La Defensora del Pueblo estudia si interviene en el caso de los presos de ETA enfermos

Soledad Becerril, nueva Defensora del Pueblo, debe resolver un conflictivo asunto heredado de su antecesora en el cargo, María Luisa Cava de Llano, que días antes de abandonar su cargo el pasado junio pidió a Etxerat, la asociación de ayuda a los presos de ETA, los informes médicos de catorce etarras gravemente enfermos para valorar la posible intervención de la institución por motivos humanitarios. Uno de los citados internos era Josu Bolinaga Etxeberria, cuya libertad condicional ha provocado un conflicto interno en el PP.

La que fuera alcaldesa de Sevilla por el PP se ha encontrado con este polémico expediente justo cuando en su partido se libra una batalla interna entre quienes apoyan al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que concedió el tercer grado a Bolinaga, y un sector encabezado por el eurodiputado y exministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, que considera que la decisión fortalece a ETA y beneficia a la candidatura de EH-Bildu. Las críticas alcanzan al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que apoya al ministro, aunque ha eludido pronunciarse en público.

Los hechos arrancan el pasado 21 de junio, cuando María Luisa Cava de Llano se dirigió por carta a Etxerat para solicitarle los informes médicos sobre los catorce presos gravemente enfermos cuya excarcelación reclama la asociación. Fechas antes, en marzo, la citada organización se había reunido con el ararteko (Defensor del Pueblo del País Vasco), Iñigo Lamarca, y con un asesor del Defensor del Pueblo de Navarra, Francisco Javier Enériz, para trasladarles la situación de los presos. Ambos interlocutores les contestaron que el caso excedía sus competencias, aunque Lamarca se comprometió a trasladar el problema a la entonces Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano. Ésta requirió los informes médicos para valorar si apoyaba a los reclusos en sus reclamaciones. Su cese días después ha dejado el expediente en manos de Soledad Becerril.

Este diario ha pedido durante tres días información sobre el estado en que se encuentra el mismo. Ayer, un portavoz oficial se limitó a decir que el expediente se encuentra “en trámite”, sin más explicaciones. Un portavoz de Etxerat, por su parte, informó a El Confidenial que “por ahora no haremos publico la información” de que disponen sobre el caso. La asociación sí facilitó las identidades de los catorce etarras para los que reclama la libertad condicional y las dolencias que padecen. Entre ellos está Bolinaga, el origen del conflicto abierto en las filas populares.

También figuran exdirigentes y destacados militantes de la banda como Iñaki Erro Zazu, detenido en 1987 y condenado a 30 años de prisión (cardiopatía isquémica severa); Isidro Garalde Bedialauneta, detenido en 1985, excarcelado en 1990 y vuelto a detener ese mismo año, también con 30 años de condena, o José Ramón López de Abetxuko Likiano, en prisión desde 1989 y la misma condena que los anteriores. Amaiur reclamó ayer la libertad de todos ellos.

Las llamadas a acabar con la batalla interna realizadas estos días por Alfonso Alonso, portavoz parlamentario, y el líder de los populares vascos, Antonio Basagoiti, no han conseguido su objetivo. Esperanza Aguirre ha echado leña al fuego con su apoyo incondicional a Mayor Oreja, y ayer volvió a la carga reiterando que no comparte la decisión del Gobierno. El presidente del PP guipuzcoano, Borja Sémper, se sumó el martes al enfrentamiento en apoyo del ministro Jorge Fernández Díaz, acusando al líder de los rebeldes de beneficiar al PNV a mes y medio de las elecciones autonómicas vascas.