El Gobierno presenta al PSOE una gran reforma que elimina miles de concejales

El Ayuntamiento de Madrid podrá ver reducido el número de concejales de los actuales 57 a 39, si prospera la reforma de la Administración que prepara el Gobierno y que quiere consensuar con el Partido Socialista. Esta reforma va a implicar una reducción significativa del número de concejales en todos los ayuntamientos de España, hasta el extremo de que en ayuntamientos pequeños la corporación municipal podría reducirse solo a la figura del alcalde.

Y es que la segunda parte de esta reforma supondrá que las Diputaciones Provinciales asuman buena parte de las competencias, e incluso todas en algunos casos, que los ayuntamientos pequeños no pueden ejercer por falta de presupuesto. Así consta en el documento que el Gobierno ha hecho llegar al Partido Socialista y en el que, aparentemente, la oposición no ha visto “ninguna línea roja”, por lo que el acuerdo parece bastante posible.

De hecho, la intención del Ejecutivo es que esta reforma entre en el registro de las Cortes este verano, para tramitarse a partir del nuevo periodo de sesiones. La reforma no va a obligar a que desaparezcan ayuntamientos o se produzcan fusiones como ha ocurrido en Italia, pero sí va a favorecerlo en los casos en los que los municipios se pongan de acuerdo para ello, aunque les va a obligar a transferir competencias a las Diputaciones si no cumplen con los requisitos legales.

El borrador que tiene elaborado el Gobierno prevé también que desaparezcan las mancomunidades de municipios. No ocurre lo mismo con las comarcas, en aquellos casos en los que están respaldadas por el estatuto de Autonomía, como es el caso de Cataluña.

Las fuentes señalaron que Hacienda tiene ya un registro de más de 2.000 ayuntamientos que podrán ser intervenidos por el Estado, y sus competencias transferidas a las diputaciones provinciales porque no cumplen con el Plan de Estabilidad.

Como ya adelantó El Confidencial a principios de mayo, el plan de reformas es producto del Grupo de Trabajo que el Ministerio de Cristóbal Montoro puso en marcha para racionalizar el gasto en las entidades locales. En concreto, se trataba de aprovechar las economías de escala para abaratar la prestación de los servicios públicos de carácter básico, sin que ello suponga necesariamente la desaparición de municipios.

O dicho en otros términos: los 8.144 municipios españoles seguirán existiendo. Lo que cambiará es que la provisión de determinados servicios públicos (alcantarillado, alumbrado o recogida de residuos sólidos) ya no la tendrá que realizar cada municipio (el nivel de prestaciones depende del tamaño), sino que estos servicios se agruparán en entidades locales de mayor dimensión y que ahora se ha sabido que serán las diputaciones. Con ello se intenta aprovechar las economías de escala para ahorrar costes y evitar disfuncionalidades en prestaciones como los servicios sociales, la defensa del medio ambiente y del patrimonio histórico o el turismo.