El presidente del TC amordaza a tres de sus magistrados

El presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, ha preferido mantener atados a su vicepresidente, Eugeni Gay, y a los magistrados Elisa Pérez Vera y Javier Delgado. Era la primera vez en la historia que tres miembros del tribunal daban un golpe encima de la mesa y presentaban su renuncia ante la manipulación por parte de los partidos políticos de la institución.

Gay manifestaba en su carta de renuncia que tenía la sensación de trabajar para un "tribunal suecuestrado". Algo que se incrementará ahora que su superior le impide irse. Y eso que lleva seis meses en funciones después de haber cumplido, al igual que los otros dos jueces, sus nueve años de mandato en noviembre del pasado año.

Los tres magistrados anunciaron en el Pleno de la semana pasada su intención de marcharse tras el bloqueo por parte de PSOE y PP del nombramiento de sus sustitutos. A su juicio, con este comportamiento están atacando a la propia Constitución. Esta decisión ha sido madurada a lo largo de estos seis meses, hasta que ante la dejadez de los responsables políticos, han optado por actuar.

Sin embargo, de nada ha servido. Pascual Sala, del ala progresista, ha rechazado sus renuncias. En un breve decreto, explica que si aceptara su salida la composición se quedaría con el ‘quorum mínimo’ de ocho miembros, teniendo en cuenta que el magistrado duodécimo, Roberto García Calvo, falleció y después de tres años todavía no ha sido renovado. El presidente no puede arriesgarse a quedarse sin otro miembro del tribunal y que la institución quede inoperativa.

Sala asegura textualmente que “teniendo en cuenta que el funcionamiento del Tribunal en Pleno exige la presencia de dos tercios de sus Magistrados (art. 14 de la propia Ley) y dado el volumen de procesos constitucionales pendientes sometido a su conocimiento y, de modo principal, su insustituible función institucional como supremo intérprete de la Constitución y garante máximo de los derechos fundamentales y libertades públicas, y a fin de garantizar la continuidad y estabilidad de este órgano”.

En conclusión, no puede prescindir de ellos. Son muy pocos miembros y hay mucho trabajo. La última palabra la tiene el presidente y ha decidido. Eso sí, emplaza al Congreso de los Diputados a actuar para resolver esta situación.

Una situación complicada

Gay, Pérez Vera y Delgado tendrán que seguir soportando desde dentro cómo cada día se va dañando más y más la imagen del tribunal al que permanecen con el estancamiento de los nombramientos. Una imagen que ya estaba muy perjudicada tras la sentencia del Estatuto de Cataluña y la legalización de Bildu .

Estos tres magistrados tenían que haber salido del órgano judicial hace seis meses, el 8 de noviembre de 2010. El bloqueo tanto del PSOE como del PP, que no llegan a un acuerdo en los nombramientos, ha impedido que hasta el día de hoy se elijan en el Congreso de los Diputados a sus sustitutos, junto al de Roberto García Calvo.

Los tiras y aflojas de los partidos políticos están provocando que se ensucie todavía más el prestigio y la figura del TC. El propio tribunal que defiende la Constitución está actuando en contra de la esencia de la Carta Magna, que asegura que el mandato de un magistrado del TC será de nueve años. Los tres magistrados llevan tres años y un mes de retraso, después del desbloqueo en el Senado.

Estos tres magistrados, dos de ellos progresistas y uno conservador, ya han esperado bastante y decidieron poner cartas en el asunto y presentaron su renuncia al presidente. Se suman, por tanto, a la rebelión que se está viviendo del poder judicial contra el político. Las reformas a favor del Ejecutivo, las manipulaciones, las intrusiones han llegado a tal punto que la carrera judicial ha puesto la voz en grito.

Esta renuncia es una más. Y no es cualquier cosa. Estamos ante un hecho insólito en nuestro país. La primera vez en los 31 años de vida del Tribunal Constitucional que se ve este espectáculo. La carta del vicepresidente, Eugeni Gay, al presidente es demoledora. Recuerda a Sala que en el primer Pleno nada más cumplirse su mandato expresó su intención de presentar su renuncia. Sin embargo, en ese momento le pidieron paciencia porque había “fundadas esperanzas” de que en pocos días iban a renovarles. Seis meses después, sigue esperando.

También recuerda que incluso antes de que finalizara su mandato, ya había insistido durante la presidencia de María Emilia Casas, y de manera “infructuosa”, en la necesidad de dirigirse tanto al presidente del Senado como a los responsables de los partidos políticos. “La situación en la que nos encontrábamos y los temas sobre los que debíamos deliberar y fallar exigían el estricto y escrupuloso cumplimiento del respeto al principio del juez predeterminado por la ley, en este casi por la propia Constitución. Lamentablemente no llegó a hacerse por lo que en numerosas ocasiones me oísteis decir que tenía la sensación de formar parte de un tribunal secuestrado”.

Políticos y Ejecutivo tienen secuestrado al TC, según Gay. Sus bloqueos políticos hacen permanecer a los magistrados en una silla que no les corresponde. Y mientras tanto, tenían que resolver los recursos contra el Estatuto de Cataluña y la legalización de Bildu para optar a las elecciones.

Eso sí, especifica que todo el trabajo realizado durante todo este tiempo y totalmente legítimo, tal y como recoge la Ley Orgánica del Poder Judicial, que contempla la figura de magistrado en funciones.

Esas “fundadas esperanzas” ya se han agotado y por eso en el último Pleno, celebrado el pasado día 7, tanto Delgado como Pérez Vera anunciaron su intención de salir del tribunal, y el propio Gay la reiteró ante la evidencia de que no se está respetando la Constitución. “En tal sentido reitero cuanto he venido manifestando desde hace más de tres años y medio sobre la obligación, que no conveniencia o necesidad, de proceder a nuestra renovación en tiempo”, concluye el vicepresidente en su misiva.

Algo más breves son las cartas de Delgado y Pérez Vera. Ambos aluden, entre otras cosas, motivos personales. El primero concluye que “las cosas salen mejor cuando se cumple la Constitución y salen peor cuando no se cumple” y acusa a los partidos políticos de no respetar el mandato constitucional de renovación. Para Pérez Vera, la propia Constitución establece directamente los rasgos básicos del tribunal con el objetivo de diseñar un órgano de características específicas “que no pueden alterarse sin desvirtuar la voluntad del poder constituyente”. Y eso es precisamente lo que ocurre cuando se incumplen los plazos para la renovación de sus miembros.