Rajoy se compromete a proceder contra Amaiur, Bildu y Sortu una vez alcance el poder

El programa electoral del PP, muy genérico en muchos capítulos y sobre todo en los económicos, es muy claro en el compromiso de mantener la lucha antiterrorista en todos sus frentes hasta la desaparición de ETA. Frente a la negociación política y afán redentor del actual Gobierno, Mariano Rajoy se compromete a impulsar “la aplicación de la ley de partidos y de la ley electoral a las organizaciones políticas vinculadas a ETA”. Un previsible Ejecutivo del PP se declara dispuesto a proceder contra Bildu, Sortu o Amaiur, las últimas marcas políticas impulsadas por la banda para volver a las instituciones ante las que Zapatero ha preferido hacer la vista gorda.

“Instaremos las actuaciones oportunas en tanto esta banda terrorista continúe existiendo y existan organizaciones políticas que quieran legitimar, continuar, gestionar, justificar o defender el terrorismo perpetrado o el proyecto incompatible con un régimen democrático de libertades que ETA ha pretendido imponer. Adoptaremos las medidas precisas para impedir la utilización de las instituciones en cualquier actividad de apoyo, legitimación o justificación del terrorismo y de sus responsables”. Así reza la medida número cuatro del programa electoral de los populares redactada bajo el epígrafe “una democracia ejemplar”.

El texto, que se desarrolla bajo la premisa de que no cabe la negociación política con terroristas, es todo un aviso frente a los planes de los nacionalistas vascos y de los etarras de utilizar el anuncio del fin de los asesinatos para alcanzar sus objetivos de independencia e imposición de su doctrina en régimen político aparte en el País Vasco. “Hemos de mantener sin reservas la actuación del Estado de derecho contra el terrorismo de ETA y sus responsables”, advierte el PP en su programa para, a continuación, añadir : “Impediremos la legitimación de su trayectoria, el enaltecimiento de los terroristas, la equiparación de las víctimas con los delincuentes y la vuelta a la utilización de un supuesto conflicto histórico entre vascos y españoles para justificar la violencia, exigir la impunidad e iniciar un proceso de imposición y ruptura, disfrazado de negociación política”.

El Partido Popular insiste en que los españoles “saben” que es posible la derrota del terrorismo, por lo que reafirma la fortaleza del Estado en ese objetivo. Sobre las víctimas, el programa del PP sostiene que son acreedoras de gratitud y apoyo porque también se han constituido en “el espejo moral y cívico en el que la sociedad española se ha mirado para conocer la inhumana realidad de su sufrimiento y reaccionar contra la injusticia radical de la violencia que han sufrido”.

Aunque consideran el anuncio de ETA de cese de su actividad criminal como reconocimiento de su derrota, los populares recuerdan que la banda no ha anunciado “su disolución ni su desarme,” y que la democracia sólo podrá asumir un final sin impunidad”, un final “que no abra la puerta a la legitimación de la violencia terrorista sino que exija el reconocimiento del daño infligido”.

El PP se compromete a buscar un acuerdo firme y estable con los demás grupos políticos con el compromiso de la desaparición “irreversible” de ETA “en cuanto organización, del desmantelamiento de sus estructuras y la entrega de las armas”.

Auditorías para todos

El programa electoral del Partido Popular en su versión completa incluye detalles, sobre las líneas generales ya conocidas, en los capítulos más políticos y en principio libres de aumento de gasto. Es el caso de las reformas en la Justicia, la Administración general del Estado o la política autonómica.  Prevalecen los compromisos con la austeridad, la transparencia y el control previo y por ley del déficit en todos los ámbitos del Estado. Se apunta la ampliación de competencias del Tribunal de Cuentas para vigilar el empleo de los fondos de las arcas públicas, la conveniencia de fijar responsabilidades y sanciones para los gestores del dinero público en los casos de derroche o mal uso del mismo y las auditorias obligatorias en todas las instituciones, incluidos los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes.

Organismos reguladores independientes y profesionales

El texto completo del programa del PP sí insiste en que se promoverá una “redefinición” de los órganos reguladores del Estado, hasta ahora y muy especialmente en la etapa del zapaterismo auténticas réplicas de la mayoría del PSOE y los nacionalistas en las Cortes y terminales del Ejecutivo en los ámbitos económicos. El partido presidido por Rajoy se compromete a profesionalizar y dar un baño de independencia a esos órganos que regulan la bolsa o vigilan la competencia en los mercados.

Recuperar la unidad de mercado frente a las Autonomías

En la política autonómica pocas concreciones caben, pues todo depende de acuerdos entre la administración central y los gobiernos regionales, pactos que en el programa se consideran imprescindibles y urgentes para acabar con las duplicidades en los servicios y el despilfarro que conllevan. Rajoy incluye en este capítulo su compromiso de exigir mayorías cualificadas en las Cortes para reformar los estatutos, recuperar la unidad de mercado en toda España (cada día más parcelada por las leyes y normativas de las Autonomías) y promover la simplificación de los trámites administrativos.

Aborto sin definir plazos

Otra concreción relativa que se ha incluido en la redacción final del programa es la relativa a la ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Se esboza una reforma para volver a la legislación previa a la etapa de Zapatero pero no se detalla si habrá derogación sobre la fórmula de plazos, cuestión sobre la que se debe pronunciar el Tribunal Constitucional. “Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores”, dice el texto. El PP recoge así el precepto constitucional del derecho a la vida por encima de la doctrina feminista del derecho prevalente de la mujer a abortar.

Tribunal Constitucional reforzado

El Partido Popular dedica todo un capítulo al objetivo de salvar al Tribunal Constitucional del actual momento de desprestigio y atasco en sus funciones. Para ello anuncia que aumentará los requisitos profesionales necesarios para formar parte del TC -más años de servicio y más cualificación-, prolongará el tiempo de mandato de los magistrados, repondrá el recurso previo de inconstitucionalidad y delimitará sus competencias con el Tribunal Supremo para quitar trabajo y evitar que actúe de nuevo que el TC actúe como trámite de última instancia. Ese recurso fue utilizado por el Gobierno de Zapatero para que Bildu pudiera presentarse a las elecciones municipales.