insuficientes. La mediación del centro Henri Dunant, especialista en la resolución de conflictos, no consiguió revertir el fracaso, y tampoco dieron fruto los contactos que de manera simultánea celebraron representantes de PSE y PNV con Batasuna, las conocidas como Conversaciones de Loyola. Nunca como entonces se había estado más cerca de alcanzar la paz desde las conversaciones de Argel, que arrancaron en 1987 de manera informal y concluyeron dos años más tarde sin acuerdos.

Derrota policial

El atentado con coche-bomba en la T4 del aeropuerto de Barajas (Madrid) rompió el último proceso y dio paso a una nueva etapa centrada en la derrota policial de ETA, tanto en España como en el resto de países, fundamentalmente Francia, en los que la banda disponía de bases logísticas. La efectividad policial fue mermando a la banda hasta dejarla sin apenas capacidad operativa. La ruptura tuvo también un efecto demoledor en la izquierda abertzale, ilegalizada y expulsada de las instituciones desde el año 2000, que terminó por asumir que la violencia ya no sumaba, sino que restaba en su estrategia soberanista. Una decisión en la que también influyó el rechazo y hartazgo de la sociedad vasca tras cuarenta años de terror. 

Un grupo encabezado por Arnaldo Otegi comenzó a reivindicar de puertas adentro la primacía de la estrategia política sobre la militar (justo lo contrario que ETA ha defendido siempre). El debate interno abierto se decantó el año pasado del lado de quienes apostaban por las vías exclusivamente políticas y democráticas para defender la independencia del País Vasco. Pese a ello, los vencedores (agrupados de manera sucesiva en torno a Sortu, Bildu, Amaiur y por último EH Bildu) han huido de la ruptura y buscan un acuerdo con el Estado para la disolución de ETA que sea asumible por sus militantes y no suponga un reconocimiento explícito de su derrota, de que la violencia no ha servido para nada. En eso andan aún con la ayuda de mediadores internacionales.

Han sido precisamente estos mediadores los que con la Declaración de Aiete (17 de octubre de 2011) pusieron la pista de aterrizaje a los últimos pasos dados por ETA, que en dos años (2010 y 2011) pasó de la declaración de una tregua al “fin de las actividades ofensivas”, al “alto el fuego permanente y verificable” y, por fin, al “cese definitivo” de la violencia. Un ejemplo del torticero y habilidoso uso del lenguaje que ha hecho siempre la banda terrorista.

Hoy se cumple un año de aquel acontecimiento y nadie en el País Vasco cree que la paz tenga marcha atrás. Menos aún con unos comicios en los que la izquierda abertzale va a disputar al PNV la hegemonía nacionalista, algo que solo es posible porque ETA ha dejado de matar, aunque aún no haya desaparecido por completo.