El 20-N acaba con la prometida Ley de Transparencia Informativa

No habrá Ley de Transparencia Informativa tampoco en esta legislatura. El proyecto que Rodríguez Zapatero prometió hace siete años y que la ex vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega impulsó a finales de su mandato, acaba muriendo por falta de tiempo. El ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, se “lamentaba” ayer de que el adelanto electoral al 20-N dejaría el proyecto en el cajón. En realidad, su Ministerio lo enterró a principios de año y sólo intentó recuperarlo como otro guiño más a las demandas del 15-M. Pero ya era tarde.

"Estoy seguro de que esto no tiene vuelta atrás, aunque me hubiera gustado que se hubiera aprobado con este Gobierno. Desgraciadamente, no va a poder ser así, mucho me temo que sea imposible su tramitación parlamentaria", anunciaba Jáuregui en una entrevista a Europa Press. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública fue una promesa de Zapatero en 2004 que quedó sepultada más de cinco años. La presión de varias ONG la recuperó del olvido gubernamental y el Ejecutivo anunció en diciembre de 2009 que la norma sería por fin elaborada, discutida y aprobada.

Pasó otro año más, cayó De la Vega y su sustituto, el mismo que ayer se lamentaba de la falta de tiempo, volvió a enterrar el proyecto en un cajón. Nunca se llegó a debatir en el Consejo de Ministros y en enero de este mismo año se aseguraba desde el Ministerio de Presidencia que se “ha decidido darle otra vuelta”. La presentación de la ley no formaba parte “del calendario de medidas urgentes. El borrador, decían, está sujeto a consultas dentro del Gobierno, ya veremos cuál puede ser el mejor momento para su presentación”.

Reivindicación de los “indignados”

Y ese momento llegó tras las protestas del 15-M, cuando al Gobierno le entraron las prisas por empezar a hacer guiños a un electorado que había dejado de confiar en él, como se demostró en el varapalo del 22-M. La transparencia informativa y el acceso a los documentos públicos es una de las reivindicaciones de los “indignados”, y al Ministerio de la Presidencia le volvieron a entrar las prisas por resucitar el proyecto.

En el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones, el mismo tras el que Zapatero anunció las elecciones para el 20-N, se aprobó in extremis el anteproyecto de la norma. Un gesto de cara a la galería: no había tiempo para su tramitación y España seguirá siendo, junto a Grecia, Chipre, Malta y Luxemburgo, uno de los 5 únicos países de la UE en los que no se garantiza por ley el acceso a la información pública.

El anteproyecto que nunca se aprobará

El anteproyecto aprobado pero que no podrá ver la luz determina “una serie de obligaciones de transparencia y de información y publicidad activa", no sólo del Gobierno y la Administración general del Estado sino también de las comunidades autónomas, las Cortes o el TC. Añade, según el texto al que tuvo acceso “Público”, que la información se facilitará "preferentemente por medios electrónicos" y enumera el contenido que tendrán que incorporar las Administraciones públicas -directrices, textos normativos en trámite, convenios alcanzados, contratos adjudicados o subvenciones públicas.

Por otro lado, el papel de la Agencia Española de Protección de Datos como garante de la transparencia para resolver impugnaciones ante solicitudes de información no satisfechas desaparece y las reclamaciones de los ciudadanos seguirán los cauces ordinarios, mediante recursos administrativos y contencioso-administrativos. Además, el anteproyecto establece la creación de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información. En su artículo 18 explica que será el órgano "encargado de fomentar la transparencia y velar por la protección del derecho de acceso a la información pública".

El silencio administrativo se rebajaba “al plazo máximo de un mes" para resolver, ampliable 30 días más en caso de que los datos fuesen difíciles de conseguir o muy voluminosos. La novedad que introduce este documento es el cambio del silencio positivo por el negativo. Es decir, superado el plazo sin que haya habido respuesta, el ciudadano podrá entenderla desestimada.

Nada de esto verá la luz. Según Jáuregui, por el adelanto electoral. Según Acces Info, una de las 54 organizaciones que desde la Plataforma Pro Acceso han luchado para que el Gobierno cumpliera su promesa, la aprobación del anteproyecto sólo parece “un gesto de cara a la galería”. Porque nunca podrá completarse su tramitación.